Improvisación y descoordinación en la política industrial
La Ley de Industria y Autonomía Estratégica y la creación del Consejo Estatal de Política Industrial siguen en el limbo
La falta de una mayoría parlamentaria y la ausencia de presupuestos tienen muchas consecuencias, entre otras la descoordinación e improvisación alrededor de la política industrial del Gobierno de Pedro Sánchez. La saturación de la red eléctrica está impidiendo la instalación de industrias en algunos territorios. No hay un plan nacional para la implantación de centros de datos, muy intensivos en el consumo de energía. La multiplicación del gasto e inversión del Estado en defensa se está haciendo sin un diseño estratégico, de ahí los conflictos. Son solo algunos ejemplos.
El Gobierno es plenamente consciente y por eso aprobó en diciembre de 2024 un proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que sustituye a la vigente de 1992. Pero la propuesta sigue en el limbo, como tantas otras, debido a que el Gobierno no logra la mayoría para sacarla adelante. De hecho, este proyecto forma parte del catálogo de 24 proyectos de ley que Junts dijo en noviembre pasado que iba a bloquear, y por eso ha entrado en proceso de eterna prórroga de enmiendas.
Esta norma propone la creación del Consejo Estatal de Política Industrial, cuyas funciones serían “la participación en la elaboración de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica; la coordinación de acciones de la Administración General del Estado en el desarrollo del Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica; emitir dictámenes sobre propuestas normativas; e informar las propuestas de mejora de procesos administrativos relacionados con la industria, entre otras”. Este consejo sustituye a la Comisión Interministerial de Política Industrial, creada en 2010 con Miguel Sebastián al frente del Ministerio de Industria, y de la que se desconoce actividad alguna en las últimas legislaturas.
La necesidad de esta ley y del consejo que coordine las propias actuaciones del Ejecutivo es consecuencia también de la propia estructura de Gobierno. Por ejemplo, en la última legislatura de Mariano Rajoy se separaron las competencias de industria y energía, y así siguen. Los diferentes cambios aplicados por los presidentes tienen poco que ver con la racionalidad y mucho con la compensación de egos y territorios, de ahí que haya habido tantos catalanes y vascos.
El caso es que hoy la política industrial de este país se desarrolla en gran medida extramuros del ministerio del ramo; en los departamentos de Defensa, Ciencia, Transformación Digital, Transición Ecológica, Transportes, Hacienda, Economía y Presidencia del Gobierno. Además, prácticamente todos los organismos claves del desarrollo industrial están fuera del Ministerio de Industria. Es el caso de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), heredera del antiguo Instituto Nacional de Industria, que depende de Hacienda; el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), de Ciencia e Innovación; el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), de Economía; la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y Red.es, de Transformación Digital, o la Agencia Espacial Española, dependiente de los ministerios de Defensa y Ciencia.
Esta telaraña de departamentos ministeriales y organismos independientes necesita una estrategia común y una estructura de coordinación formalizada y pública. Cuando esto no es así, pasa lo que se está viendo en los últimos tiempos, que la Oficina de Asuntos Económicos y G20, dirigida por Manuel de la Rocha, que depende directamente del presidente del Gobierno, ha cogido un peso que seguramente es superior al de un ministro, como ya sucedió cuando Miguel Sebastián era el responsable de esta oficina con José Luís Rodríguez Zapatero o Álvaro Nadal con Mariano Rajoy.
Es público y notorio, pese a su escasa presencia pública, que De la Rocha ha sido persona activa en el cambio en las presidencias de Telefónica e Indra, dos empresas claves para este país, así como en el cambio de propiedad de Talgo. El Estado está presente en estas compañías a través de la SEPI, que es quien tiene las participaciones empresariales, pero esta pinta poco en la gestión, más allá de las órdenes de ejecución que reciba desde Presidencia del Gobierno, que no desde el Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, que es de quien formalmente depende.
La necesidad urgente de invertir en defensa, como consecuencia de las demandas de Estados Unidos y de la presión para que Europa construya su propia estrategia militar, ha obligado a realizar importantes inversiones y asumir un fuerte crecimiento de gasto. Es de manual que antes de empezar a mover presidentes y adjudicar contratos se debería haber hecho un análisis de la situación y un plan de negocio. Sin embargo, la dinámica ejecutoria induce a pensar que nada de esto ha sucedido.
En abril del año pasado, cuando Donald Trump ya había situado Europa casi como enemigo, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con un importe de 10.471 millones de euros. Al no contar con los Presupuestos Generales del Estado, se dotó con la reasignación de partidas y de fondos del Plan de Recuperación. La partida con mayor importe es la destinada al aumento de la retribución del personal y de efectivos de las Fuerzas Armadas, tan importante como poco industrial.
A la vez que se elaboró este plan, se debería haber configurado el diseño empresarial del sector de defensa, donde Navantia y Airbus tienen un rol muy claro como campeones nacionales del sector naval y aéreo, respectivamente. Sin embargo, no es así en el ámbito de tierra, donde se vendió en 2001 la empresa de referencia en carros de combate (Santa Barbara) a los americanos de General Dynamics, y en el tecnológico y ciberseguridad, donde reina el minifundio. La improvisación ha hecho que ahora el fabricante de tanques haya llevado al Estado ante los tribunales y que la integración entre Indra y Escribano se haya atascado por conflicto de intereses. Si la unión se hubiera planteado antes de la toma de participaciones, cambios en el consejo y adjudicación de contratos. no habría esos reparos. Porque es indudable que el orden de factores altera el producto. Primero planificar y luego ejecutar.