¿Es tonto el que trabaja en Alemania?
Este año habrá tijeretazo social en el país, que celebra elecciones el 23 de febrero
Berlín recortará en 2025 la ayuda social (que dejará de llamarse “dinero ciudadano”) para estimular el trabajo. Y dará “cama, pan y jabón” a los refugiados rechazados hasta que puedan ser expulsados. Los democristianos y socialcristianos, que liderarán el Gobierno que viene, prometen un nuevo milagro económico alemán en lugar de “recesión verde” (en alusión al Gabinete rojiverde actual).
La cuestión de si es tonto el que trabaja se ha convertido ya en uno de los ejes de la campaña electoral. El nuevo Gobierno democristiano liquidará en 2025 el dinero ciudadano (medida introducida por el tripartito en 2023 para garantizar un mínimo a quienes no trabajan o ganan muy poco) y recuperará la fórmula de la escueta ayuda social para instaurar una nueva austeridad basada en el recorte de los gastos sociales y el estímulo al trabajo.
Por ejemplo, se sancionará a quienes percibiendo ayudas se nieguen a trabajar. ¿Son tantos? Pues exactamente 13.838 personas, según datos de Tagesschau (la TV pública alemana). Los partidos democristiano y socialcristiano, CDU y CSU, que lideran las encuestas (con un 32% de la intención de voto), prometen recuperar la cultura del esfuerzo y financiar las inversiones futuras ahorrando en lo social.
En 2025 habrá tijerazo. El liberal Christian Lindner, una figura muy controvertida tras su salida del Gobierno de Olaf Scholz, advierte incluso: “Si la política no cambia de rumbo, en 2029 los alemanes cuestionarán el sistema [democrático]”. Argumenta que Alemania precisa menos Estado y un viraje hacia una política migratoria más realista para aumentar el volumen de trabajo. Un diagnóstico que coincide con el del canciller que viene, Friedrich Merz.
La clave: 5,5 millones de personas perciben ayuda social, de los cuales 2,6 millones son extranjeros, en un país muy desigual y con claras dificultades para ascender socialmente todavía en el siglo XXI. La mayoría de ellos proceden de Ucrania (717.000), Siria (518.000) y Afganistán (200.456). Entre la población no encaja bien el dato de que el 45% de los ucranianos perciba dinero ciudadano y no trabaje. Aumenta la sensación de que la emigración masiva desborda el sistema social y rompe esquemas, y que el futuro económico será peor.
¿Es tonto el que trabaja? Para el nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 23 de febrero esa será una cuestión prioritaria, ante la pérdida de consenso político (polarización) y de consenso social (descontento) por la percepción de injusticia social. Millones viven del Estado en un momento de fuerte reestructuración económica; provocando inseguridad y rivalidad entre los grupos de población con menos recursos. Merz denuncia: “Muchos trabajadores expresan su deseo de dejar de trabajar y acceder a la ayuda social para vivir del cuento”. Y ello en un entorno geopolítico excepcional, al que se suma la policrisis generada por la guerra en Europa y la decisión de desconectarse de la energía rusa (carbón, petróleo y gas) de un Gobierno de constelación tripartita muy compleja.
La campaña electoral seguirá siendo brutal, pronostica el diario Süddeutsche Zeitung. Tanto liberales (FDP) como democristianos (CDU y CSU) han puesto el foco en los recortes sociales. Merz ha dicho que, para financiar su agenda (menos impuestos, más gasto en defensa, e inversión en infraestructuras) reducirá los presupuestos sociales. Calcula que ahorrará miles de millones de euros apretando las tuercas a los beneficiarios del dinero ciudadano. Incrementará las sanciones a los parados de larga duración e impedirá el acceso a quienes tengan patrimonio. “Quien pueda trabajar, deberá hacerlo.”
