La UE exige a Suiza que colabore contra el fraude fiscal y aduanero

El fraude fiscal y aduanero vuelve a ensombrecer la agenda de las relaciones entre la Unión Europea y Suiza. La negociación de un acuerdo para combatir las actividades ilegales desde suelo helvético con repercusión en la UE avanzaron el viernes otro pequeño paso. Pero Bruselas desea acelerarlas y no dudará en utilizar como rehén los acuerdos bilaterales en otras áreas que Suiza anhela ratificar.

Las instituciones comunitarias y los 15 Estados miembros de la Unión Europea pierden cada año, acusa la Comisión Europea, cientos de millones de euros en ingresos fiscales como consecuencia de la legislación helvética. "Ciertos operadores explotan Suiza como plataforma para organizar operaciones en detrimento de los intereses financieros de la Unión". La clave: "Suiza no penaliza el blanqueo de dinero procedente de fraude fiscal o administrativo", afirman fuentes comunitarias.

La trama, apuntan estas fuentes, incluye desde la elusión de impuesto sobre valor añadido (mediante una declaración de mercancías en tránsito hacia el país transalpino y posterior reimportación fraudulenta) hasta el blanqueo de dinero de cualquier actividad ilegal en territorio comunitario. La Unión Europea desea un acuerdo de cooperación para erradicar esta fuga de capital. Pero en su última reunión (el pasado viernes) con la delegación suiza, los avances no fueron todavía suficientes, según el lado europeo.

Resistencia

Suiza se resiste a cooperar más allá de la lucha contra el contrabando, mientras que Bruselas quiere que el futuro acuerdo incluya el fraude aduanero (impuestos indirectos e IVA), la cooperación judicial y administrativa sin cortapisas (según Bruselas, la legislación suiza permite que en las investigaciones administrativas el denunciado se niegue a facilitar información; en las judiciales, las autoridades denunciantes extranjeras no están debidamente representadas en el proceso) y la flexibilización del secreto comercial y bancario para facilitar el rastreo de la procedencia del capital.

Ginebra aduce razones constitucionales y de soberanía para desear un acuerdo mucho más limitado. Pero Bruselas no parece dispuesto a prolongar mucho más la negociación. "Es simplemente una cuestión de buena vecindad", reclaman fuentes diplomáticas.

La Comisión esgrime los acuerdos prioritarios para suiza (de libre circulación de personas y para facilitar la actividad de las empresas helvéticas en territorio comunitario) como principal instrumento de presión. "El fraude es nuestro objetivo principal. Otros temas deberán esperar a que se resuelva éste", no duda en amenazar Bruselas.