El Gobierno descarta modificar la regulación del mercado eléctrico
PSOE, IU y BNG pidieron ayer expresamente en la Comisión de Economía del Congreso una redefinición del marco eléctrico español al Ejecutivo. "Normas claras, impulso a la competencia, y a partir de ahí, manos fuera del Gobierno", resumió el portavoz para asuntos económicos de los socialistas, Jordi Sevilla. El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, descartó futuros cambios en la regulación del sector.
No puede plantearse un cambio regulatorio del sector porque no salga la fusión entre Endesa e Iberdrola", dijo ayer Rodrigo Rato. "Si lo hiciéramos, daría-mos a las empresas un papel que no deberían tener". Rato destacó la vigencia del actual marco regulatorio del sector que se traducirá en una liberalización completa del mercado en 2003 y que "en el periodo 1997/2000 ya ha supuesto unos ahorros de 400.000 millones de pesetas a los consumidores por las bajadas de las tarifas de la luz".
Con estas palabras el vicepresidente y ministro de Economía respondía a las críticas de la oposición que señalaban que el Gobierno se ha atribuido una amplia discrecionalidad en lo referente a los asuntos empresariales de las eléctricas. Según la mayoría de los grupos parlamentarios de oposición - que mostraron su satisfacción porque la fusión no hubiera prosperado-, las condiciones del Gobierno habrían permitido la unión entre Endesa e Iberdrola cuando antes se negó la fusión entre Hidrocantábrico y Unión Fenosa.
Según Rato, la negativa del Gobierno en aquella ocasión se basó en la ausencia de una estrategia de desinversión de activos, lo que la hacía muy diferente a la operación entre Endesa y la eléctrica vasca. En este sentido y respecto a las condiciones que desde el Ejecutivo se pusieron el pasado viernes a la fusión de estas dos eléctricas, Rato señaló que "eran perfectamente predecibles y no debían haber sorprendido ni a las empresas ni a nadie".
Críticas "subjetivas"
Con estas palabras, el vicepresidente trató de desviar ayer la crítica lanzada por las dos eléctricas sobre la dureza de las condiciones para la fusión. Rato, que dijo que no entraba a valorar la decisión de los consejos de administración de Endesa e Iberdrola, calificó "subjetiva" esta crítica y señaló que el Gobierno siguió las indicaciones de los "organismos independientes, como el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) habían planteado ya".
Una afirmación ésta no compartida por la oposición. Según Sevilla, el Gobierno podía haber seguido los criterios del TDC y no aprobar la fusión. Menos beligerante, Josep Sánchez Llibre, de CiU, dijo que al Gobierno "no le ha temblado el pulso a la hora de condicionar la fusión" en la línea de lo expuesto por la CNE y el TDC, "aunque en algunos aspectos dio más margen de maniobra y se mostró más sensible con la fusión".
El vicepresidente reafirmó que el Ejecutivo ha mantenido una postura coherente. "No hemos apoyado la fusión. Hemos hecho lo que en otros casos similares: aplicar las reglas de la competencia y garantizar que las decisiones de los consejos de administración de dos empresas no afectan al funcionamiento del mercado y a la garantías de los consumidores", explicó.
En cuanto a los costes de transición a la competencia (CTC), Rato dijo que no "po-día mirar a otro lado", y que la CNE recogía que si aparecían plusvalías por encima de los costes sobre los que se calcularon los CTC, "su mantenimiento era injustificable".
Su grupo parlamentario apoyó estas declaraciones y el portavoz del PP, Vicente Martínez Pujalte, señaló que "ha pasado lo que tenía que pasar y el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer".
Pagos de CTC
El titular de Economía contestó a medias a las preguntas de Sevilla alusivas a la desafectación del 4,5% de la tarifa eléctrica para sufragar los CTC. "¿Qué pasa con lo que ya ha sido cobrado? Si se reconoce ahora que son costes no justificados, ¿obligarán a las eléctricas a devolver lo cobrado con bajada de tarifas?".
Rodrigo Rato negó que los CTC fueran injustificables y el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, dijo que no se retiraría el 4,5% de la factura de la luz.
Mientras transcurría la comparecencia de Rato, el portavoz del Grupo Socialistas, Jesús Caldera, anunció que su formación presentará dos iniciativas parlamentarias, una de ellas para pedir al Gobierno una rebaja del 4,5% en la factura eléctrica. "El porcentaje de recargo que estableció arbitrariamente y sin necesidad el Gobierno como CTC", dijo Caldera.
La segunda de las propuestas tiene adelantada su negativa, ya que pretende una nueva regulación del sector. En palabras de Caldera, "para que de un modo claro y objetivo se especifique qué presencia se puede tener en producción, comercialización y distribución de energía". Caldera señaló que se pedirá que para que el TDC sirva para algo solicitará que sus informes sean vinculantes para el Gobierno, algo que Rato desestimó momentos antes.