Hace 15 años, la mitad de los perceptores de la ayuda social (antes llamada Hartz IV) no contaba con ningún tipo de estudios o de formación; hoy esa cifra alcanza el 66%. También los liberales opinan que la reforma social permitirá reducir la carga fiscal. “Lo cual es más justo, porque aumentará la diferencia entre los ingresos por trabajo y los ingresos por ayuda social”. Que el trabajo vuelve a valer la pena, reclaman.
Los socialcristianos (CSU) que cogobernarán con Merz advierten de que quieren vincular el derecho de residencia a los ingresos laborales. Para conservar su permiso de residencia en Alemania, los extranjeros deberán demostrar que no dependen de los servicios sociales. Markus Söder, presidente de Baviera y jefe de los socialcristianos, argumenta: Alemania necesita mano de obra extranjera, pero no emigrantes dependientes del Estado. Siendo Angela Merkel todavía canciller, rechazó la propuesta del partido CSU, la rama bávara del partido CDU, de decidir en las fronteras quién puede entrar y quién no. Ese es ahora el nuevo lema de la Unión democristiana: “Ley y orden”.
Ambos partidos anuncian control de fronteras y despido consecuente de emigrantes. “La primera medida será el rechazo a quienes no tengan derecho a entrar en Alemania: los emigrantes que hayan viajado a través de otro país de la UE o de un país considerado seguro.” También se acelerará el proceso de asilo y se reconocerán más países como seguros. Se contempla la devolución a Siria y a Afganistán y se aprueba la fórmula de traslado a terceros países. Tampoco se acogerá a los familiares de los refugiados con protección subsidiaria. Y se impulsarán las medidas Job-turbo para integrar rápidamente a los refugiados en el mercado laboral.
Söder está en su elemento. Ley, orden, línea dura. Palabras que ahora también repite Merz. Ante la crisis económica estructural de la República Alemana, no quedan recursos para regalos sociales, dice el jefe del consejo económico de los democristianos, Wolfgang Steiger. Todavía no se quiere modificar la edad de jubilación, pero sí estimular el trabajo más allá de la edad de retiro (hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos). También las horas extras (en contratos de jornada completa) estarán exentas. Y se introducirá la cotización temprana para las pensiones. El Estado aportará 10 euros mensuales entre los 6 y los 18 años de edad para aportar a un fondo privado de pensiones.
En la misma línea se posiciona el liberal Lindner (cuyo partido se tambalea y podría caer por debajo del 5%), quien propone “aumentar el volumen de trabajo realizado en Alemania”: más mujeres (muchas trabajan a media jornada), más horas extras, jubilación más tardía, y, por supuesto, más Job-turbo para todos los perceptores de ayudas sociales.
El canciller que viene quiere también impulsar el crecimiento económico bajando los impuestos (tipo máximo del 25% para sociedades). Pero los investigadores económicos avisan de que las cuentas no salen. Las promesas de CDU y CSU costarán 100.000 millones. Costes que no se podrán cubrir con el recorte en migración y ayuda social. Queda el milagro económico. Los cálculos de ahorro de Merz: “Refugiados: 50.000 millones. Dinero ciudadano: otros 50.000 millones.” Por supuesto, no quiere tocar el freno a la deuda, una promesa difícil de mantener.
¿Qué dice la industria? Siegfried Russwurm, jefe de la BDI, la Federación de Industrias Alemanas, hace una foto panorámica y lo explica así: “Alemania tiene problemas estructurales complejos. Prioritario es crecer. Menos burocracia, energía barata, y sí al cambio verde. Habrá que financiar el envejecimiento de la población, la seguridad (defensa), y la descarbonización.” Conclusión: Alemania deberá decidir qué se puede permitir y qué no.
¿Es tonto el que trabaja? No y (casi) sí... No, porque la vida es también trabajo. Sí (casi), porque la diferencia entre el sueldo mínimo por trabajo (2.051 brutos, entre 1.200 y 1.500 netos) y el sueldo ciudadano (563 euros por persona sola, 1012 por pareja, más pago del alquiler y calefacción) no encaja.
Lidia Conde Batalla es periodista y analista de economía y política alemana.