Claves para seguir el rastro de los pagos ilegales a políticos
Una voluntad firme de limpiar las instituciones pasaría por reforzar el marco legal que reduzca el riesgo de corrupción
Los apoyos del Gobierno parecen fisurarse por las sacudidas de un terremoto de gran magnitud política con un número de réplicas aún desconocido que, por el momento, implican a dos destacados dirigentes socialistas en el presunto cobro de comisiones ilegales procedentes de empresas constructoras para lograr ocho adjudicaciones de obra pública; lo que también agrava la erosión de la confianza de los ciudadanos en la política al ver a lo largo de los años que algunos dirigentes siguen corrompiéndose en determinados ámbitos estatal, autonómico o local.
El último secretario de Organización del PSOE aguantó su dimisión hasta justo el día en que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le vinculó a una red de presuntas adjudicaciones irregulares ligadas a quien fue su antecesor en el cargo y exministro de Transportes y a Koldo García. El informe sostiene que estas personas habrían gestionado buena parte de los pagos supuestamente percibidos por un montante total que hasta la fecha supera los 600.000 euros.
La investigación que ahora copa el debate político y mediático recoge los nombres de las empresas constructoras y de los encargados de organizar los pagos derivados de las comisiones por las adjudicaciones públicas irregulares. Según el informe basado en conversaciones grabadas entre los implicados, la Guardia Civil estaría desentrañando la supuesta corrupción (delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal) de 10 personas que son investigadas, y se han realizado 26 registros domiciliarios o societarios.
Pero desde un punto de vista estrictamente técnico, querríamos saber ¿cómo se han instrumentado esos pagos ilegales y cómo puede seguirse su rastro?
Sobre la primera pregunta, uno de los instrumentos más habituales en casos de corrupción y de blanqueo de capitales para tratar de enmascarar el delito, es el uso de entramados societarios y facturas falsas con el fin de canalizar los pagos ilícitos a dirigentes públicos, ocultando el origen y el destino final de sumas de dinero con las que se logran determinados tratos de favor.
El modus operandi habitual es que las empresas corruptoras utilizan facturas falsas para justificar la salida de dinero de sus cuentas bancarias y, tras pasar por varias empresas del entramado societario, terminan en manos de los políticos implicados.
A modo de ejemplo, la mecánica suele repetirse en distintos tipos de fraudes económicos: una empresa corruptora A paga una factura por un supuesto servicio a una empresa B, la cual hace lo propio con una empresa C, y así sucesivamente, hasta que el dinero llega a una última empresa E del entramado, que es la encargada de entregar el efectivo al político corrupto o a una sociedad de la que es beneficiario último.
Facultades para contratar
De esta forma, las empresas intermedias quedan prácticamente saldadas en los pagos y cobros, y la última empresa E, que suele estar controlada de forma directa o indirecta por la propia corruptora A, cierra el círculo de la operación.
Este entramado se complica aún más al situar a algunas sociedades interpuestas en el extranjero, lo que dificulta su descubrimiento. Así, no solo se pretende proteger al político, sino también al empresario, que incluso puede deducir el gasto y el IVA de las citadas facturas falsas. En definitiva, aparecen cuentas bancarias con movimientos aparentemente legales, contratos simulados y sociedades interpuestas que actúan como pantallas.
Sobre la segunda pregunta, los investigadores se enfrentan a un análisis laborioso del entramado societario descrito. Deben revisar los extractos bancarios de la empresa corruptora y de los corrompidos, buscar las fechas de las entradas y salidas de dinero que sean similares al importe o al momento en que se sospecha el soborno, seguir la pista por ambos lados requiriendo nuevos extractos, indagar en el objeto de las facturas sospechosas, y así hasta deshilar el ovillo contable que une a la empresa corruptora con el político beneficiado.
Con el tiempo, los corruptores se han visto forzados a recurrir a métodos más complejos y enrevesados para sobornar a políticos por la imposibilidad de realizar grandes pagos en metálico en España, especialmente desde que en 2012 la anterior ley antifraude limitó a 2.500 euros los pagos en efectivo entre empresas, y restringidos aún más desde que la vigente Ley de Prevención del Fraude Fiscal rebajó este limite a 1.000 euros en julio de 2021.
En definitiva, más allá del castigo a los corruptos y corruptores, una voluntad firme de limpiar las instituciones pasaría por reforzar el marco legal que reduzca el riesgo de corrupción, a medida que se descubren los fraudes, incluir alertas tempranas, aumentar las competencias y funciones de los técnicos de auditoría y contabilidad en la Intervención General del Estado, implementando procedimientos de control dirigidos específicamente a detectar irregularidades desconcentrando las facultades para contratar en órganos que siempre serían colegiados, comprometerse en una mayor transparencia en las contrataciones públicas y en el fundamento de las decisiones gubernamentales…
En síntesis, habría que ir taponando sucesivamente los espacios por los que surjan nuevos casos de estos delitos para que la opinión pública no considere que se tolera la corrupción en España.
No obstante todo lo anterior, conviene no olvidar un dato, como es el de que en 2024 las licitaciones del sector público estatal, autonómico o local alcanzaron casi 113.100 millones, más IVA, en 206.210 expedientes. Por ello, los casos de corrupción, siendo muy graves, no pueden enfangar toda la contratación pública, que en su inmensa mayoría es correcta.
Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)