Economía hace los deberes con el crédito al consumo
El sector tendrá a partir de ahora unas reglas del juego claras con las que evitar la proliferación de casos judiciales
El Gobierno arranca el año poniendo sobre la mesa una de sus tareas pendientes con la Comisión Europea en materia de protección social, sobre la que ya había amenaza de sanción económica por el retraso en su transposición. El anteproyecto de ley del crédito al consumo presentado ayer por el Consejo de Ministros viene a tapar por primera vez las numerosas vías de agua que este universo de financiación ha provocado en los bolsillos de los españoles.
La necesidad de pagar recibos o realizar pequeñas compras, especialmente entre los consumidores con menos capacidad adquisitiva, había provocado en los últimos años que surgiera un submundo de créditos rápidos, tarjetas revolving y abusos financieros que derivaban en situaciones de sobreendeudamiento y drama en los hogares. El texto presentado por Economía viene a paliar la desprotección de los consumidores más vulnerables al limitar el coste de los préstamos, pero sin imponer un tope fijo. La referencia a la que recurre es la tasa anual equivalente (TAE), que incluye los gastos asociados al crédito, y que no podrá superar un determinado nivel, de 15 puntos porcentuales en el caso de un crédito de hasta 1.500 euros y de seis puntos por encima de 6.000 euros. Para un crédito de hasta 1.500 euros el banco no podrá exigir ahora un interés superior al 22%.
La proliferación de los micropréstamos con intereses de más del 3.000% TAE dirigidos a clientes que están al margen de la banca tradicional e impulsados por pequeñas financieras que operan exclusivamente por internet y con nula vigilancia ha llevado al Ejecutivo a adoptar una regulación más restrictiva. Estos productos pasarán a tener un coste para el cliente sustancialmente inferior, al tener limitado el tipo de interés mensual máximo al 4% y ser acompañados por una comisión máxima del 5%. Para un micropréstamo de 300 euros, el cliente pasará de pagar de media 103 euros en 30 días a 40 euros si es devuelto en tres meses, o 20 si se paga en el mismo mes. Las firmas que ofrecen estos productos pasarán además a estar registradas y supervisadas por el Banco de España al igual que el resto del sector financiero. En caso contrario, el crédito será considerado nulo.
La industria del crédito al consumo tendrá, si la norma concluye con éxito su tramitación parlamentaria, unas reglas del juego claras con las que evitar la proliferación de casos judiciales, como los de las tarjetas revolving, que inundaron los tribunales años atrás y que obligaron al Tribunal Supremo a fijar un criterio común sobre qué se entiende por usura.