¿Son los ricos el problema?
La lucha contra la pobreza exige una economía orientada al bien común, o, mejor, a crear riqueza
Mucho se habla de los ricos, y muy poco, o casi nada, de los pobres. Pero la verdad es que la pobreza va en aumento.Se trata, desgraciadamente, de un colectivo muy numeroso del que solo las organizaciones no gubernamentales parecen estar preocupadas por ellos.
Más allá de las buenas intenciones del Gobierno recogidas en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, no conozco ningún plan público contra la pobreza que haya culminado con éxito. No me refiero a las ayudas, sino a la solución del problema.
La pobreza no se hace oír, pero existe. No es un lobby organizado, ni se les ve ni se les oye manifestándose por las calles.
Salvo error por mi parte, no existe un censo al que las diferentes Administraciones puedan acudir para identificar con nombres y apellidos las personas en riesgo de exclusión social y sus circunstancias; censo, por cierto, que es imprescindible para que las ayudas sean eficaces. Tenemos, eso sí, estadísticas, pero no es suficiente Es necesario tener identificadas las personas que viven en tales situaciones y sus circunstancias.
Llama poderosamente la atención que se destinen ingentes recursos públicos, económicos y humanos, a la obtención y tratamiento de información con la finalidad de controlar y combatir el fraude fiscal, y que poco, o muy poco, se haya hecho con la finalidad de averiguar la identidad de aquellas personas que deberían ser los principales beneficiarios de los impuestos que pagamos.
Los impuestos no son solo el ingreso público por excelencia que permite cubrir el gasto público, sino un importante instrumento para paliar los supuestos de vulnerabilidad. Son, para entendernos, la expresión más clara de la responsabilidad subsidiaria que las Administraciones Públicas tienen.
Casi un 30 % de nuestros conciudadanos están en riesgo de pobreza. Se dirá, y es cierto, que los bonos sociales o el ingreso mínimo vital son un gran avance. Sí. Pero la verdad es que las ayudas no han llegado a todos sus destinatarios. No deja de ser paradójico que se destinen recursos a la lucha contra el fraude fiscal y no a la lucha contra la pobreza, o, mejor, a identificar a quienes son uno de los beneficiarios directos de una parte de los impuestos que pagamos.
No conozco, tampoco, ningún plan de inspección con la finalidad de combatir el fraude en las ayudas. Pero no nos engañemos. Las ayudas públicas no son la solución a la pobreza. Ahora se habla de una prestación universal para combatir la pobreza infantil. Pero las ayudas, que son necesarias, no solucionan el problema. Lo alivian, pero no lo resuelven. Resolverlo es atajar sus múltiples y muy variados orígenes y aplicar políticas activas y selectivas que permitan la reinserción social de las personas humanas a las que nos referimos. Requiere de acciones y de atención social
La lucha contra la pobreza exige también la contribución solidaria del sector privado mediante aportaciones cuya fiscalidad debe ser incentivada por la Administración. Exige, igualmente, una estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales, como punto de encuentro entre quienes carecen de recursos suficientes y la propia Administración. Son, además, mucho más eficaces que esta última. Pero no nos engañemos: requieren de ayudas públicas.
La lucha contra la pobreza exige, también, una economía orientada al bien común, o, mejor, crear riqueza como medio para conseguirlo. Es igualmente curioso que el mínimo personal y familiar en el IRPF se mantenga inalterable en 5.550 euros anuales por persona, y el umbral de pobreza por persona se sitúe en torno a los 8.000,00 euros, importe casi idéntico al del ingreso mínimo vital y muy por debajo del salario mínimo interprofesional. El mínimo personal y familiar, recordémoslo, es el umbral mínimo a partir del cual se considera que es razonable que se grave el exceso de ese importe. Pero claro, elevarlo impacta en la recaudación, como impacta también no deflactar la tarifa del IRPF. En cualquier caso, no deja de ser una contradicción interna del propio sistema.
También me pregunto por qué no es posible bonificar, mediante bonos sociales, el IVA de productos básicos, o el importe de otros impuestos que gravan servicios esenciales como el agua.
Sea como fuere, el haz de ayudas públicas es tan amplio y diverso que exige reordenarlo y simplificarlo, evitar duplicidades, y valorar su eficacia, tarea que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ya ha hecho parcialmente.
Es cierto que no hay dinero para todo. los impuestos tienen, o han de tener, un límite. Es pues necesario priorizar y seleccionar las ayudas. El Estado no es el responsable de nuestro sustento económico, sino de proporcionarnos las oportunidades para desarrollarnos como personas y tener una vida digna. El problema es que afrontar ese reto exige priorizar y tiene un coste electoral.
No nos preocupemos tanto de los ricos, sino de los pobres. El problema, no son los ricos. Es la pobreza. Y su solución, o parte de la misma, no es un impuesto a la riqueza. Pobreza y riqueza son cuestiones distintas que interesadamente se mezclan en perjuicio de todos. Una cosa es que se haya que mejorar la progresividad y equidad del sistema tributario, y otra, muy distinta, que la lucha contra la pobreza ha de ser tan importante como la lucha contra el fraude fiscal. La verdad es que parece que los pobres no sean el objetivo de la acción política, y que lo único que importa es recaudar.
Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor asociado en la UPF y socio director en Durán-Sindreu.