La controversia política en torno a la presión fiscal
El objetivo principal de las administraciones no es únicamente aumentar la recaudación
La OCDE ha difundido recientemente su informe anual correspondiente a 2024 relativo a la proporción que representan los ingresos de naturaleza tributaria respecto del producto interior bruto (PIB) en los 38 Estados miembros, entre los cuales se incluye España. En dicho ejercicio, la ratio impuestos/PIB osciló entre el 18,3% en México y el 45,2% en Dinamarca.
Dentro del ámbito de la Unión Europea, el mayor incremento se registró en Letonia, cuyo ratio aumentó en 2,4 puntos porcentuales debido al incremento de los ingresos derivados del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de las cotizaciones sociales y del impuesto sobre sociedades. El segundo incremento más elevado se produjo en Eslovenia, con una subida de 1,9 puntos, igualmente vinculada a un aumento de las cotizaciones sociales. Ambos Estados partían de niveles reducidos de tributación y salarios, aunque su integración en la Unión Europea ha favorecido una mayor implantación empresarial procedente de otros Estados miembros con costes laborales superiores, lo que, junto con las exigencias normativas europeas, ha impulsado el aumento de las cotizaciones.
En sentido contrario, la presión fiscal disminuyó de forma significativa en Irlanda, con una caída de 6 puntos porcentuales, y en Hungría, con un descenso de 2,5 puntos respecto al año 2010.
En el caso español, el informe señala que, entre 2010 y 2024, la presión fiscal se ha incrementado en 5,53 puntos porcentuales, situándose en el 36,7% del PIB, acercándose así a niveles presentes en economías comparables dentro del entorno europeo, como Italia o Francia.
Desde la perspectiva constitucional, una mayor recaudación tributaria permite al Estado cumplir adecuadamente el principio de suficiencia financiera, garantizando los recursos necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y de las políticas inherentes al Estado social y democrático de derecho (art. 1.1 de la Constitución Española). Asimismo, siempre que el diseño del sistema tributario respete los principios de capacidad económica, generalidad, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31 de la CE, una presión fiscal elevada puede contribuir a reforzar la justicia distributiva y a la reducción de desigualdades, en coherencia con el mandato constitucional de promover las condiciones para la igualdad real y efectiva (art. 9.2 CE). La obtención de ingresos suficientes favorece además la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de los poderes públicos, principios que se relacionan con el artículo 135 CE.
No obstante, una presión fiscal excesiva puede entrar en tensión con otros límites constitucionales, en particular con la prohibición de que los tributos tengan efectos confiscatorios, igualmente implícita en el artículo 31.1 CE. De igual modo, una carga impositiva elevada puede afectar al ejercicio de la libertad de empresa proclamada en el artículo 38 CE, con incidencia en la competitividad y en la actividad económica.
Por otra parte, una gestión ineficiente o poco rigurosa del gasto público podría frustrar los principios de eficacia, eficiencia y buena administración exigidos por el artículo 103 CE, erosionando la confianza de los contribuyentes y fomentando comportamientos de elusión o evasión que comprometen el cumplimiento voluntario.
En consecuencia, una presión fiscal elevada resulta constitucionalmente admisible y puede considerarse positiva siempre que se articule dentro de un sistema tributario equilibrado que no exceda la capacidad económica de los obligados tributarios y garantice el sostenimiento de los gastos públicos conforme a los principios establecidos en la Constitución.
No obstante, el verdadero reto del sistema tributario español reside en la necesidad de abordar una revisión del gasto público, a fin de ajustarlo a los principios de eficiencia y estabilidad presupuestaria.
La experiencia reciente muestra que, ante la dificultad de implementar reformas orientadas a la racionalización del gasto, los distintos gobiernos han tendido a incrementar la presión fiscal como vía prioritaria de financiación. Resultaría deseable, en línea con las mejores prácticas comparadas en el ámbito europeo, avanzar hacia una optimización del gasto público que permita mejorar la calidad de los servicios esenciales sin necesidad de incrementar la carga tributaria. El fortalecimiento de la gestión pública, la mejora de la eficiencia en sectores como la sanidad o la educación, y la revisión de partidas prescindibles podrían contribuir a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado sin un recurso sistemático al aumento impositivo.
Debe recordarse que el objetivo principal de las administraciones tributarias no es únicamente aumentar la recaudación, sino garantizar una recaudación más eficiente, equitativa y conforme a derecho, mediante instrumentos que favorezcan el cumplimiento voluntario y reduzcan el fraude. No obstante, esta reflexión excede el alcance del presente análisis y requeriría un examen más profundo en un trabajo específico.
