Los armadores catalanes reclaman más ayudas europeas para subsistir
Los armadores y pescadores catalanes reclaman ayudas europeas similares a las que recibe el sector en otras regiones como Galicia o Andalucía. En su opinión es la única manera de garantizar el futuro de las pymes del sector en Cataluña.
El futuro del sector pesquero catalán no está garantizado. El Mediterráneo es un mar pobre comparado con el Atlántico o el Cantábrico; sin embargo, Cataluña es considerada por parte de la Unión Europea (UE) como Región de Objetivo 2 y las comunidades de Galicia o Andalucía son consideradas regiones de Objetivo 1. Esta situación ha llevado al sector pesquero catalán a recibir el 50% de las ayudas que perciben los armadores y pescadores gallegos y andaluces.
Según la secretaria de la Asociación de Empresarios Marítimos y Pesqueros (EMPA), Yolanda Piedra, "la Unión Europa debe considerar los sectores por separado, ya que es injusto que la flota del Cantábrico reciba el doble de ayudas que nosotros que somos más pequeños".
La EMPA agrupa en Cataluña a 478 armadores, que cuentan con 524 embarcaciones y emplean a 2.236 trabajadores. Esta asociación representa algo más del 50% del sector en Cataluña. La calificación de Objetivo 2 con la que cuenta Cataluña hace que el sector pesquero catalán no reciba ayudas a la formación ocupacional o "que los armadores y pescadores sólo perciban el 50% del salario cuando están amarrados en sus puertos por una parada biológica, mientras que las otras regiones reciben el 100% de su sueldo", explicó ayer Piedra.
La falta de ayudas a la formación ocupacional ha llevado al sector pesquero catalán a tener un fuerte déficit de trabajadores que posean las titulaciones técnicas necesarias para poder embarcarse en un pesquero. La regulación administrativa del sector exige unas titulaciones mínimas a los pescadores que garanticen la máxima preparación en caso de emergencia.
Carburante y venta directa
Otra de las prioridades del sector en Cataluña es modificar las ayudas al sector pesquero para compensar la subida del gasóleo. El acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores es rechazado por la EMPA, ya que "perjudica a las embarcaciones de bajura".
El sistema de ayudas establece bonificaciones aplicadas a las cuotas de la seguridad social "lo que favorece a las embarcaciones con una tripulación grande (las de altura) y perjudica a las de bajura (con una tripulación muy escasa)", señaló Piedra.
La EMPA quiere promover una patronal nacional alternativa a la actual con el apoyo de los armadores de bajura de toda España. El próximo 19 de enero está prevista una reunión en Bilbao para impulsar esta iniciativa.
La EMPA también reclama participar en el proceso de venta del pescado al consumidor "para eliminar intermediarios y favorecer al cliente final". Ahora la UE subvenciona durante tres años la creación de organizaciones de productores y durante dos años más ayuda a su funcionamiento, pero la fórmula no ha cuajado en Cataluña.
"Existen actualmente tres organizaciones productivas que pueden vender pescado directamente, pero se les va a retirar la licencia porque son incapaces de cumplir requisitos como establecer un programa de capturas mínimo", afirmó la secretaria de la EMPA. La UE estudia subvencionar un gerente para cada organización productiva que garantice su funcionamiento.
La patronal redacta un convenio colectivo
El sector pesquero catalán carece de una organización unificada. La Federación Catalana de Puertos Pesqueros ha sido incapaz de unificar los criterios de la docena de puertos que agrupa. Tampoco existen cifras fiables sobre el sector.
Aproximadamente, el sector cuenta con unos mil armadores (pequeños empresarios), que poseen poco más de un millar de barcos y emplean a casi 5.000 personas, pero los datos no son oficiales. Las ventas de las cofradías de esos puertos ascienden a unos 15.000 millones de pesetas anuales, lo que supone casi el 10% del sector en toda España. Sin embargo, la falta de organización impide tener datos concretos.
Tampoco existe un convenio colectivo de pesca, por lo que las relaciones laborales se rigen por normas tradicionales en cada puerto. "Ahora hemos redactado un convenio en Barcelona para poner las cosas por escrito", explicaron fuentes de la patronal catalana.