Vivienda: ocho años como pollo sin cabeza
Nuestro principal problema no son caseros avariciosos, ni fondos buitre, ni el auge del mercado turístico, sino la ausencia de pisos suficientes
360.000 viviendas más de protección pública, en venta o alquiler, podríamos tener hoy en España si el Gobierno no hubiera ido, estos años, como pollo sin cabeza ante el principal problema de las clases medias y trabajadoras. Eso, suponiendo dos primeros años para preparar la imprescindible infraestructura jurídica, orgánica y de suelo en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, en paralelo, ...
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360.000 viviendas más de protección pública, en venta o alquiler, podríamos tener hoy en España si el Gobierno no hubiera ido, estos años, como pollo sin cabeza ante el principal problema de las clases medias y trabajadoras. Eso, suponiendo dos primeros años para preparar la imprescindible infraestructura jurídica, orgánica y de suelo en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, en paralelo, se podría haber construido, en el mismo plan, otras 1.400.000 viviendas libres con las que se hubiera cubierto la brecha existente hoy entre oferta y demanda, rebajando la actual tensión que manifiestan los precios.
Porque nuestro principal problema no son caseros avariciosos, ni fondos buitre (con apenas el 5% del stock de viviendas en sus manos), ni el auge del mercado turístico, sino la ausencia de pisos suficientes, tanto libres como sociales, y la incapacidad de las administraciones locales para controlar los alquileres turísticos ilegales, que superan, con mucho, a aquellos que cumplen la normativa. Si, de media, se constituyen 250.000 hogares nuevos al año en España y venimos construyendo unos 100.000 pisos nuevos de media, es evidente que el problema consiste en que se ha formado un enorme déficit acumulado de vivienda, del que la subida de precios representa solo el efecto.
La parte socialista del Gobierno así lo ha entendido y, a lo largo de los años y en las sucesivas campañas electorales, el presidente Sánchez ha ido prometiendo la construcción de hasta 250.000 viviendas, la inmensa mayoría de las cuales no ha pasado de la fase de promesa. Si en España la vivienda pública no llega al 2% del total y la media europea está en el 20%, la solución no es limitar precios —lo que reduce todavía más la oferta—, sino construir más vivienda, que es lo único que incidirá en bajar alquileres y precios. Esa era la idea en la bien trazada Ley 12/2023, de derecho a la vivienda, que apenas si ha pasado del BOE a la realidad.
¿Por qué el PSOE, en el Gobierno, no ha podido resolver en ocho años el principal factor de exclusión social hoy en España, que es la vivienda? Porque ha estado secuestrado, también en esta materia, por la otra parte del Gobierno, los nuevos iluminati de izquierdas, cuya visión equivocada del problema se lo ha impedido, al poner el foco no en su causa (falta de viviendas), sino en la consecuencia (la subida de precios), y al imponer una política errónea centrada en intervenir el mercado desde la regulación, en lugar de hacerlo ensanchando la oferta disponible.
El último capítulo de este sainete, diseñado por algún guionista de folletines, ha sido el plante al negarse a entrar en la reunión extraordinaria del Gobierno del 20 de marzo (¡qué oportunidad perdida para que el presidente hubiera soltado lastre!) y la aprobación bajo amenaza de un decreto ley destinado a generar mayor sufrimiento y confusión entre los inquilinos, al estar claro que no iba a ser ratificado por el Congreso, como así ha pasado. Ha sido el mayor gesto de irresponsabilidad frívola, hasta la fecha, de quienes presumen de ser “la verdadera izquierda” y aun presumen de tener razón, contra los expertos, la mayoría parlamentaria, la evidencia y el sentido común (¿en qué burbuja feliz vive esta gente?). La pregunta es obvia: ¿le renta al PSOE mantener la alianza con estos socios, causantes de que no se ponga en marcha la solución al primer problema social de España hoy?
¿Qué hacer? Depende. Si se quiere seguir con estos socios, manteniendo como eje del discurso político socialista la confrontación y el muro contra el principal partido de la oposición, que gobierna en varias comunidades y ayuntamientos imprescindibles para una estrategia de construir pisos, nada que hacer. Seguir con las críticas, los anuncios y los parches, dejando que el problema crezca y, con él, la mayor fractura social existente hoy y en el futuro en España: jóvenes sin vivienda que serán adultos sin patrimonio y sin red familiar de apoyo.
Pero si lo que se quiere es resolver el problema, la solución está clara y no es la primera vez que se hace en nuestro país: necesitamos suelo (gran parte del cual existe ya, pero en manos de propietarios como los ayuntamientos, no interesados en su promoción), dinero finalista, proyectos, mano de obra y materiales para urbanizar y construir unas 300.000 viviendas más al año, siendo de protección pública el 20% de ellas. Y, para ello, necesitamos un plan coordinado entre los tres niveles administrativos que incluya, de manera temporal y extraordinaria (por ejemplo, 2026-2030), unas medidas de choque que habiliten nuevos instrumentos jurídicos, urbanísticos, ambientales y económicos para acelerar todos los plazos y aligerar todos los procedimientos. Es decir, un decreto ley pactado que permita abrir, de manera excepcional, un carril rápido, expedito y diferente para reducir tiempos, intervenir sobre el territorio de manera urgente, ensanchando el núcleo de personas beneficiarias de vivienda pública y recuperando instrumentos financieros y fiscales de apoyo a la compra de vivienda libre.
La máquina de construir viviendas está gripada en España. La prolija normativa, la abusiva burocracia, la lentitud administrativa, la ausencia de Presupuestos, la falta de coordinación entre administraciones y la inseguridad jurídica explican, en parte, que hoy al nuevo sector inmobiliario surgido tras el hundimiento y la reestructuración posteriores al pinchazo de la burbuja hinchada desde el sector financiero no le sea fácil encontrar incentivos para invertir. En el bum previo a la crisis de 2007, los precios subieron por un exceso de demanda animada de forma artificial por unas facilidades financieras irresponsables y una oferta que iba más lenta, a pesar de construir 500.000 viviendas de promedio al año. Hoy, los precios suben porque no hay oferta suficiente para la demanda real existente. Hablamos de otro problema, que requiere otra solución, distinta de la demagogia fracasada de nuestros nuevos arbitristas de izquierda, poco interesados en resolver, de verdad, “los problemas reales de la gente”, como el acceso a una vivienda digna.