Almaraz, recta final: el CSN enciende el contador para decidir sobre la prórroga
El organismo tiene previsto reunirse en julio para emitir su informe sobre el alargamiento de su vida útil hasta 2030. La patata caliente pasará luego al Gobierno, con el ciclo electoral a la vista
Corría el mes de mayo de 1864 y las tierras de Virginia, a lo largo del río North Anna, eran testigo de una batalla que ha pasado a la historia de la Guerra de Secesión. Ulysses S.Grant, general en jefe de los ejércitos de la Unión, lideraba la encarnizada campaña Overland, que perseguía la toma de Richmond por tierra. Allí topó con el ejército del norte de Virginia, encabezado por Robert E. Lee. Los debates de estrategia militar aún se suceden. Lo cierto es que la defensa en forma de V invertida diseñada por el militar confederado, prueba última de su genio militar, obligó a Grant a repensar sus movimientos. Según cuentan los historiadores, solo la disentería privó a Lee de una victoria más clara en su ejercicio de resistencia. En el condado de Louisa, en esas mismas tierras en las que Estados Unidos consolidaba el modelo económico industrial sobre el agrario, 114 años después, entraba en funcionamiento una planta nuclear de vanguardia propiedad de Dominion Energy Virginia, con dos flamantes reactores Westinghouse. Sobre su futuro, no hay debate ni guerras. En octubre de 2024, la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NCR, por sus siglas en inglés) prolongaba sus licencias operativas por 20 años más. Lejos, a 6.100 kilómetros de distancia, distinta suerte podría aguardar en estos días a Almaraz, su prima lejana, central gemela de North Anna.
Los plazos importan. El calendario nuclear pactado en 2019 señalaba Almaraz como el primer cierre nuclear en España, el 1 de noviembre de 2027. No obstante, en octubre de 2025, los propietarios de la instalación -Iberdrola, Endesa y Naturgy- reclamaron al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga de tres años, con el fin de que sus dos reactores puedan seguir operando hasta junio de 2030. Hay mucho en juego. Lo hay para la región y para la ciudad, empapelada con pancartas que solicitan la continuidad de la central, de la que dependen unos 4.000 empleos, muchos de ellos de alto valor añadido. Para ellos, para las personas que trabajan en el centro -unos 400 trabajadores de forma directa-, las dudas y los vaivenes del proceso ya han supuesto un alto coste emocional. Por ejemplo, un ingeniero que opera actualmente el centro de control de Almaraz, además de su cualificación universitaria, ha sido formado durante tres años en las particularidades de esa central concreta por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ese bagaje no sirve para ningún otro enclave. Un eventual cierre le obligaría a volver a empezar, a reinventarse en el ámbito laboral, una razón suficiente para provocar una comprensible inquietud y quién sabe si, a corto o medio plazo, una diáspora de talento. La incertidumbre no está siendo fácil de digerir para nadie en la zona.
También se juega mucho el Gobierno, que ha plasmado negro sobre blanco su posición sobre la cuestión. En el acuerdo de 48 páginas suscrito con Sumar para arrancar la legislatura en octubre de 2023, el PSOE se comprometía a “un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las plantas españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”. Por el camino, sin embargo, han pasado cosas. Por ejemplo, un apagón inédito el 28 de abril de 2025, que no solo ha puesto en solfa la solidez de un sistema que parecía inquebrantable a lomos de la exuberancia renovable, sino que ha aflorado la necesidad de asumir costes adicionales para garantizar el suministro, ya sea a través de la operación reforzada -más gas y ciclos- o del pago de energía de respaldo -el conocido en la jerga como back-up-. También han irrumpido crisis como las de Ucrania u Ormuz, ejemplos de la nueva y quebradiza realidad geoestratégica. La gravedad de ambos episodios ha puesto a los gobiernos frente al espejo de su dependencia energética, argumento para al menos tentarse la ropa a la hora de prescindir de fuentes de energía consolidadas y ya presentes en el mix.
