Aznar pide un último esfuerzo a sindicatos y CEOE en el pacto social

El Gobierno no desea verse abocado a imponer su propia reforma laboral. Por ello, y ante los visos de ruptura de las negociaciones, el presidente del Gobierno apeló ayer, una vez más, a la responsabilidad de los agentes sociales para llegar a un pacto. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió a dibujar las líneas de reforma que hará el Ejecutivo llegado el caso. Entre éstas está la extensión de los contratos fijos de 1997 con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado.

El Gobierno teme una mayor desaceleración de la creación de empleo en los próximos meses y cree que la única forma de frenar esta circunstancia es dotar de una mayor flexibilidad al mercado de trabajo.

El propio ministro de Economía, Rodrigo Rato, rebajó ayer las previsiones oficiales de creación de empleo para este año 2001 a cerca de 350.000 empleos, desde los 383.000 previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Ante este temor, el Ejecutivo quiere que haya un pacto en materia de reforma laboral, porque de lo contrario estará obligado a imponer su propia reforma, lo que contribuiría a enrarecer el clima social.

Tras el último capítulo en las negociaciones de la reforma laboral del martes que resultó absolutamente infructuoso, el Gobierno vislumbra posibilidades de ruptura, y para evitarlo el presidente del Ejecutivo, José María Aznar, salió ayer en defensa del acuerdo e hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los agentes sociales para que sellen un pacto, "porque la sociedad española está esperando resultados de un diálogo social que, para el proceso de creación de empleo y para muchas empresas, es fundamental".

Ante esta negra perspectiva para el acuerdo, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, volvió a dibujar ayer cuáles podrían ser las líneas maestras de la reforma que acordará el Ejecutivo.

Entre éstas destaca su defensa de la extensión del contrato de fomento del empleo indefinido de 1997, con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.

No obstante, Rato opinó que el problema de la desaceleración del empleo no se solventará tan sólo con el abaratamiento del despido que plantea la patronal, sino que siguió respaldando las tesis de la CEOE, al considerar imprescindible una mayor flexibilización, en general, del mercado de trabajo. Para ello abogó por nuevas fórmulas que hagan más accesible el contrato a tiempo parcial y por medidas que aumenten las posibilidades de los trabajadores de acceder a salarios diferidos.

Ambas cosas deberán negociarse con mayor intensidad, en su opinión, en la negociación de los convenios colectivos.

En principio, la reforma del Gobierno también hará un guiño a las peticiones sindicales. En este sentido, Rato echó de menos una regulación de los contratos temporales "más equitativa y más justa".

Aunque no precisó cuál será la opción del Gobierno para limitar la temporalidad, fuentes de la negociación apuntan que elegirán el establecimiento de una indemnización por el término de los contratos eventuales.

 

La incertidumbre de los próximos siete días

Los responsables sindicales ahondaron ayer sobre su "decepción" por la propuesta hecha el martes por la patronal en la negociación de la reforma laboral, que teóricamente es la última.

Fuentes de la negociación indicaron que ambas partes podrían buscar deseperadamente algún tipo de aproximación en los próximos días para tratar de llegar a un acuerdo.

Mientras que otras fuentes patronales y sindicales descartaban ayer cualquier posibilidad de consensuar un nuevo pacto de reforma laboral.

En cualquier caso queda menos de una semana (el plazo que se dieron los agentes sociales expira el 28 de febrero) para despejar la incógnita. Hasta entonces, empresarios y sindicatos agotan el tiempo porque ninguna de las dos partes quiere ser la que se levante de la mesa y anuncie la ruptura de las negociaciones.

Por otra parte, más de 200 abogados laboralistas, reunidos ayer en el tercer congreso nacional de este gremio celebrado ayer, se mostraron a favor de las tesis patronales que apuestan por rebajar las indemnizaciones por despido improcedente de los nuevos contratos indefinidos, siempre y cuando se garantice la estabilidad en el empleo, respetando la posibilidad de declarar un despido nulo.