Una Ley de Industria…para la industria
Más allá de un marco normativo coherente, la normativa debe promover una forma de trabajar y colaborar entre todos
Si volvemos la vista a 1992, muchos españoles coincidiremos en que fue un año memorable, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla o el primer AVE como hitos que recordamos. Fue justamente cuando me incorporé a mi compañía y al sector industrial. Y también, precisamente, cuando se promulgó la Ley de Industria hoy vigente… Ahora, por fin, tenemos una nueva Ley de Industria en ciernes. Mucho han cambiado España y el mundo a nivel industrial desde entonces.
La transformación en la industria mundial en estas tres décadas ha sido impresionante. Las principales economías occidentales han visto reducirse el peso de la industria en su PIB. En España, representaba en torno al 21% y hoy está en el 16,1% (INE, 2023). En este tiempo, China se ha convertido en el mayor productor del planeta, mientras algunos países emergentes han optado por reindustrializar sectores estratégicos. La presión por reducir emisiones ha impulsado industrias como la energía, eólica, baterías y vehículos eléctricos, mientras que la Cuarta Revolución Industrial ha transformado la producción con tecnologías que reducen la mano de obra intensiva. Por si fuera poco, eventos como la pandemia y la guerra comercial han llevado a una regionalización de las cadenas de suministro.
Sin embargo, el desafío, tanto para España como para Europa, es el mismo ahora que entonces: necesitamos un sector industrial fuerte y competitivo, que sustente la economía y actúe como pilar del empleo y del estado del bienestar.
Y para lograrlo, sin duda, el mejor comienzo es una nueva Ley de Industria que impulse una nueva estrategia industrial para incrementar el peso del sector, ayude a su modernización, a su encaje en el nuevo orden industrial mundial y a mejorar la competitividad y el empleo. Por ello es imprescindible el mayor consenso político, como lo tuvo, por ejemplo, la Ley de Ciencia. Este gran acuerdo de país debe comprender a todos los que somos y hacemos industria. Fundamentalmente, a las empresas.
La ley aborda una nueva gobernanza, promueve una mayor autonomía estratégica, el fomento y promoción de la cultura industrial, el impuso a la internalización y la transformación hacia una industria de cero emisiones, entre otras medidas. Es muy positivo que se contemplen herramientas para definir la orientación de la política industrial española en coordinación con las comunidades autónomas y los agentes económicos. Debemos crear una hoja de ruta coherente, que tenga en cuenta las capacidades y ambiciones territoriales, así como sus estrategias de innovación, que fomente la especialización y la complementariedad. Solo en este marco de colaboración y consenso entre todas las administraciones será posible dinamizar nuestro mapa industrial y, a la vez, estimular territorios, economías y sociedades. La industria, de ello tenemos buenos ejemplos en España, es un factor de reequilibrio demográfico.
Será fundamental abordar de una vez por todas la competitividad industrial, una de nuestras debilidades. Su mejora facilitará alcanzar los objetivos que la ley pretende. Para ello, necesitaremos mover al unísono tres palancas que hoy tenemos atascadas: eficiencia energética, inversión y tamaño empresarial. Lo esperanzador es que depende en gran medida de nosotros.
Para conseguirlo, hace falta empezar por fortalecer la estructura y el peso del Ministerio de Industria con suficientes atribuciones. Son buenas noticias la creación del Consejo Estatal del Política Industrial, la conferencia sectorial de Industrial y PYME, y el foro de Alto Nivel de la Industria española. Pero no parece suficiente ni razonable que, si hablamos de un proyecto de país, la reindustrialización sea responsabilidad de un único ministerio. Incide en el empleo, en la innovación, en la transición ecológica, en el transporte, en la cohesión social y, cómo no, en la Hacienda Pública. Sería deseable la implicación y compromiso de todos los ministerios correspondientes para coordinar y priorizar las medidas.
Debemos seguir trabajando para garantizar el suministro energético a un precio competitivo desde el compromiso con la sostenibilidad. El Pacto para una Industria Limpia que ultima la Comisión Europea promoverá una batería de medidas para abaratar la energía verde, desde incentivos fiscales hasta desgravación de inversiones. El objetivo es combatir el hándicap que sufren las empresas europeas. Y España tiene argumentos no para subirse, sino para dirigir este tren.
Respecto a la inversión, tenemos el aval de los informes de Draghi y Letta para crear ambiciosos mecanismos de financiación público-privada que impulsen esa competitividad. Europa estima que necesitará inversiones de 620.000 millones de euros al año para la transición verde y de 125.000 anuales para la digitalización. Una Ley de Industria debe ser también dinamizadora de la innovación. Más que nunca, podríamos potenciar herramientas como la compra pública de innovación y valernos de instrumentos que permitan industrializar la I+D, dando salida a grandes proyectos de startups creadas en torno a universidades y centros de investigación, con gran futuro, pero dificultad para escalar al mercado.
Pero, sobre todo, hay que comprometerse con una mayor simplificación normativa y administrativa. El Banco de España alertó de que en 25 años -entre 1995 y 2020- se promulgaron más de 206.000 normas, que afectaron sobre todo al sector manufacturero y que están lastrando el crecimiento de la economía. Las empresas necesitamos marcos ágiles, transparentes, homogéneos y estables para acometer proyectos con garantías de que no serán una pesadilla burocrática. Como Santo Tomás, deberemos verlo para creerlo, dada la criticidad de este aspecto para acelerar el crecimiento industrial que necesitamos.
Y finalmente, todo debe estar focalizado en conseguir, ahora o nunca, impulsar el crecimiento empresarial, en número, pero sobre todo en tamaño. Tenemos estudios de sobra que muestran la proporción directa entre el tamaño de las empresas y su productividad, así como la ventaja competitiva de aquellas regiones y países cuyas empresas son más grandes. Además de fomentar la consolidación empresarial y el efecto tractor de grandes empresas a pymes, es hora de adaptar la normativa laboral a los tiempos que corren y flexibilizar medidas que hoy constriñen el crecimiento, especialmente las que penalizan tener más de 50 empleados y facturar más de seis millones de euros.
En definitiva, una Ley de Industria es absolutamente necesaria y bienvenida, pero tendrá que ser de todos para que sea verdaderamente una estrategia de país. Y más allá de un marco normativo coherente, debe promover una forma de trabajar y colaborar entre todos los actores de este gran sector. Dijo Aristóteles que “la excelencia no es un acto, es un hábito”. Si es una ley para la industria, será una ley para todos los que creemos que podemos sostener la España excelente y envidiable del futuro.
Leopoldo Maestu es presidente de Alstom España y miembro del patronato de la Fundación I+E.
