Otra guerra en la obra pública
Parece inevitable volver a recurrir a medidas coyunturales sobre los precios, similares a las adoptadas en 2022
La guerra en Irán vuelve a poner en evidencia la repercusión de los acontecimientos geopolíticos sobre la economía. La magnitud de sus efectos dependerá de cómo escale el conflicto y de su duración, pero lo cierto es que ya empiezan a percibirse sus consecuencias: el encarecimiento de la energía y de los combustibles.
Se trata de dos cuestiones fundamentales para numerosos sectores productivos, entre ellos, el de la construcción y la obra pública. De manera inmediata, el aumento del precio de los combustibles repercute en el coste de funcionamiento de la maquinaria utilizada en las obras, pero el impacto es mucho más amplio. La energía es un componente esencial en la producción de muchos de los materiales utilizados en las obras, como pueden ser los asfálticos, estrechamente vinculados al precio del petróleo, o los áridos, cuyo proceso de extracción y machaqueo requiere un elevado consumo energético. A ello se suma el encarecimiento generalizado de cualquier producto por el incremento del precio del transporte, que repercute en toda la cadena logística.
Todo ello genera un aumento generalizado de los costes de ejecución de las obras, en contratos con presupuestos fijados. En un sector caracterizado por contratos de larga duración y márgenes ajustados, una alteración significativa en el precio de los insumos puede afectar seriamente al equilibrio económico de los contratos.
Desafortunadamente, la revisión de precios actualmente en vigor para los contratos públicos de obra, cuya finalidad es, precisamente, compensar automáticamente estas variaciones, sigue sin ser obligatoria y, como consecuencia, muchos contratos de obra que se encuentran hoy en ejecución están expuestos a los potenciales sobrecostes derivados de la solvencia inflacionaria que puede generar la guerra en Irán, sin posibilidad alguna de reequilibrio económico.
Esta situación ya la hemos vivido. En 2021 el sector tuvo que hacer frente a una fuerte espiral inflacionista en el precio de las materias primas. Aquella crisis estuvo motivada inicialmente por las disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de la pandemia de covid-19, y se vio posteriormente agravada por la guerra en Ucrania. Los contratos públicos que entonces se estaban ejecutando tampoco tenían la posibilidad de revisar sus precios para gestionar el impacto de los incrementos de costes.
Ante esa situación, fue necesario adoptar medidas excepcionales para evitar la paralización de numerosas obras. El Gobierno aprobó tres reales decretos-ley y una orden ministerial con el objetivo de habilitar mecanismos específicos de revisión de precios, que permitieran paliar los efectos de la crisis de materias primas y garantizar la continuidad de la obra pública.
Desde entonces, el sector ha venido reclamando una reforma estructural de la regulación vigente sobre la revisión de precios en los contratos públicos, con el fin de que todos los contratos dispongan de un mecanismo que, de manera automática, adecue los precios del contrato a los costes reales de ejecución. Y ello en cualquier momento y en beneficio de todas las partes, pues la revisión de precios funciona tanto al alza como a la baja, pero, con más motivo, ante situaciones excepcionales, evitando tener que recurrir a medidas de emergencia para permitir la viabilidad de las obras.
Hoy el sector se encuentra nuevamente en un escenario muy complejo.
Actualmente la actividad constructora es muy intensa, con numerosas obras incluidas en la planificación ordinaria, a las que se añaden un importante volumen de actuaciones de reconstrucción vinculadas a las últimas catástrofes climáticas.
Y, puesto que no se ha llegado a modificar el carácter opcional de la revisión de precios, esta posibilidad no existe en una gran parte de los contratos hoy en ejecución, de manera que, si la crisis de Irán continúa escalando y trasladándose al precio de los materiales y la energía, el equilibrio económico de estos contratos se verá, una vez más, puesto en riesgo.
Ante esta –cada vez más probable– desafortunada situación, parece inevitable recurrir, de nuevo, a medidas coyunturales, similares a las adoptadas en 2022, que permitan, como entonces, evitar tensiones en la ejecución de la obra pública. Esa experiencia nos debería hacer más ágiles a la hora de implantar nuevas medidas excepcionales si, finalmente, se confirman las peores previsiones.
Ahora bien, aun sin perder de vista lo inmediato, esta nueva crisis también nos debería hacer reflexionar sobre la importancia de acometer la necesaria reforma de la regulación del sistema de revisión de precios que el sector lleva años reclamando.