Arzalluz culpa al Gobierno del fracaso de la fusión
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, afirmó ayer que la ruptura de la fusión entre Endesa e Iberdrola es un fracaso del Gobierno central y que la operación de fusión fue una decisión política que adoptaron José María Aznar y Rodolfo Martín Villa. En declaraciones realizadas a Euskal Telebista, aseguró que posiblemente no midieron toda la maraña legal e institucional, ni tampoco tuvieron en cuenta los intereses de los accionistas, con los que iban a tropezar.
Los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras coincidieron en calificar como positivo el fracaso de la fusión. Cándido Méndez, secretario general de UGT, declaró a Europa Press que la decisión de los consejos de administración de Endesa e Iberdrola de abortar la operación es adecuada y positiva, ya que, a su juicio, la fusión era negativa para los trabajadores. "Detrás de la fusión", precisó Méndez, "no había proyecto industrial, había riesgo evidente de pérdida de empleos y no propiciaba la apertura de la competencia".
La Federación Minerometalúrgica de CC OO difundió un comunicado en el que se cuestiona la rentabilidad de la fusión e indica que no llevarla adelante da a los sindicatos y a los trabajadores cierto grado de tranquilidad.
Para la Unión de Consumidores de España (UCE), la renuncia a la fusión es una buena noticia, aunque, según el presidente de UCE, Jorge Hinojosa, es necesario abrir de nuevo el debate en torno a una liberalización efectiva y real del mercado eléctrico.
Oriol asegura que ahora se abre una nueva etapa de "liderazgo"
Los abogados contrarios a la fusión piden que dimita
Kirru Artea / Tania Juanes Bilbao / Madrid
Dar carpetazo a una etapa, corta por otra parte, y empezar una nueva en la que Iberdrola asuma su papel de liderazgo. Ese fue el mensaje que hicieron llegar ayer Íñigo de Oriol y Javier Herrero, presidente y consejero delegado de Iberdrola, respectivamente, a los empleados de la empresa.
Los máximos responsables de Iberdrola, el día después de roto el acuerdo de integración con Endesa, se reunieron con los representantes sindicales para justificar la "no fusión". Argumentos como "intentamos reordenar el sector eléctrico", "era un buen proyecto empresarial" o "queríamos dar valor al accionista" fueron esgrimidos por Oriol y Herrero en su defensa de una operación que no ha podido ser "por los condicionantes marcados por el Gobierno".
Los representantes sindicales mostraron su preocupación porque en un futuro la gestión de la empresa siga en manos de las mismas personas que han visto rechazados dos de sus principales proyectos, la compra de Florida Power y la fusión con Endesa. No obstante, renunciaron a pedir su dimisión porque "eso deben solicitarlo los accionistas" y porque también deberían solicitarlo en Endesa.
Tras el desenlace, la junta de Iberdrola prevista en un principio para el mes de abril puede sufrir un ligero retraso y trasladarse a junio. Según fuentes del sector, los gestores de Iberdrola quieren acudir a la junta con un diseño de futuro solvente.
Los ejecutivos de Endesa se reunieron también con los representantes sindicales. Martín Villa y su equipo defendieron que en el proyecto de fusión no había "tintes políticos" y que la fusión lo único que buscaba era crear una gran empresa a "nivel mundial". A partir de ahora, dijeron, también habrá una nueva etapa para Endesa.
Mientras, los bufetes de abogados aliados para frenar la fusión, una vez conseguido el objetivo, quieren ahora la dimisión de Oriol y su equipo. Los accionistas están convocados mañana en Bilbao.
Un informe de Uría y Menéndez aconsejó la ruptura de la operación
JP Morgan también defendió deshacer la unión
Dos informes, uno estrictamente jurídico y otro financiero, fueron los que convencieron a los consejeros de Endesa para rechazar la fusión. El jurídico, elaborado por el bufete Uría y Menéndez y que fue entregado a todos los consejeros de la empresa, hace especial hincapié en "las incertidumbres" y en la "inseguridad jurídica" que generan las condiciones fijadas por el Gobierno para dar el visto bueno a la fusión.
El informe se detiene en los efectos negativos para la fusión de uno de los artículos incluidos por el Gobierno en el real decreto-ley que modifica la fórmula de cobro de los costes de transición a la competencia (CTC).
Dicho retoque, el artículo segundo del real decreto-ley, modifica el apartado b del artículo 17 de la Ley de Defensa de la Competencia, dándole más poder al Servicio de Defensa de la Competencia, órgano dependiente del Ministerio de Economía.
En origen, y refiriéndose a las competencias de Gobierno sobre concentraciones, ese artículo decía textualmente: "Subordinar su aprobación a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia".
La modificación agrega las siguientes competencias: "Dichas condiciones podrán consistir, entre otras, en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de limitaciones. En el supuesto de que la legislación sectorial correspondiente establezca algún tipo de limitación, al acuerdo del Consejo de Ministros podrá autorizar su modificación en tanto se ejecuta y en los términos fijados por el mismo".
El segundo informe, elaborado por JP Morgan y expuesto a viva voz a los consejeros, defiende que las condiciones impuestas sobre ventas y retribución de los CTC iban a tener un impacto negativo en los mercados.