Los tribunales abren paso a la desregulación de la intermediación inmobiliaria
Los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, que se oponen a la desregulación de esta actividad aprobada en Consejo de Ministros el pasado mes de junio, siguen recibiendo sentencias desfavorables de los tribunales en su intento de mantener la exclusividad de la intermediación en el mercado inmobiliario.
La Audiencia Nacional ha ratificado ahora la sanción impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria en su resolución de 28 de julio de 1998.
El Tribunal de Defensa de la Competencia resolvió, tras una denuncia realizada por la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, que el colegio de agentes de la propiedad de Aragón había incurrido en una práctica prohibida al publicar anuncios en prensa, entre febrero y abril de 1994, que indicaban que sólo los agentes de la propiedad inmobiliaria podían intermediar en este mercado.
El colegio de agentes de Aragón y Soria recurrió el fallo ante la Audiencia Nacional, que ha desestimado ahora el recurso y confirmado la sentencia impuesta en su día por el tribunal. Según la Audiencia Nacional, la mediación inmobiliaria no es exclusiva de los agentes de la propiedad inmobiliaria y señalarlo así es un acto de competencia desleal.
En Murcia, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto una multa de un millón de pesetas al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria por "perturbar gravemente la estructura del mercado y obstaculizar la existencia de una competencia suficiente". Tam-bién en este caso se advierte a los agentes de la propiedad inmobiliaria que no tienen la exclusividad en la intermediación.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria considera, por su parte, que la desregulación de esta actividad supone una desprotección para el consumidor. En línea con esta apreciación prepara una denuncia al Estado español ante Bruselas por la desregulación aprobada por el Gobierno.