Hacienda: ni está, ni se la espera
La implicación del fisco es la prueba real del compromiso político con la transición energética
La prueba fehaciente de que una iniciativa política va en serio la marca el grado de implicación que Hacienda haya asumido en el contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en la aprobación de medidas fiscales para apoyar el cumplimiento de los objetivos fijados. Por esta razón, y ante la ausencia de medidas fiscales activas y directas, se generan dudas de que el compromiso del Gobierno con la transición energética sea firme.
La fiscalidad es el principal instrumento para desarrollar iniciativas en la política pública, como vehículo para recaudar fondos y poder cubrir las necesidades presupuestarias de los servicios y compromisos públicos, como elemento básico para la introducción de la componente de redistribución y, por último, por la señal precio diferencial entre opciones para cambiar modelos de consumo y favorecer o frenar iniciativas que vayan a favor o en contra de las políticas fijadas.
Si analizamos la política fiscal en lo que se refiere a la transición energética, podemos observar cómo el elemento recaudatorio es el único que prevalece, dejando al margen los objetivos de redistribución, al no reducir la carga fiscal sobre un consumo energético mínimo vital, o que la apuesta por la electrificación no cuente para su desarrollo con el apoyo de una política fiscal ad hoc que desgrave la generación y el consumo de electricidad de origen renovable y grave las actividades ligadas al consumo de combustibles fósiles.
El tratamiento fiscal, tanto de impuestos indirectos como directos, a la generación y consumo de electricidad solo ha contado con políticas fiscales favorables cuando, por las diferentes crisis que hemos padecido, el precio final de la electricidad se ha incrementado y no por disponer de una política diferenciada que favorezca las iniciativas sostenibles frente a las fósiles. Lo vimos en junio de 2021, cuando la manipulación de precios de los combustibles fósiles por parte de Rusia obligó, como medida de protección a los consumidores, a aprobar una rebaja en los impuestos indirectos que, en una doble intervención, bajó el tipo del IVA aplicable del 21% al 4%.
Las rebajas fiscales se han vuelto a producir con el ataque a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz y, al igual que en 2021, se ha aplicado la reducción de forma más contundente para los combustibles fósiles. Es decir, ha sido una medida de protección al consumidor principalmente de combustibles fósiles y no una medida que favorezca la transición energética. De hecho, al decaer las causas que la originaron, hemos vuelto a la casilla de salida, es decir, a que la política fiscal sobre la energía sea una medida exclusivamente recaudatoria y no de apoyo a un modelo energético diferente.
Con el dato del 3,2% de la inflación del mes de abril, se ha producido la desactivación de las rebajas fiscales que el Gobierno incluyó en el RDL 7/2026. Desde el día 1 de este mes dejan de aplicarse las rebajas del IVA en el consumo de electricidad y de gas natural, que había bajado del 21% al 10%, y se elimina la reducción al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que vuelve a situarse en el 5,11%. Se mantendrá, con carácter transitorio, la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y el refuerzo del bono social eléctrico. Es bueno recordar que la inflación se ha mantenido controlada gracias a la elevada penetración de las energías renovables en el sistema.
El escenario es diferente en el caso de los carburantes, dado que la referencia para volver a la situación previa al RDL estaba definida sobre la variación anual del precio de los combustibles, con un umbral del 15%, que, al no haberse alcanzado, mantiene las rebajas fiscales para gasolina y diésel: un IVA reducido al 10%, un Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) rebajado hasta el mínimo permitido por la Unión Europea y la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas. También continuará el tope al precio de la bombona de butano. Es decir, seguiremos favoreciendo los consumos de fósiles frente a la electricidad.
Está claro que estas medidas fiscales no han tenido como objetivo avanzar en la transición energética, porque si hubiera sido así, la apuesta por electrificar habría llevado ya a una reducción de impuestos finales sobre el kWh y a diferenciar el tratamiento de la electricidad generada con fuentes renovables de la que no lo es, gravando aquella con un menor IVPEE o estableciendo un marco de mayor presión fiscal a las actividades ligadas a los combustibles fósiles.
Cuando las señales presupuestarias y fiscales son adecuadas, los avances se notan. Por ejemplo, respecto a la introducción del vehículo eléctrico, se pueden ver los excelentes resultados del año 2025, cuando se matricularon 254.783 vehículos eléctricos, lo que supone un 20% de cuota sobre las matriculaciones totales y un incremento en relación con 2024 del 90,5%. La política de ayudas ha resultado ser eficaz cuando la inmediatez y los automatismos han estado presentes. Esta apuesta se ha visto también apoyada por la introducción de una deducción temporal en el impuesto directo sobre la renta por adquisición de vehículos eléctricos, siempre y cuando no estén sujetos a una actividad económica. Se trata de una iniciativa positiva, aunque su falta de inmediatez y las diferencias entre la consideración y el tratamiento de la base imponible limitan los efectos a la hora de tomar la decisión de adquirir un vehículo eléctrico y pueden hacer pensar que el esfuerzo público habría sido más eficiente todavía si se hubiera diseñado de forma más directa.
Las desgravaciones o deducciones sobre cargas impositivas directas han estado muy ligadas al desarrollo de la transición energética en países como Estados Unidos, donde han sido el eje central de las políticas de apoyo a las renovables, práctica que, en nuestro país, quizás por la exigencia de inmediatez, por las limitaciones en la aplicación generalizada o por la escasa confianza que tenemos en las políticas fiscales, a las que vemos como instrumentos de depredación económica, no ha tenido el éxito que se ha producido en otros países.
La política fiscal y presupuestaria es el instrumento más útil y necesario para cambiar el modelo de consumo y apostar por la independencia que la transición a las renovables supone. Solo nos falta que el esfuerzo del Gobierno por la política energética también incluya al Ministerio de Hacienda.