Sanidad exige a Navarra cambiar la Ley de Farmacia para evitar un recurso al TC
La Ley de Farmacia de Navarra no será recurrida ante el Tribunal Constitucional, como demandaba el Consejo General de Farmacéuticos de España. El Gobierno foral ha arrancado al Ejecutivo este compromiso a cambio de modificar dos aspectos "menores" de la norma. La liberalización no se toca.
La Junta de Cooperación entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra se reunió el pasado jueves para examinar la Ley Foral 12/2000, de Ordenación Farmacéutica. Navarra consiguió, tras la entrevista, poner a salvo su Ley de Farmacia.
El Gobierno central se ha comprometido a no recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional si la Consejería de Sanidad del Gobierno de Navarra se compromete a modificar los artículos 36 -que afecta a los ensayos clínicos con medicamentos- y los artículos 43, 47 y 48 -referidos al régimen de infracciones-, todos ellos "cambios menores", según han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad.
Esta decisión del Gobierno central de no recurrir la ley es contraria a los intereses del Consejo General de Farmacéuticos de España, que tenían especial interés en que el Gobierno interpusiera un recurso por entender que la liberalización decretada es contraria a Derecho.
El anteproyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica, hoy ley, era en su primera redacción una norma sin precedentes en España, pues liberalizaba las oficinas de farmacia (permitiendo la apertura de un número ilimitado), pero reservándose el derecho a financiar todos los medicamentos.
El texto inicial fue modificado después de un polémico debate dentro y fuera de la Cámara legislativa foral (con reuniones a puerta cerrada incluidas).
Una enmienda promovida por el CDN, el partido del ex presidente Juan Cruz Alli, modificó el texto sustancialmente al obligar a todas las oficinas de farmacia a aceptar las recetas del Servicio de Salud, lo que en la práctica suponía eliminar la distinción inicial entre oficinas concertadas -se propuso un concierto por 10 años con las 309 oficinas ya abiertas- y las nuevas oficinas. Una segunda enmienda clarificó esta cuestión al permitir acogerse al concierto a todos aquellos farmacéuticos que lo deseasen.
La liberalización, sin embargo, quedó a salvo. En la práctica con la nueva ley se podrán autorizar hasta un 140% más de las 309 oficinas que existen actualmente.
En cuanto a los artículos que el Gobierno central ha instado a modificar se refieren a la autonomía que la ley otorga a la comunidad foral en materia de investigación clínica con medicamentos y los que se refieren a la importación y exportación de fármacos. El Gobierno de Navarra cambiará lo exigido.
Tres leyes
en el Tribunal Constitucional
En España hay en estos momentos 19.439 oficinas de farmacia y tres leyes autonómicas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia) recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
La razones que llevaron a Administraciones Públicas a recurrir las tres normas son las mismas: la decisión de los Gobiernos de estos tres territorios de calificar las oficinas de farmacia como "establecimientos sanitarios de interés público autorizado", cuando la norma estatal dice que son "establecimientos privados de interés público".
Las CC AA entienden que las farmacias son concesiones administrativas y, como tales, pueden limitar su venta; el Gobierno central considera que las farmacias son establecimientos privados y, por tanto, su transmisión es libre. El TC tiene la última palabra.