Mercadona reduce el plazo de pago a proveedores y lo sitúa en 53 días
La ley fija un periodo máximo para el abono a los acreedores comerciales de 60 días
Un productor realiza un servicio para una gran cadena de supermercados, pero no sabe cuándo y cómo cobrará. Esto es lo que han intentado reducir las consecutivas leyes aprobadas tanto para las instituciones públicas como para las relaciones comerciales privadas. Por ello, las cadenas de distribución han tenido que emprender esfuerzos financieros para adaptarse.
Sin embargo, conocer los datos de las grandes cadenas de supermercados no es una tarea sencilla. La mayoría de ellas no publicita cuál es su plazo medio de pago a proveedores. Para poder conocerlo, es necesario nadar en los resultados presentados en el Registro Mercantil y realizar complicadas fórmulas contables contempladas por la ley. Las administraciones públicas, por ejemplo, están obligadas a publicitar el plazo de pago a los proveedores desde el 20 de diciembre de 2013.
El año 2004 el Gobierno, presidido por aquel entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, realizó una ley para reducir la morosidad en las relaciones comerciales. Dicha regulación ha sido modificada en distintas ocasiones, la última en octubre de 2014. El texto actual sitúa el plazo máximo de pago a los acreedores en 60 días.
El plazo máximo se ha ido reduciendo en las consecutivas modificaciones de la ley. En 2011, el plazo se determinó en 85 días; en 2012, en 75; y, por último, en 2013, en 60 días. Un estudio realizado por fuentes del sector sitúa, sin embargo, el plazo medio de pago a los proveedores de las principales cadenas en unos 72 días, todavía lejos del límite legal. Si bien es cierto, que dicha media ha caído desde 2009 en ocho días. El retraso en los pagos supone a los proveedores complicaciones para su actuación diaria.
Mercadona es una de las cadenas que sí publicitan en su memoria anual el dato del plazo medio de pago a los proveedores. En el año 2013, últimas cifras presentadas por la compañía presidida por Juan Roig, situó dicha cifra en 53 días, 10 días menos que las obtenidas en el ejercicio de 2010. En dicho año, la empresa comenzó con una política de reducción del plazo de pago.
Para adaptarse a las exigencias regulativas que, desde hace unos cinco años, vienen obligando a reducir los plazos de pago, Mercadona invirtió casi 190 millones de euros en 2013. Fuentes de la empresa remarcan que este esfuerzo financiero por su parte se tradujo en liquidez para los acreedores. Mercadona cuenta con un conjunto de 1.000 proveedores comerciales y otros tantos de servicios.
Relación con los proveedores
En la presentación de los resultados de Mercadona, la compañía defendía la necesidad de crear un proyecto común con los proveedores para el impulso de sectores como la ganadería, la pesca y la agricultura. Para ello, defienden en el informe de 2013, han realizado un “diálogo constante” en el que la transparencia y la confianza son fundamentales. Además, remarca la estabilidad de los acuerdos con los proveedores.
El año en el que Mercadona redujo a 53 días el pago a los proveedores, facturó más de 18.000 millones de euros, un 3% superior que lo facturado en el año 2012. Además, obtuvo unos beneficios de 515 millones de euros, un 1,3% más que en el ejercicio anterior. Mercadona supone un 22% de la cuota de mercado del sector en España, según un reciente estudio de Kantar Worldpanel, una cuota mayor que hace un año.
La relación entre los proveedores y los supermercados se encuentra a la espera de un código de buenas prácticas. Por el momento, el sector primario, las marcas y las cadenas de distribución están negociando para completar el acuerdo. Las bases legales para dicho código fueron presentadas hace unas semanas en Consejo de Ministros para completar el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria.
Hacia un código de buenas prácticas
El plazo medio de pago a proveedores es uno de los detonantes de la formulación de un código de buenas prácticas en el sector de la alimentación y que afecta a todos los sectores de la cadena alimentaria. En concreto, el código espera limar las diferencias que existen entre los distintos actores de la cadena para evitar abusos de poder entre los operadores grandes y los pequeños proveedores.
El acuerdo tiene su base en la ley de cadena alimentaria aprobada por el Gobierno en 2013. En dicha ley se contemplaba el posterior desarrollo de este código de buenas prácticas. Un código que podía acarrear una multa de un millón de euros a los infractores de estos acuerdos. Por el momento, el Ejecutivo presentó las bases legales para que se presente dicho código hace unas semanas.
Sin embargo, falta que se complete el acuerdo. Una cuestión que está cerca de producirse aunque a falta de algunos puntos que generan dispuestas entre productores y distribuidores. Se espera que en los próximos meses pueda firmarse este documento.
Además de la mejora en el pago a proveedores, hay otras reivindicaciones por parte de las marcas de gran consumo. Promarca, la asociación de las principales marcas del sector, acusan a la distribución de “competencia desleal” por cuestiones como las marcas blancas o la falta de introducción de las innovaciones en las estanterías de los supermercados.
La ley contempla también la creación de un observatorio, dirigido por el Ministerio de Agricultura, en el que estarán representados todos los actores del sector y que servirá para dirimir sobre los conflictos que se produzcan en las relaciones comerciales.