Bruselas se niega a añadir excepciones para aplicar la acción de oro
La Comisión y el Parlamento Europeos siguen negándose a establecer ninguna nueva excepción en la aplicación de la llamada acción de oro o derecho de veto que ciertos estados miembros se reservan en las empresas públicas tras su privatización, en contra de las pretensiones de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio.
La Comisión Europea reiteró ayer que las restricciones a la inversión intracomunitaria sólo pueden justificarse en casos excepcionales relacionados con la seguridad, la sanidad o la defensa de un país. La Eurocámara, por su parte, aprovechaba su debate, en diciembre pasado, sobre la futura ley comunitaria de ofertas públicas de adquisición para aseverar que "tales privilegios del Estado (...) no pueden aceptarse debido a sus efectos distorsionadores del mercado, en particular en el marco de las adquisiciones, y deben por ello suprimirse sin demora".
Aun así, la vicepresidenta de la CE, Loyola de Palacio, continúa empecinada en que el Ejecutivo comunitario clarifique la legalidad o no de la acción de oro en ciertos casos.
De Palacio defiende, en concreto, la legitimidad de los Estados miembros para vetar la inversión en antiguos monopolios públicos a empresas de otro Estado miembro participadas por capital público. Ninguno de los departamentos directamente vinculados con la legislación sobre la materia -mercado interior, competencia y asuntos económicos- considera razonable esa excepción y se aferran a la necesidad de respetar la libre circulación de capital consagrada en los artículos 73b y 52 del Tratado de la Unión Europea.
La propuesta de la vicepresidenta causa especial malestar en esos departamentos, pues una vez más se ha producido al socaire de una decisión del Ejecutivo comunitario contraria a los intereses del Gobierno de José María Aznar.
Loyola de Palacio ya se ha revelado contra la intención del comisario de Competencia, Mario Monti, de expedientar a España por la concesión de 1,3 billones de pesetas al oligopolio eléctrico en concepto de indemnización por la liberalización del sector.
Debate
En el caso de la acción de oro, De Palacio planteó en junio pasado la urgencia de un debate clarificador, en vísperas de que la Comisión denunciase al Gobierno ante el Tribunal de la Unión Europea por arrogarse el derecho a vetar ciertas decisiones empresariales de Telefónica, Repsol, Argentaria, Tabacalera y Endesa.
La Comisión Europea, tras denunciar finalmente a España, despachó la propuesta fijando para septiembre ese debate. Nunca llegó, sin embargo, a producirse y aún no figura en la agenda del colegio de comisarios. Pero la vicepresidenta sigue insistiendo.