Aznar reformará el seguro de paro y los convenios si no hay pacto
El Gobierno cree que la reforma laboral que acaba de decretar no es suficiente. Por ello ha instado a patronal y sindicatos a que sigan negociando para acordar reformas de negociación colectiva y del sistema de protección por desempleo. De no haber acuerdo, el Gobierno volverá a legislar unilateralmente, previsiblemente a lo largo de este año.
El mercado laboral español experimentará, al menos, otras dos reformas a lo largo de este año. Se trata de las reformas de la negociación colectiva y del sistema de protección por desempleo. El Gobierno prefiere que estas reformas se consensúen entre sindicatos y patronal, pero si éstos no llegan a un acuerdo, el Ejecutivo volverá a imponer unilateralmente sus propias reformas en ambas materias.
Así lo anunció ayer el secretario general de Empleo, Juan Chozas, durante la rueda de prensa de evaluación de los datos del paro registrado. "Se querría que cualquier reforma que sea incorporada a la ley venga precedida de un acuerdo, muy especialmente en lo que se refiere a la negociación colectiva, en el ámbito natural del consenso y el diálogo, pero si no es así, habrá que legislar de la mejor manera que entienda el Gobierno en ese momento", dijo Chozas.
Aunque no precisó cuáles son, a juicio del Gobierno, las reformas necesarias en la negociación colectiva, sí dijo que deberá ahondar en el acuerdo firmado por patronal y sindicatos en esta materia en 1997. Sin embargo, aquel acuerdo fue extremadamente limitado, ya que el compromiso principal fue crear una comisión que fuera la que determinara las reformas necesarias. Desde entonces, el proceso de negociación colectiva no ha sufrido variaciones, más allá de las referidas a la extensión de convenios colectivos de determinados sectores a aquellos ámbitos donde los convenios son inexistentes, lo que se conoce como cobertura de vacíos.
La patronal tiene dos claras pretensiones en esta reforma de la negociación colectiva. En primer lugar tiene como objetivo la descentralización de los procesos de negociación, de tal forma que los convenios sectoriales y de empresa no prevalezcan sobre los convenios de empresa y marquen sus contenidos. De esta forma, la CEOE asegura que las empresas adaptarán mejor sus salarios a su productividad.
En segundo lugar, distintas voces empresariales están esperando a que se inicien las negociaciones de esta reforma para hacer su propuesta de máximos, en la que aboga por una vieja reivindicación patrona: eliminar la denominada "ultraactividad" de los convenios. Esto es, que cada vez que se renegocie un convenio se comience a negociar desde cero, sin conservar ninguno de los derechos conseguidos en anteriores convenios, especialmente en la negociación salarial. No obstante, la patronal está dispuesta a discutir qué asuntos quedarían excluidos de dicha ultraactividad y cuáles no.
También el desempleo
En cuanto a la reforma del desempleo, el Ejecutivo la enmarca dentro de la mesa de reforma del sistema de protección social, que sigue su curso estos días.
El Ministerio de Trabajo cree necesaria una reforma en profundidad del sistema de protección por desempleo, orientada a erradicar lo más posible las situaciones fraudulentas, si bien los responsables de este departamento está de acuerdo en mantener, e incluso aumentar, las prestaciones de desempleo de aquellos que demuestren la imposibilidad de conseguir un empleo. Se trata de atajar las situaciones de abuso del sistema que han comenzado a aparecer cuando la reforma de 1993 ha alcanzado ya suficiente grado de maduración.
Las sirenas de alarma saltaron en Trabajo tras comprobar que a pesar de que 2000 fue un buen año para el empleo, el gasto en prestaciones por desempleo aumentó, por primera vez desde 1994, en 40.000 millones más que 1999.
Trabajo tampoco descarta la posibilidad de aumentar las cotizaciones por desempleo de las empresas que usan las suspensiones temporales de empleo como un elemento de gestión de personal.
La CEOEdice que el decreto debía haber sido más radical
Las patronales CEOE-Cepyme emitieron ayer su primera valoración de la reforma decretada por el Gobierno el viernes. En un comunicado conjunto opinan que se trata de una reforma "adecuada, pero insuficiente".
Tras calificar positivamente todas las medidas orientadas a fomentar el empleo estable (la extensión del contrato indefinido con una indemnización por despido de 33 días y la ampliación del programa de bonificaciones), la CEOE considera que, ya que el Gobierno no tenía que contar con el beneplácito de los sindicatos, debería haber hecho una reforma más radical.
Sus críticas se centran en la penalización "indiscriminada" de los contratos temporales con la creación de una indemnización de ocho días en la extinción de los contratos eventuales, en lugar de castigar sólo su abuso.
En segundo lugar, los empresarios muestran su "preocupación" por las modificaciones en materia de subcontratas, al entender que con ellas "una compañía puede tener que asumir obligaciones laborales que correspondan a la empresa subcontratada".
Críticas a Aparicio
No obstante llama la atención que el primer párrafo del comunicado de las patronales contiene una clara crítica a las palabras del ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes pasado.
Así, CEOE y Cepyme califican de "improcedentes" las frases usadas por Aparicio cuando acusó a patronal y sindicatos de "dejación de sus responsabilidades o de "no haber estado a la altura de las circunstancias", por no haber llegado a un acuerdo.
El PP incorporará los cambios en el Parlamento
El Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a profundizar en la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros incorporando al real decreto, que se tramitará como proyecto de ley, aquellas enmiendas en las que la patronal y los sindicatos estén de común acuerdo. El portavoz del PP para asuntos económicos, Vicente Martínez Pujalte, animó ayer a los agentes sociales a proseguir la negociación para que la reforma abarque también cambios en la negociación colectiva. En caso de acuerdo, subrayó, éste podría incorporarse al proyecto de ley en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Parlamento, matizó, no obstante, Martínez Pujalte, nunca hará de árbitro entre las dos partes.
El real decreto que incorpora la reforma será convalidado la semana que viene en el Congreso con los votos del PP y sus socios y, con posterioridad, se abrirá al debate de enmiendas de totalidad en el pleno y a la discusión de las enmiendas parciales en la Comisión de
Política Social y Empleo.
La intención del partido del Gobierno es que su paso por el Parlamento se haga "con la máxima celeridad" posible. "No nos apartaremos de los tres objetivos de la reforma: el fomento de la contratación estable, de la creación de empleo y la ayuda a los colectivos más afectados por el paro", subrayó el portavoz del PP, quien negó la posibilidad de que las medidas ya aprobadas "tengan marcha atrás".