La transversalidad, clave de los planes de empleo
La propuesta de la Comisión Europea para que los trabajadores se adhieran a ellos por defecto tiene buenos mimbres y varias ventajas
No hay una solución fácil para resolver el sudoku que conforman las proyecciones demográficas combinadas con el sistema de pensiones de reparto. El diagnóstico, por el contrario, es sencillo: en un futuro habrá menos personas en edad de trabajar y más en edad de estar jubiladas. Sobre esta situación de base se han propuesto y probado algunos ajustes, además de una cantidad nada desdeñable de soflamas y/o varitas mágicas; desde la táctica del avestruz a incentivar fiscalmente las aportaciones individuales como si el problema de las pensiones fuera una cuestión exclusiva de los más acomodados. Eso, cuando no se plantea en unos términos de pulso generacional o se recurre, directamente, al nihilismo.
La sostenibilidad de las pensiones tampoco se puede disociar del contexto económico: el crecimiento de España a finales de los 90 y en los primeros 2000 mitigó los primeros embates de la demografía sobre el sistema. En este sentido, si algo se puede hacer para garantizar la sostenibilidad de las pensiones es crecer: que haya más ocupados (por la vía de la mayor actividad, del menor desempleo y de la llegada de extranjeros) y que estos sean más productivos y tengan mejores sueldos.
Con todo, eso no debe prevenir medidas paralelas. En este sentido, la propuesta de la Comisión Europea para que los trabajadores se adhieran a los planes de empleo por defecto tiene buenos mimbres y varias ventajas: no es de obligado cumplimiento (quien necesite el dinero en el bolsillo se puede salir), no interfiere en la negociación colectiva (por esa pata quedó cojo el plan de Escrivá), ayuda a financiar las pensiones de los próximos años (cuando el sistema estará más tensionado) y es transversal, pues ayuda a complementar la pensión pública a todas las capas de asalariados. Las experiencias en distintas latitudes, del Reino Unido a Euskadi, indican también que se genera un incentivo positivo al ahorro para la jubilación.
Sobre este posible suplemento (que no sustitutivo) de la pensión pública quedan por resolver asuntos jurídicos de no poca importancia. Dirimir en qué medida la carga de esta contribución va solo contra salario o también contra margen del empleador. Fijar si estas contribuciones son líquidas o si se pueden rescatar como renta. Dada la complejidad del reto, el paraguas de la propuesta europea debería facilitar el diálogo social y político que estas medidas precisan. Aunque, a la vista del clima actual, quizá sea este un anhelo un tanto ingenuo.
