¿Qué determina cuál es la nacionalidad de una empresa?
La internacionalización del negocio y del capital hace que el pasaporte de las firmas sea difuso, excepto en EEUU, China y Rusia
El artículo de la semana pasada sobre la Operación Colón, la fusión del BBVA y Unicredit planeada en 1999, ha provocado que varios lectores plantearan cuestiones muy interesantes sobre la nacionalidad de las empresas. Es precisamente el debate que salta a la mesa con las adquisiciones, sobre todo cuando afectan a empresas de diferentes países. El nacionalismo empresarial es uno de los argumentos más manidos para tratar de frenar operaciones trasnacionales, precisamente cuando la bandera de origen empieza a ser uno de los elementos más difusos, especialmente en las compañías multinacionales europeas.
¿Qué determina la nacionalidad de una empresa: su sede social, su sede operativa, dónde paga impuestos, dónde reside su supervisor, dónde cotiza, el país de procedencia de sus accionistas, el carnet de identidad de sus directivos y consejeros? Todos estos elementos contribuyen a generar una percepción sobre cuál es la nacionalidad de una compañía, pero ninguno por sí solo arroja toda la verdad. Un repaso a algunas empresas del Ibex 35 permite ver la diversidad de situaciones y ayuda a encontrar pautas que definen esa nacionalidad, que en algunos casos empieza a ser sutil.
Si nos fijamos en la banca, quizás se puede aseverar que donde está la sede operativa y el supervisor es la mejor aproximación para saber su nacionalidad. El Santander y el BBVA mantienen la sede social donde se fundaron, en Santander y Bilbao. Es cierto que entre el 60% y 70% del beneficio lo hacen en el exterior y que sus mayores accionistas son de Estados Unidos (Black Rock), pero resulta más relevante que los servicios centrales (el equipo directivo) estén en España, en Madrid, y que el 34% del capital esté en manos de pequeños accionistas españoles, algo que tiene un valor clave, como se acaba de ver en la opa sobre el Sabadell. El peso de su historia y el predominio español en sus equipos y consejos de administración no hace albergar dudas sobre su españolidad.
En cuanto a la relevancia del supervisor, cabe revisitar octubre de 2017, cuando el independentismo promovió el procés, la separación de Cataluña de España. El Sabadell y CaixaBank se llevaron sus sedes de Cataluña a la Comunidad Valenciana, aprovechando el vínculo con esa región que les dio las adquisiciones de la CAM y Bankia, respectivamente. Este cambio se debió a que los clientes estaban sacando sus depósitos en cuantías muy relevantes por miedo a perder la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la supervisión del Banco de España/Banco Central Europeo, algo que desaparecía de concretarse la secesión. Pese a todo, ambas entidades seguían manteniendo sus servicios centrales, el centro de mando, en Barcelona. Lo relevante era vincularse con el conjunto de España, que es lo que las ancla al FGD y al BCE y garantiza los depósitos.
Hay empresas con situaciones parecidas pero con las que se puede llegar a conclusiones diferentes porque el factor del regulador ya no es tan determinante. En Amadeus y Cellnex, por ejemplo, su españolidad viene de que nacieron como parte de Iberia y Abertis, respectivamente, y eso ha supuesto que su sede y servicios centrales estén en España y que coticen en la Bolsa de Madrid. Sin embargo, gran parte de su negocio está fuera, su capital está mayoritariamente en manos extranjeras y los consejos de administración están dominados por foráneos.
El capital de Amadeus está controlado por las mismas grandes gestoras de fondos que invierten en los bancos, si bien los dos CEO que ha tenido la empresa son españoles. En el caso de Cellnex, la familia italiana Benetton es el mayor accionista actualmente, lo que seguramente ha influido en que el CEO sea también italiano (Marco Patuano). Todo esto hace que su arraigo con España sea por sus servicios centrales, por el país donde fueron fundadas, un vínculo cada vez más liviano.
El caso contrario a los anteriores es el de Ferrovial, por ejemplo. Es una empresa cuyo principal accionista es la familia Del Pino, concretamente su presidente Rafael del Pino, con los servicios centrales en Madrid y la mayor parte del negocio en Estados Unidos. Sin embargo, desde 2023 su sede está en Ámsterdam (Países Bajos), donde ha tenido que trasladar a parte de los directivos, pese a que el negocio en ese país es inexistente, para dar coherencia a una decisión instrumental que le facilita el acceso al mercado bursátil de Estados Unidos a través de Euronext. En este caso, el peso de la familia Del Pino en el capital, del equipo directivo y de los servicios centrales transmiten una percepción de españolidad mayor que en las dos empresas anteriores.
Otro ejemplo muy diferente es Endesa. Tiene sede y servicios centrales en España, CEO español, todo el negocio en España y pertenece a un sector, el energético, que está profundamente regulado y cotiza en la Bolsa de Madrid. Sin embargo, la empresa pública Enel tiene el 70% del capital, lo que le da el dominio de todas las decisiones. Ese control es el que llevó a que Endesa vendiera todas sus filiales en Latinoamérica, ya que los italianos preferían hacer caja y cobrarse un buen dividendo con el que reducir el coste de adquisición de la eléctrica española. Fue una decisión empresarial que quizás no se hubiera tomado si Endesa continuara siendo española, pero esta compañía ya opera bajo la lógica de la nacionalidad italiana, más aún cuando el accionista de control es público.
Por tanto, la etiqueta de la nacionalidad en las compañías hace tiempo que dejó de ser binaria –local o extranjera–, para ser un concepto muy fluido, como pasa con tantos otras cosas. La libertad de movimientos de bienes y servicios y de capitales ha provocado que se difumine sobremanera el concepto, especialmente cuando se trata de compañías de países de tamaño medio y de una relevancia menor a escala global.
Sin embargo, es llamativo cómo en las tres grandes potencias globales (Estados Unidos, China y Rusia) la nacionalidad de las empresas es un elemento determinante y los Gobiernos defienden y usan a sus compañías y estas a sus Gobiernos sin rubor. TikTok era clave en las últimas conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos y China. Al tiempo, las últimas amenazas de Donald Trump sobre la UE han venido derivadas de las sanciones impuestas por Bruselas a sus empresas tecnológicas. Unos por capitalismo y otros por comunismo utilizan y protegen a sus empresas de una manera que quizás debería aprender Europa, para lo que el primer paso es promover activamente fusiones de las que resulten multinacionales europeas capaces de competir con americanas y chinas.