La UE intenta definir un marco fiscal común sobre biocarburantes
Comienza la Semana Verde en Bruselas para debatir la política medioambiental europea. Las diversas estrategias hacia el desarrollo sostenible, en cumplimiento del Protocolo de Kioto, cuentan ya con un referente de debate: el Libro Verde sobre la seguridad del abastecimiento energético, que se presentó formalmente en España la semana pasada. Pero preconiza una armonización fiscal para los biocarburantes que no encuentra partidarios entre los países de la Unión.
Puede un programa ambicioso a favor de los biocarburantes y otros carburantes de sustitución, incluido el hidrógeno, destinado a lograr una cuota de hasta el 20% del consumo total de carburante en el año 2020, seguir dependiendo de programas nacionales, o bien exige decisiones coordinadas en materia de fiscalidad, de distribución y de perspectivas para la producción agrícola?". Es la décima "orientación para el debate" que propone el Libro Verde sobre política energética de la Unión Europea (UE), titulado "Ha-cia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético".
El debate se augura muy intenso, en medio de la polémica con Estados Unidos para ratificar los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que la comunidad internacio-nal suscribió en Kioto. Su control depende de las políticas energética y de transporte.
Sin embargo, el desafío del cambio climático no se ha visto respaldado por una reforma de los impuestos y de las ayudas estatales a los productos energéticos. De hecho, el Libro Verde expone que la tributación de los productos energéticos y transportes supusieron en 1997 un 6,5% del total de los ingresos fiscales de los Estados miembros, mientras que en 1980 se situaban sólo un poco por debajo (5,7%). Un repaso a este mapa fiscal en la Unión (ver gráfico) pone de relieve disparidades significativas.
Es manifiesta la inexistencia de una posición común para aquellos productos que no son hidrocarburos ni para los gravámenes distintos a los impuestos especiales y el IVA. En cuanto a las ayudas, una de las propuestas más relevantes del Libro Verde es traspasar las subvenciones y exenciones fiscales de las energías convencionales a las renovables.
Disgresiones
Pero estas propuestas parecen tropezar con los intereses presupuestarios de los Gobiernos, puesto que la propia Loyola de Palacio admitió la semana pasada ante la comisión mixta para la UE del Congreso de los Diputados (ver Cinco Días, 18-4-2001) las "dificultades" para el entendimiento en esta materia. En cambio considera factible obligar la mezcla de los combustibles para el transporte con biocarburantes en una proporción entre un 6% y un 8%. Aseguró que presentará esta propuesta ante la CE "antes de fin de año", a fin de que las energías renovables incrementen su peso de un 6% a un 12% en 2010 y disminuir la dependencia de las importaciones de petróleo.
Respecto a otras energías sucias, De Palacio sostiene que sin la contribución de la energía nuclear "es imposible cumplir los objetivos de Kio-to". El Libro Verde considera necesario manter el carbón a niveles de "reserva mínima estratégica".
Préstamos del ICO para las energías renovables
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ramón Aguirre, y el secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, Ramón Marimón, firmaron ayer la renovación del acuerdo que facilita el acceso a la financiación para los proyectos de energías renovables y de eficiencia energética en general. Esta línea de préstamos del ICO, que se estrenó el año pasado en convenio con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), está dotada con 20.000 millones de pesetas (120,2 millones de euros). El plazo de solicitud se extiende hasta fin de año.
Los préstamos se concederán para el 70% de la inversión neta o por un importe máximo de 1.050 millones de pesetas (6,31 millones de euros) a un plazo de cinco, siete o diez años. Lo interesante es que el IDAE, previa evaluación de cada proyecto, bonificará el tipo de interés del préstamo (un punto sobre el euribor) hasta en un 5%, lo que en la situación actual supondría sólo la devolución del principal al final de la vida del préstamo.
Aguirre puntualizó que muchos de los proyectos que acudieron al ICO el año pasado y que se aprobaron cuando se habían agotado ya los fondos disponibles (14.000 millones de pesetas) podrán conseguirlo este año. En 2000 "se financiaron 28 de los 60 proyectos estudiados, por lo que calculamos que este año se estudiarán 150 proyectos", afirmó el presidente del ICO.
Marimon insistió en la utilidad de estos préstamos para que los ayuntamientos procedan a mejoras para el ahorro de energía en edificios y en el alumbrado público. "Donde más cuesta mejorar en eficiencia es en la vivienda y en el transporte", afirmó.