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El PSOE admite reducir la lista de fármacos financiados

La ejecutiva federal del PSOE ha aprobado un documento sobre los retos del Sistema Nacional de Salud que, entre otras cosas, propone poner límite a la financiación pública de los medicamentos, mediante la elaboración de una lista negativa. Los socialistas apuestan por racionalizar el gasto y acompasar los crecimientos presupuestarios al PIB nominal.

La iniciativa, presentada por la secretaria de política social e inmigración, Consuelo Rumí, apuesta por abrir un debate sobre las necesidades sanitarias de la sociedad española y a partir de ahí establecer "límites" a la financiación de medicamentos y prestaciones que actualmente cuentan con cobertura publica.

El documento, que elogia la calidad del SNS y su cobertura universal, considera que los límites han de establecerse con el consenso global de todos los sectores sociales. Así, teniendo en cuenta las futuras necesidades, condicionadas por el envejecimiento de la población, se determinará qué prestaciones y medicamentos han de ser cubiertos por la sanidad pública, "y cuáles son de confort", y por tanto no se financiarían. Para contener el gasto propone recortar los márgenes de beneficio de la industria farmacéutica, reforzar la política de genéricos y potenciar los precios de referencia.

El PSOE no considera "imprescindible" aumentar el gasto sanitario más allá del PIB nominal. Los ahorros en farmacia podrían destinarse a mejorar las prestaciones. Rumí opina que servicios como la atención bucodental deben estar incluidas en el catálogo de prestaciones, pero prefiere no detallar las exclusiones "para no condicionar el debate". El documento será discutido por los responsables de sanidad del partido el próximo 10 de mayo y después se trasladará al Congreso.

Los socialistas defienden también la necesidad de aplicar la "economía de escala" a los servicios que presta el SNS en cada una de las comunidades, de tal forma que no se universalicen en todo el territorio.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) mostraron ayer su respaldo, "con reservas", a la propuesta socialista.

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