La primera factura del ‘brexit’ deja temblando la economía británica
El organismo de control de las cuentas públicas rebaja las previsiones de crecimiento
Londres, Berlín, París y Bruselas llevan cinco meses ponderando el tono que debe reinar en las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE. El dilema sobre un brexit blando (divorcio de terciopelo) o duro (ruptura a las bravas) sigue sin resolverse. Pero ayer quedó claro que, sea cual sea la opción, el brexit saldrá caro, muy caro para el país disidente, a juzgar por las cifras presentadas por el ministro británico de Finanzas, Philip Hammond.
El Reino Unido, según el ministro, crecerá menos de lo previsto entre 2017 y 2021 (con una pérdida total de dos puntos y medio sobre anteriores previsiones), deberá aumentar su deuda en 144.000 millones de euros en cinco años y renunciará al objetivo de superávit fiscal en 2019 para resignarse a números rojos por un periodo indeterminado.
La terrible factura provocó la inmediata caída de la Bolsa londinense, la depreciación de la libra esterlina (que luego se recuperó ante las expectativas de más inflación) y la caída de los bonos.
La mala nueva llegó durante la llamada Declaración de otoño. Una intervención ante el Parlamento británico que el responsable del Tesoro aprovechó para desgranar una cascada de cifras que no anuncian el hundimiento del Reino Unido, pero sí un batacazo de proporciones históricas durante un largo periodo de incertidumbre. Por suerte para el Gobierno de Theresa May, el punto de partida es una economía en pleno rendimiento, con un crecimiento en 2015 del 2,2% (el doble que Francia y el triple que Italia), una tasa de paro por debajo del 5% (la mitad que la zona euro) y un aumento anual de la inversión del 3,4% (el doble que Alemania).
Adiós a la calma
Pero ese panorama idílico parece llegar a un abrupto final tras el referéndum del 23 de junio, cuando se impuso la opción del brexit con un 51,9% de votos a favor y el 48,1%, en contra.
La consulta desencadenó un vendaval político que acabó con la carrera del entonces primer ministro y convocante de la consulta, David Cameron. Su sucesora, Theresa May, se encuentra atrapada en un Ejecutivo dividido entre los partidarios de consumar la escisión de la UE cuanto antes y al precio que sea y los que abogan por un periodo transitorio que anestesie las consecuencias políticas y financieras.
Bruselas también mantiene la presión. La Comisión Europea ha pedido al Gobierno de May explicaciones sobre el acuerdo alcanzado con Nissan para evitar la huida de la compañía tras el referéndum, un pacto secreto que podría constituir una ayuda de Estado ilegal. Y el cálculo de la CE sobre el saldo contable de Londres con la UE tras la separación podría costar al Tesoro británico 71.000 millones de euros, según datos recogidos por Financial Times.
Hammond aseguró que le ha dado muchas vueltas a la situación y ha llegado a una conclusión: “a corto plazo, podemos financiar nuestros compromisos pidiendo más dinero prestado”. Falta por ver a cuánto se lo prestarán los mercados a largo plazo.
Munición a las empresas que desean seguir en la UE
El dramático empeoramiento de las previsiones económicas anunciado ayer por el ministro británico de Finanzas puede dar munición a la corriente política y empresarial partidaria de no consumar el brexit a pesar del resultado del referéndum. Esta misma semana, el carismático multimillonario Richard Branson (fundador de la multinacional Virgin) ofreció financiación y locales a uno de los movimientos recién nacidos para intentar evitar el brexit.
La ruptura con la UE también ha resucitado políticamente al ex primer ministro Tony Blair, quien amaga con volver a primera línea para luchar contra lo que considera un triunfo del populismo.
Los anti-brexit se han anotado ya una primera victoria, con la sentencia que rechazó la intención del Gobierno de May de activar el artículo 50 del Tratado de la UE (que regula la salida de un socio del club) sin consultar con el Parlamento británico. May ha recurrido el veredicto y todavía confía en esquivar una Cámara donde buena parte de los escaños están en manos de parlamentarios, conservadores y laboristas, que defendieron el remain (quedarse) en la consulta del 23 de junio.
A pesar de todo, la primera ministra mantiene su intención de iniciar las negociaciones de salida en marzo de 2017. Si cumple ese objetivo, el artículo 50 concede un plazo de dos años para pactar las condiciones del divorcio, lo que en teoría dejaría a Reino Unido fuera justo antes de las próximas elecciones al Parlamento europeo (junio de 2019). El plazo se puede prorrogar, pero requeriría la autorización por unanimidad de los 28 miembros que se quedan. Un consenso difícil de lograr si las negociaciones se tuercen.
