La Fiscalía pide a la jueza que desbloquee el pago del rescate a Plus Ultra
Defiende que la no recepción de los 34 millones bloqueados pone en peligro su supervivencia
La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la jueza de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, que desbloquee la ayuda pública a la compañía Plus Ultra en lo relativo al pago de 34 millones de euros concedido por Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Afirma que en ausencia de apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas, "teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento".
El cese de la actividad de Plus Ultra, señala la Fiscalía citando los informes aportados por la propia compañía, generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores. El impacto económico sería de 365 millones de euros en términos de facturación, añade.
La petición del Ministerio Público se da a conocer dos días después de que la compañía hiciera llegar a la juez un escrito de alegaciones en el que defiende que el préstamo que le resta por recibir por parte del Gobierno "resulta indispensable" para garantizar la viabilidad de la aerolínea.
La jueza paralizó el pasado jueves la entrega de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar este miércoles, 28 de julio.
Plus Ultra también aportó el informe de un auditor de cuentas independiente en el que, tras adverarse los datos contables de la compañía, se contrasta la realidad de las necesidades financieras de su actividad económica habitual en el marco del Plan de Viabilidad elaborado para la solicitud del apoyo financiero público.
La fiscal sigue haciendo suyos los informes aportados y agrega que el préstamo participativo, cuya liberación debe resolverse, tiene como objetivo cubrir las pérdidas ocasionadas por el Covid de los ejercicios 2020 -post-Covid-, 2021 y 2022. "En este punto debe hacerse alusión al informe presentado por la compañía en la solicitud de levantamiento de la suspensión, en el que se menciona que del total de los cerca de 50 millones de euros de pasivo del balance de Plus Ultra, los clientes, por el pago anticipado de billetes de avión, y los acreedores comerciales, suponen un 80 por ciento por lo que una eventual situación de liquidez de la compañía dejaría a dichos colectivos como principales perjudicados", insiste.
La aerolínea ha mostrado su satisfacción con la postura de la fiscalía, que se suma a las "recientes decisiones tomadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea con respecto a la financiación pública" recibida, que a su juicio "refrendan, cada una en su ámbito, la falta de fundamento de las falsas acusaciones y tergiversaciones que se están vertiendo desde diferentes medios de comunicación, representantes políticos y diversas organizaciones durante los últimos meses sobre la aerolínea española, utilizada injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España en la que nada tiene que ver, con el resultado de daños muy graves e injustos a la reputación de la compañía y de algunos de sus miembros y/o accionistas".