Criptomonedas y cibercrimen, el lado oscuro del anonimato
El blanqueo de capitales o el fraude del ‘falso trader’, son hoy realidades que demandan una respuesta
Las criptomonedas han irrumpido con fuerza en la economía global y, en los últimos años, han revolucionado el sistema financiero. Ofrecen libertad financiera, acceso sin intermediarios y rapidez en las transacciones. Sin embargo, también proporcionan anonimato, una característica que, aunque legítima en su diseño, ha sido ampliamente explotada por el crimen organizado y los ciberdelincuentes. La realidad es que estas monedas digitales se han convertido en un instrumento clave para actividades ilícitas, destacando, en especial, el blanqueo de capitales como su uso más extendido y sofisticado.
En el mundo del cibercrimen, el dinero sucio necesita ser legitimado. Las criptomonedas, con su diseño descentralizado y su capacidad de operar en redes anonimizadas, han facilitado ese proceso como ninguna otra tecnología antes. A través de técnicas como los mixers, servicios que mezclan fondos de distintos orígenes para dificultar su trazabilidad, y el chain-hopping, transferencia entre diferentes blockchains, los delincuentes logran ocultar el rastro del dinero de forma cada vez más eficaz.
Esta “limpieza digital” es hoy el verdadero motor de buena parte de las operaciones delictivas en internet. No se trata tan solo de ocultar ganancias, sino de financiar operaciones más amplias y complejas. De hecho, muchas mafias y células terroristas han empezado a utilizar las criptomonedas como herramienta de financiación gracias a estas características técnicas. Y es que rastrear estos movimientos requiere una combinación de tecnologías de análisis avanzado y colaboración internacional de alto nivel.
A este escenario se suma una creciente ola de fraudes relacionados con el supuesto mundo de la inversión en criptomonedas. Uno de los más frecuentes, y menos denunciados por vergüenza o desconocimiento, es el del falso trader, es decir, individuos o entidades que se hacen pasar por expertos en inversiones digitales prometiendo rentabilidades imposibles. Las víctimas, en muchos casos, ciudadanos comunes sin conocimientos financieros, entregan sus fondos convencidos de que están invirtiendo de forma legítima en activos digitales. Una vez el dinero es transferido, desaparece a través de operaciones imposibles de rastrear tras pasar por varias carteras, mixers y exchanges no regulados.
Así pues, este tipo de fraude ha tenido una incidencia especialmente alta en los últimos años, ayudado por las redes sociales, grupos de mensajería y falsas plataformas de inversión que imitan el interfaz de empresas financieras legitimas para ganar credibilidad. Lo preocupante es que en muchas ocasiones estos esquemas no son obra de individuos aislados, sino de redes organizadas, incluso con vínculos internacionales y ramificaciones en el crimen organizado.
El papel de los ‘stablecoins’
Aunque las criptomonedas como bitcoin o ethereum son las más populares entre los usuarios, también son volátiles. Es por ello que se diseñaron los stablecoins como USDT o USDC con el objetivo de mantener una paridad constante con el dólar. Sin embargo, se han convertido en aliados estratégicos para los delincuentes. Y es que es esta estabilidad la que facilita el movimiento de grandes sumas sin riesgo de devaluación, lo que los hace ideales para actividades como la extorsión, la compraventa ilegal o la financiación encubierta de actividades delictivas.
Por otra parte, la diversificación de técnicas de evasión hace que cada vez sea más difícil el rastreo. El uso de exchanges sin controles de cumplimiento normativo, la creación de wallets temporales o desechables y la fragmentación deliberada de fondos entre miles de pequeñas transacciones, forman parte de una estrategia que exige una respuesta cada vez más técnica por parte de los investigadores.
Ante este panorama, el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas basadas en inteligencia artificial son clave para hacer frente al crimen digital basado en criptomonedas. Ya existen sistemas que analizan de forma automatizada el comportamiento de millones de transacciones en tiempo real. Estas detectan patrones anómalos, agrupan direcciones sospechosas, asocian wallets con actividad delictiva y crean mapas de relación entre usuarios y plataformas.
Estas soluciones tecnológicas son fundamentales para apoyar el trabajo de agencias internacionales, así como fuerzas y cuerpos seguridad. Permiten identificar puntos críticos en la cadena de transacciones y obtener evidencias que antes eran imposibles de rastrear para congelar estas actividades y, en algún caso, llevar a estos delincuentes ante la Justicia. De hecho, han sido decisivas en operaciones de desmantelamiento de redes de ransomware, recuperación de fondos y detección de esquemas de fraude internacional.
En este esfuerzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como unidades de inteligencia militar, juegan un papel decisivo. La colaboración entre organismos internacionales y entidades privadas especializadas ha permitido no solo entender cómo operan las mafias en el ecosistema cripto, sino también detectar flujos financieros vinculados al terrorismo, narcotráfico o trata de personas.
España ha avanzado de forma significativa en la creación de unidades especializadas y en la incorporación de perfiles técnicos que permiten combatir estos delitos desde una perspectiva tanto jurídica como operativa. No obstante, el reto sigue siendo global. Y es que mientras haya jurisdicciones opacas, plataformas que se niegan a colaborar y lagunas normativas, el crimen digital seguirá encontrando refugio.
En conclusión, las criptomonedas son una innovación tecnológica que ha venido para quedarse y transformar el sistema financiero. Sin embargo, su mal uso por parte de organizaciones criminales representa un desafío en el cual tanto organismos policiales como empresas privadas seguimos trabajando. El blanqueo de capitales, el fraude del “falso trader”, el uso de técnicas avanzadas para evadir el control y utilización de stablecoins como vía de transferencia de fondos ilícitos son hoy realidades que demandan una respuesta contundente.
Álvaro Fernández de Araoz Gómez-Acebo es fundador y CEO de Correcta y consejero del Grupo Armora.