La encrucijada de España por los laudos renovables
Los acreedores pasan a ejecutar los embargos que Bruselas veta y Washington autoriza, con casi 3.000 millones provisionados
El frente abierto contra el Estado español por los inversores que sufrieron el recorte de las primas a las renovables hace ya más de una década y acudieron a los tribunales internacionales en busca de una reparación encara una nueva etapa. Las firmas acreedoras que ya atesoran laudos a su favor han dado por concluida la búsqueda de bienes españoles en el extranjero susceptibles de ser objeto de embargo y se concentrarán en la ejecución de aquellos que ya han sido localizados. De hecho, ya han sido puestos en conocimiento de los tribunales pertinentes. Además, ese punto de inflexión coincide con nuevas resoluciones judiciales. Estados Unidos acaba de dar luz verde a la ejecución vía embargo del laudo del fondo Antin, por valor de unos 100 millones de euros, una ejecución que Bruselas había vetado. Todo un embrollo jurídico.
Para España, la situación supone una auténtica encrucijada. Por un lado, la justicia estadounidense sostiene que los laudos tienen carácter de sentencia firme y que, por tanto, se tienen que ejecutar. Una obligación a la que España estaría sujeta como firmante de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Por otro lado, Bruselas prohíbe el pago porque, según expone, es contrario al derecho europeo y puede ser considerado como ayuda ilegal de Estado. La esquizofrenia llega a tal punto que la propia Comisión que avaló el pago de las indemnizaciones a inversores de fuera de la UE investiga ahora el pago español de 32 millones en el caso de la nipona JGC Corporation, al albergar dudas sobre si el abono se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales.
Más allá del encaje jurídico, las cifras son inquietantes. Por el momento, España ha visto cómo 29 de los pleitos abiertos se han resuelto a favor de los inversores, a los que se han reconocido compensaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, que se elevan a 2.333 millones si se suman intereses legales y costas. Hacienda ya consigna una provisión de casi 3.000 millones de euros para hacer frente a esa eventual responsabilidad patrimonial.
Toca reflexionar sobre toda una cadena de malas decisiones, por parte de gobiernos de ambos signos. Desde unas primas mal diseñadas que abrieron la puerta a la especulación y a un déficit brutal del sistema eléctrico, hasta un recorte por las bravas que caminó por la fina línea que separa la seguridad de la inseguridad jurídica. De una forma o de otra, visto el agujero que se dibuja, toca coger el toro por los cuernos. Mejor antes que después.