La banca prevé que Economía flexibilice que el sector cobre incentivos por vender fondos de inversión
La directiva Mifid 2 debe estar traspuesta antes del 3 de julio La Asociación Española de Banca (AEB) pide que un factor sea la amplitud de la red de sucursales
La batalla todavía se libra, pero el desenlace comienza a decantarse. La trasposición de la segunda edición de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, que en teoría debe estar lista el 3 de julio a más tardar, se acelera.
El plazo de consulta pública de la ley que adapta la norma a España finalizó el 10 de abril. Yuno de los puntos clave es la dificultad con la que se penaliza a la banca por cobrar incentivos de los fabricantes (gestoras de fondos, por ejemplo) por vender los productos.
Las gestoras ingresaron el año pasado 2.238 millones de euros en comisiones de gestión. De este dinero, entregaron 1.432 millones de euros, equivalentes al 64% del total a los distribuidores. En la inmensa mayoría de los casos, los grandes grupos financieros a través de sus poderosas redes de oficinas.
CaixaBank, Santander –que en breve recomprará el 50% de su gestora, ahora en manos de los fondos Warburg Pincus y General Atlantic–, BBVA, Sabadell y Bankia suman un patrimonio en fondos españoles cercano a los 143.000 millones de euros. El importe representa el 59% de los 248.849 millones del total de la industria a cierre de marzo, según Inverco.
Hay más de 9,3 millones de partícipes de fondos en España y estos artículos estos se han convertido en la alternativa de elección para los clientes clásicos de depósitos. Más aun cuando las imposiciones a plazo fijo ofrecen unas rentabilidades por los suelos: el pasado febrero, de media, un 0,08% a menos de un año.
La Comisión Europea ha puesto negro sobre blanco en un documento que puede consultarse en la edición online de CincoDías, los casos en los que los vendedores –esencialmente, las sucursales– pueden llevarse una parte de las comisiones.
Esos incentivos estarán justificados si “no benefician directamente a la empresa receptora, sus accionistas o empleados sin un beneficio tangible para el cliente en cuestión”. Este deberá disfrutar de “la prestación de un servicio adicional o de nivel superior”.
La Comisión introduce tres supuestos. Primero, que se ofrezca asesoramiento –no independiente, claro, puesto que en el independiente está tajantemente prohibido el cobro de incentivos– de productos de terceros y no solo propios y que se comparen sus características. Segundo, también bajo asesoramiento, cuando la entidad realice un seguimiento en el tiempo de la idoneidad del producto para el cliente.
La tercera posibilidad, que permite la venta sin necesidad de asesorar –lo que implicaría realizar un test de idoneidad–, se refiere a dar acceso “a un precio competitivo, a una amplia gama de instrumentos financieros que probablemente satisfagan las necesidades del cliente”, así como otros servicios que le ayuden a adoptar decisiones de inversiones o que se le informe de los costes asociados a esos productos.
Fuentes conocedoras afirman que Economía flexibilizará la norma y abrirá la puerta a que se puedan cobrar incentivos sin necesidad de realizar asesoramiento. Un portavoz del Ministerio señala que aún no se ha tomado una decisión al respecto. Así, desde el sector financiero señalan la posibilidad de que se dé carta blanca a una suerte de venta asistida , en la que el cliente toma la decisión, pero en la que también se tienen en cuenta todas las circunstancias.
Con todo, todavía queda por concretar la fórmula exacta por la que concederá, sin incumplir el espíritu de la norma europa, a la banca más flexibilidad a la hora de ingresar incentivos.
En todo caso, el asesoramiento independiente y en la gestión de carteras queda totalmente prohibido cualquier tipo de cobro.
Desde la Asociación Española de Banca (AEB), su portavoz, José Luis Martínez Campuzano, defiende que haya más de tres supuestos: “En concreto, considerar las redes de distribución como son las oficinas o el esfuerzo digital (internet o teléfono), que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes. Estamos hablando de una amplia red de sucursales con personal formado y con herramientas que permiten hacer una selección muy personalizada para cada cliente”. Esta proposición es similar a la efectuada en Alemania por la patronal del sector.
Mientras, Sergio Míguez, director de relaciones institucionales de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA) en España, considera que la lista no exhaustiva que recoge la directiva delegada de la ya es suficientemente flexible para que el mercado se adapte.