La ley valenciana del ruido establece multas máximas de 10 millones
La Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana está preparando una ley del ruido que prevé multas hasta de 10 millones de pesetas y retirada definitiva de la licencia de actividad para aquellas instalaciones o actividades que superen los niveles acústicos.
La Generalitat Valenciana está preparando una Ley de Protección contra la Contaminación Acústica que recoge multas hasta de 10 millones de pesetas y la retirada de la licencia de actividad para aquellas empresas, instalaciones, actividades o vehículos que transgredan de forma reiterada los límites máximos de ruido.
El anteproyecto de ley, cuyo texto aún deberá pasar el proceso parlamentario, regula las condiciones acústicas que deberán reunir los edificios de viviendas, comercios, industrias y de oficinas, así como los límites de decibelios para las obras en la vía pública y los medios de transporte. La norma dictará también las medidas que se deben tomar los propietarios de los inmuebles.
Entre otras obligaciones, este anteproyecto prevé la necesidad por parte de las actividades susceptibles de generar contaminación acústica de adjuntar en su proyecto un estudio al respecto, así como de realizar auditorías cada cinco años. En el caso de los edificios de viviendas, las Administraciones no concederán la célula de habitabilidad si no se cumplen todas las normativas de insonorización que recoge la ley.
La normativa antirruido limita, asimismo, el nivel de decibelios que podrán emitir los martillos de percusión que trabajan en la vía pública, pero también de los servicios de limpieza y recogida de basuras. La normativa incluye que las Administraciones especificarán en los pliegos de los contratos el nivel máximo de emisión sonora aplicable a vehículos y a equipos. Respecto a los medios de transporte -automóviles, tranvías, trenes y aviones-, la ley también recogerá la inclusión en la inspección técnica de vehículos de la comprobación de emisión sonora.
Toda la normativa lleva aparejada un régimen de sanciones que oscila entre las 10.000 y los 10 millones de pesetas. Las multas también llevan acarreadas, en el caso de las faltas graves y muy graves, la retirada temporal o definitiva de la licencia de actividad. Las sanciones las impondrán los ayuntamientos cuando las cuantías no excedan de un millón de pesetas y la Consejería de Medio Ambiente para cantidades superiores.
Planes acústicos
Según el preámbulo del anteproyecto de ley, los estudios realizados en la Comunidad Valenciana ponen de relieve la existencia de unos niveles de ruido por encima de los límites máximos admisibles por la Unión Europea. Además, el texto legal señala que sólo una tercera parte de los municipios valencianos disponen de una ordenanza municipal sobre el ruido ambiental.
En este contexto, la norma regula la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la planificación acústica, fijando como instrumentos para este fin la elaboración de un plan acústico de acción autonómica, otros planes municipales y la declaración de zonas acústicamente saturadas.
Los municipios de más de 20.000 habitantes tendrían que elaborar estos planes, aunque la normativa europea sólo obliga a los que superan los 250.000 habitantes.