Fuentes conocedoras del proceso en marcha aseguran que los contadores para tomar la decisión se pondrán en marcha en julio, previsiblemente el día 8. Es en esos días cuando el pleno del CSN tiene previsto reunirse con el fin de emitir su informe sobre la viabilidad técnica y las condiciones de seguridad para ampliar la vida útil del recinto hasta 2030. El organismo no tiene que emitir un veredicto en una primera reunión, sino que dispone de un margen de 15 días para reclamar documentación adicional o deliberar. Allana la resolución que el propio CSN ya certificara en el año 2020, en la Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de la instalación, que esta cumplía con las condiciones para funcionar hasta el año 2030. Con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear en la mano, el Ministerio tendrá otros dos meses adicionales para elaborar su propuesta de prórroga o cierre, previo cotejo de la posición de Red Eléctrica, la instancia competente para dictaminar si el suministro está garantizado en el caso de que se clausure una central que da servicio a cuatro millones de hogares. Con una utilización razonable de los plazos, podría haber fumata blanca hacia el mes de octubre, en línea con el plazo marcado para bajar la persiana del emplazamiento.
No obstante, a la vista del cronograma, el temor que empieza a cundir en la región es que una decisión que debería ser eminentemente técnica se vea permeada por el debate electoral y los intereses partidistas. Los márgenes temporales son muy estrechos y las certezas, pocas. Por boca del presidente del Gobierno, apenas dos. Pedro Sánchez ha insistido en que llegará hasta el año 2027 como inquilino de la avenida Puerta de Hierro y ha descartado un superdomingo electoral hacia el mes de mayo, cuando tocan los comicios autonómicos y locales. Sin embargo, frente a esa hoja de ruta, la presión es y será creciente por parte de sus socios, necesitados de desmarcarse del Ejecutivo y retirarle los apoyos con tiempo suficiente para armar una propuesta electoral en sus respectivas demarcaciones. El eventual fracaso de los Presupuestos Generales del Estado puede ser un argumento perfecto para romper, aunque no el único. En todo caso, no falta quien vaticina que la convocatoria para las generales podría precipitarse después del verano, con un mínimo de 54 días entre la disolución de las Cámaras y la visita a las urnas.
Sin ese asterisco, en condiciones ceteris paribus, las empresas afectadas deslizan sotto voce que hay razones de sobra para que el Ejecutivo de luz verde a la continuidad de la central. Desde el punto de vista técnico, enarbolan la calificación otorgada por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), que sitúa a Almaraz en el escalón más alto en términos de seguridad y excelencia operativa. Desde el sentido común, esgrimen que parece lógico esperar cuando ningún país del mundo está parando centrales activas, y quienes lo han hecho hace poco -como es el caso de Alemania- aún lo lamentan. Los objetivos climáticos y el bum de la IA con sus centros de datos no hacen sino reforzar el planteamiento. Si el Gobierno, empero, decide no conceder la prórroga y toma la decisión en plazo, se abre un melón de consecuencias imprevisibles. ¿Tiene margen para dar marcha atrás un Ejecutivo de distinto signo que acceda a La Moncloa semanas o meses después? “Todo es reversible, pero si empieza el desmantelamiento, todo se complica mucho, también desde el punto de vista de las cargas económicas. Y se necesita en torno a un año para hacerlo”, explica un técnico con amplia experiencia en el entorno nuclear.
Por otra parte, nada es inocente. La prórroga esconde un truco final, véase ganar tiempo en la confianza de un cambio en el clima político o en las necesidades energéticas. De hecho, ya está sobre la mesa. North Anna vivirá hasta 2060, un siglo después de que fuera diseñada y dos centurias después de que las minas de carbón marcaran la diferencia entre una Confederación condenada a la indigencia material y una Unión industrializada, capaz de fabricar armamento a gran escala, controlar el transporte ferroviario y garantizar los suministros a las tropas. La energía siempre como vector estratégico. Dilemas y decisiones que escriben los compases de la historia.