¿Se puede vivir sin Presupuestos?
Malamente, en un sistema democrático basado, precisamente, en controlar al Poder Ejecutivo
Estamos ante la primera legislatura sin Presupuestos. Porque ha vuelto a hacerlo. El Ejecutivo ha vuelto a incumplir el artículo 134 de la Constitución, cuando en su punto 3 establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” ya que, en su punto 2 establece que los Presupuestos “tendrán carácter anual”.
No presentar Presupuestos debería ser causa automática de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones. Porque presentarlos en plazo y forma ante...
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Estamos ante la primera legislatura sin Presupuestos. Porque ha vuelto a hacerlo. El Ejecutivo ha vuelto a incumplir el artículo 134 de la Constitución, cuando en su punto 3 establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” ya que, en su punto 2 establece que los Presupuestos “tendrán carácter anual”.
No presentar Presupuestos debería ser causa automática de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones. Porque presentarlos en plazo y forma ante el Congreso, no es algo optativo que se pueda hacer, o no, según estime el Gobierno de turno. Es algo que la Constitución fija como obligatorio, tal vez, porque el origen de la democracia se sitúa, precisamente, en el establecimiento de un control externo de los ingresos y gastos de los monarcas absolutos, acostumbrados, hasta entonces, a manejar las cuentas públicas a su antojo y sin rendir cuentas.
Tan importante se considera la existencia de presupuestos anuales controlados por el Parlamento que la propia Constitución establece como excepción, para el caso, repito, excepcional, de que no se hubieran aprobado el primer día del siguiente ejercicio económico, “se considerara automáticamente prorrogados los del año anterior”. Es decir, la prórroga obligatoria demuestra que, por su importancia, siempre ha de existir unos presupuestos en vigor, dos, está prevista en caso de no aprobación, nunca de no presentación, escenario que ni se contempla como posible en la Constitución, tres, no presentarlos es tanto como hurtar al Congreso la capacidad esencial de analizar y controlar cómo obtiene el Gobierno los ingresos y a qué gastos los destina y, cuatro, la prórroga es un escenario de máxima excepcionalidad que solo debe durar mientras se encuentra la solución al problema que haya motivado la no aprobación.
Pero, ¿qué son los Presupuestos? ¿Por qué es tan importante presentarlos y aprobarlos? La teoría dice que son “la expresión cifrada de las obligaciones y derechos a liquidar por el sector público, central y autonómico, y funcionan como el principal instrumento de la política económica del Gobierno”. Yo prefiero definirlos como las matemáticas de la política, ese documento donde todas las promesas de los políticos quedan reflejadas en términos de hasta dónde voy a cumplirlas ahora, cuánto cuesta y cómo pretendo pagarlas, así como en cuanto me endeudo si no hay bastante.
Los Presupuestos serían el lugar donde las musas de la política se convierten en el teatro de las promesas. Por eso son tan importantes, ya que nos permiten verificar la seriedad de unos políticos a los que cuesta muy poco criticar y prometer, pero que se muestran más reacios al hacer lo que dicen y que quede reflejado, con ingresos y gastos, en los Presupuestos. Entender en qué y cómo se emplea y se controla el gasto público y quién y cómo lo financia anualmente, es conocer los Presupuestos y su importancia para planificar, controlar y dar transparencia anual a lo que, de verdad, hacen y no dicen, los Gobiernos.
La mayoría de las veces en que un Presupuesto se ha visto prorrogado, incluso no presentado en plazo, se ha debido a una convocatoria electoral previa (1978, 1982, 2011) y, en estos casos, los del año siguiente se han presentado y aprobado con retraso. En 1995, se presentaron y al cosechar una derrota parlamentaria, se convocaron elecciones. Durante el mandato de Rajoy, tanto en 2017 como en 2018, hubo prórroga porque se aprobaron tarde, pero hubo presupuestos. La “moda” de mantener unos Presupuestos prorrogados, sin presentar unos nuevos, ni aún con retraso, empezó con Sánchez en la Presidencia y, así, hecho insólito, seguimos teniendo vigente, todavía, los de 2023 que se mantendrán, mínimo, hasta 2026 o, incluso, durante toda la legislatura.
Además del recurso al Decreto-Ley, existen trucos presupuestarios suficientes para ir sorteando esta situación tan anómala: por ejemplo, el gasto en defensa se puede incrementar gracias a que ya el exministro Montoro, para eludir que contabilizara en el cálculo oficial del déficit público, lo desplazó al capítulo 8 de activos financieros convirtiéndolo en préstamos a las empresas que son devueltos, luego, con el tiempo, por el Ministerio de Defensa. Gracias a ese mecanismo podrá el Gobierno cumplir con su incremento del gasto en defensa, sin tener nuevos Presupuestos. Es lo que se llamó “contabilidad creativa” que, entre otras cosas, elude el control parlamentario de una parte importante de los ingresos y gastos públicos, afectando, como ha señalado la Airef, a la adecuada transparencia y a la rendición de cuentas.
Vivimos pues, constatada ya la no presentación de los Presupuestos para 2026 en plazo y forma, tres anomalías democráticas: no conocemos las prioridades del Gobierno en política económica; se mantiene en funcionamiento un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria para hacerlo y se pierde capacidad de control sobre la gestión del Ejecutivo. Un triple retroceso democrático que no puede dejarnos inactivos.
No debemos, pues, acostumbrarnos a vivir, de manera estable, sin nuevos presupuestos, aunque ello, en este mundo deconstruido, no impida que se mejore la calificación de nuestra deuda pública, como acaban de hacer las principales agencias de rating del mundo ratificando la solvencia del país (a pesar del Gobierno, dicen) por su buena marcha económica, de la misma manera que la importante creación de empleo es compatible con mantener un elevado paro estructural y un porcentaje inaceptable de “trabajadores pobres” por sus bajos salarios y escasas horas contratados, a los que les cuesta, cada vez más, la cesta de la compra o una vivienda digna cuyos precios no paran de subir, en ambos casos.
No habrá Presupuestos 2026 y el Gobierno lo asume, mareando la perdiz para alargar, mes a mes, una legislatura que nunca debió empezar. Sí, se puede vivir sin Presupuestos. Pero malamente en un sistema democrático basado, precisamente, en controlar al poder Ejecutivo.