Cascos atrasa el fin del monopolio de Renfe en tráfico de viajeros

El Ministerio de Fomento establecerá una moratoria a la entrada de capital privado en el transporte de viajeros por ferrocarril para dar tiempo a Renfe a sanear sus cuentas y afrontar con garantías el nuevo escenario. Así se recoge en la propuesta sobre el futuro modelo ferroviario español que el ministerio presentará mañana a todas las comunidades autónomas para su debate. El Gobierno quiere abrir el mercado ferroviario a partir de 2002, pero empezando por las mercancías.

El Ministerio de Fomento pone mañana en marcha la última fase para liberalizar el sector ferroviario español. Su titular, Francisco Álvarez Cascos, se reúne con los consejeros de transporte de las comunidades autónomas para comunicarles la propuesta que ha elaborado para dar entrada de operadores privados en ese mercado.

La iniciativa que lleva Cascos a esa mesa aboga por una liberalización muy rápida del ferrocarril, que entraría en vigor el próximo ejercicio, según sus últimas declaraciones públicas, pero en la que se establece una moratoria para la entrada de capital privado en el negocio de transporte de viajeros, el que alberga mayor potencial de rentabilidad.

Renfe podrá seguir explotando esa actividad en monopolio durante algún tiempo más, con el objetivo de sanear sus cuentas y prepararse para competir en igualdad de condiciones con los operadores entrantes. La última versión del documento que Cascos presentará a esa mesa afirma que el Gobierno "reconoce a la compañía Renfe la posibilidad de continuar por un tiempo sus actividades de forma exclusiva o preferente, sobre todo en transporte de viajeros, antes de comenzar a licitar los servicios en régimen de igualdad". Esa moratoria, dirigida especialmente al negocio de larga distancia, se extenderá hasta 2004, según fuentes del sector. El Ministerio de Fomento declinó ayer confirma o desmentir ese dato.

Primeras licencias

Otras fuentes aseguran que el propio Álvarez Cascos ha anunciado que antes del fin de la legislatura quiere convocar los concursos para adjudicar las primeras licencias de explotación de servicios ferroviarios privados.

Desde un punto de vista teórico, el modelo esbozado por el Ministerio de Fomento sustenta esa moratoria en la necesidad de restringir el principio de libre prestación de servicios y libre concurrencia "en los supuestos que establezca la ley, sobre todo cuando existan desajustes entre oferta y demanda o cuando existan razones de política económica general ligadas a la mejor utilización de los recursos disponibles," señala. Y continúa: "De acuerdo con estos principios, el transporte de mercancías (carga y combinado) podría liberalizarse desde un primer momento, mientras que el de viajeros tendría regímenes distintos en relación con la demanda existente o las obligaciones de servicio público que puedan serle impuestas por la Administración competente".

Curiosamente, el negocio de mercancías de Renfe, al igual que el viajeros, pierde dinero, y para superar la crisis que atraviesa, la empresa pública ha puesto en marcha la fusión de las dos unidades de negocio que lo integran (Cargas y Transporte Combinado). Por otra parte, a excepción de los ferrocarriles franceses, no parece haber demasiados inversores privados interesados en este segmento del negocio. Los dos sectores que han demostrado mayor interés en el transporte ferroviario de viajeros son las constructoras y las empresas de autobuses.

Gerardo Díaz, el presidente de Asintra, una de las dos patronales del transporte de viajeros por carretera reclama al Ministerio de Fomento que la moratoria de que disfrute Renfe no sea superior a dos años. Tras aplaudir la liberalización impulsada por Cascos, Díaz reclama que en esta legislatura se rompa el monopolio de Renfe. Las empresas de autobuses también solicitan el acceso al mercado de las cercanías, catalogado como servicio público.

En este sentido, Fomento se compromete a "potenciar la participación de la iniciativa privada en la explotación del transporte" y a permitir la entrada de operadores ferroviarios extranjeros, con el pago del correspondiente canon y bajo el criterio de reciprocidad que permita la participación de las empresas españolas en otros países.

Por su parte, Comisiones Obreras valora positivamente el periodo de carencia que quiere establecer Fomento a la hora de dar acceso a capital privado en el negocio de viajeros, y reclaman que dicho periodo se alargue al menos hasta la aplicación práctica de la liberalización europea del transporte público ferroviario de viajeros y mercancías.

En línea con las directivas europeas, Fomento aboga por la separación entre la administración de las infraestructuras, que corresponderá al ente público GIF, y la explotación de los servicios de transporte, que hasta el momento corresponde a Renfe. También se prevé la constitución de un órgano regulador del sistema ferroviario y la implantación de un canon por el uso de las infraestructuras ferroviarias, que será distinto para la red de alta velocidad y para la red convencional.

Separación de las vías

Esta reordenación requerirá, la reforma de la actual Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y un texto específico que establezca las nuevas relaciones y actores que interactúen en el sector. En el nuevo contexto, el Estado se reserva el papel de "árbitro independiente" para administrar las vías entre los distintos operadores que presten servicios, otorgar las distintas concesiones a futuras empresa, y "velar por el correcto funcionamiento de las reglas de mercado".

Se otorga a las comunidades autónomas competencias para definir el servicio de transporte de viajeros por tren en su región y para convocar concursos para adjudicar la explotación de servicios en distintos surcos de vía. Asimismo, la Administración tendrá capacidad de resolver las controversias entre empresas y la de emitir los certificados de seguridad de los futuros operadores ferroviarios, a su personal y a su material rodante.

 

Puerta abierta a la privatización y a la aplicación de una nueva tasa

La propuesta de liberalización para el sector ferroviario que ha elaborado el Ministerio de Fomento abre la puerta a la privatización futura tanto de Renfe como de los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), aunque no se fija plazo alguno. Tras establecer las funciones distintas que tendrán que asumir Renfe, FEVE y el GIF, el texto afirma que "en el futuro se podrá plantear la posible entrada de capital privado en Renfe y FEve".

En el caso de la empresa que preside Miguel Corsini, previamente se procederá a segregar la infraestructura ferroviaria que controla, la cual pasará a manos del GIF, y a reducir la elevada deuda que soporta la sociedad, cerca de 1,2 billones de pesetas.

De hecho, el texto citado, aboga por que el Estado "afronte el saneamiento financiero del sistema ferroviario" y por la independencia de las empresas ferroviarias.

Se refiere el documento al futuro de la llamada deuda histórica de Renfe o deuda del Estado aparcada en la compañía ferroviaria. Esos pasivos proceden de inversiones realizadas por Renfe en lugar del Estado (por ejemplo, varios tramos del AVE Madrid-Sevilla), así como subvenciones comprometidas por el Estado pero finalmente no aportadas, y sus correspondientes intereses. En total, la cifra ronda los 680.000 millones de pesetas.

Liberada de esta carga, y con la nueva línea de alta velocidad Madrid-Barcelona en servicio, que servirá como revulsivo para la todavía deficitaria unidad de negocio de larga distancia, las posibilidades de privatización de Renfe aumentan considerablemente.

En línea con lo ocurrido en el campo de las telecomunicaciones, aunque esta vez se anuncia a priori, el Gobierno prevé la implantación de tasas para los operadores privados que entren en el sistema ferroviario en "función de ratios como los trenes por kilómetro recorrido, los surcos reservados, etcétera".