La fiscalía tendrá un área específica de salud y accidentes laborales
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha elaborado una nueva instrucción sobre siniestralidad laboral para intensificar la lucha contra los delitos relacionados con la seguridad en el trabajo. Su borrador será debatido por la Junta de Fiscales de Sala el próximo lunes y entrará en vigor esa misma semana. Cándido Méndez y José María Fidalgo calificaron la noticia de "muy positiva".
La nueva instrucción de la Fiscalía general propone crear, para perseguir los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, un servicio especial en todas aquellas fiscalías "donde se considere que es necesario un especialista en estas cuestiones".
El anuncio lo realizó ayer Fernando Herrero Tejedor, responsable de la secretaría general técnica de la Fiscalía general, durante la inauguración de las Jornadas para la Vigilancia, Control y Sanción de Accidentes Laborales. Esta circular, que sustituye a la de 1991 y recoge los últimos cambios normativos, se ha redactado siguiendo las recomendaciones de los agentes sociales.
Tras asegurar que la impunidad de los delitos está provocada en multitud de ocasiones porque la vía penal dilata en el tiempo el cobro de las indemnizaciones y los interesados prefieren la vía civil o al acuerdo entre partes, Herrera Tejedor señaló que la nueva instrucción reforzará el control y conocimiento de las causas judiciales, recomendará a la inspección que envíe los partes laborales a los fiscales para que actúe la policía judicial y se aseguren las pruebas y fomentará las reuniones bimensuales entre la inspección de trabajo y las fiscalías para conocer las propuestas administrativas en el caso de sanciones graves.
El responsable de la secretaría general técnica advirtió que el orden jurídico español no favorece la persecución de este tipo de delitos -sólo hay cuatro sentencias condenatorias del Tribunal Supremo- y que es necesaria una actitud más activa del ministerio fiscal, pero anunció que ésta va a promover una reforma legal para que las indemnizaciones se cobren inmediatamente e independientemente de que se haya iniciado un proceso penal.
Los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, valoraron muy positivamente la noticia y aseguraron que "sólo si hay sanciones se pueden prevenir de forma eficaz los riesgos laborales".