Conferencia de Presidentes: ¿Otra vez, no nos representan?

Tenemos un problema grave de país, que alimenta el malestar, el desengaño y el populismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la Conferencia de Presidentes en Santander.Nacho Cubero (Europa Press)

Lo llamaron Conferencia de Presidentes, pero no lo fue: en realidad, era otro foco mediático para escenificar la permanente confrontación entre PP y PSOE. Resultado: no se resuelve ninguno de los problemas que afectan a los ciudadanos, las instituciones democráticas se muestran ineficientes para cumplir con sus funciones y, como consecuencia, sube el malestar y crece el populismo. Hasta que los políticos no entiendan esta ecuación simple y continúen encerrados en sus mundos, lanzándose los juguetes a la cabeza, la crisis de la democracia como sistema político seguirá profundizándose y las opciones autocráticas ascenderán.

Si el presidente del Gobierno echó en cara al líder de la oposición en una reciente sesión de control que en todo el tiempo que lo es, ni una solo vez le había preguntado por los problemas reales que preocupan a los españoles, hoy podemos echarle en cara al presidente, como coordinador de la Conferencia, que tampoco él se ha preocupado de que los problemas reales que figuraban en el orden del día estuvieran dispuestos para el debate y su resolución, que solo puede ser pactada. En las últimas semanas, le ha dedicado mucho más tiempo el Gobierno a intentar pactar con sus socios un asunto muy menor, el impuesto a las energéticas, que a intentar resolver los graves problemas que se trataban entre los presidentes, y que solo se puede hacer pactando con las CC AA. Parece que tanto Gobierno como oposición tiran la toalla en la búsqueda de acuerdos transversales y se enrocan en sus respectivas esquinas de crispación.

Los asuntos que iban a la reunión de presidentes están, sin duda, entre los más urgentes e importantes que tiene planteado España y habían sido consensuados previamente: vivienda, inmigración y financiación de los servicios públicos básicos autonómicos. Además, se plantearía un debate sobre aprendizajes de la dana que ha afectado a Valencia. Alta política en la mesa de los máximos decisores del Estado constitucional. Pues bien, pocos debates, ninguna preparación, cero propuestas concretas y desacuerdo total en medio del tradicional barrizal de acusaciones mutuas.

Recordemos: la Conferencia de Presidentes es el órgano máximo de cooperación entre el Estado central y las comunidades autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral, según su página web oficial, donde también se recoge la existencia de un comité preparatorio que, en esta ocasión, no se ha reunido. Tuve la oportunidad de organizarla por primera vez en octubre de 2004, por mandato del presidente Zapatero, y veíamos en ella la expresión del poder de la España constitucional formada por el Estado central, las 17 autonomías (que también son Estado), más las dos ciudades autónomas. El proyecto inicial incluía la elaboración de un reglamento de funcionamiento y, en paralelo, la regulación del conjunto de conferencias sectoriales existentes, más el Consejo de Política Fiscal y Financiera, más el Consejo Interterritorial de Salud, que coordinan la actuación del Estado autonómico. No se ha avanzado en nada de eso, veinte años después: así, apelamos a una cobernanza, falta de normas y regulación adecuadas, siendo esa una de las principales carencias de nuestro estado.

El reparto de competencias y responsabilidades en el Estado autonómico tiene el efecto de que para llevar a cabo muchas de las políticas públicas que más directamente afectan a los ciudadanos es imprescindible, repito: imprescindible, el acuerdo y alineamiento entre todas las partes que configuran el Estado dado que cada una de ellas, Estado central, comunidades autónomas, solo dispone de competencias parciales o compartidas, que solo en coordinación funcionan de manera eficaz. Todos los asuntos que iban a esta Conferencia tienen responsabilidades compartidas y, en muchos casos, complementarias, las partes allí reunidas.

Es imposible resolver el problema de la vivienda en España sin acordar, entre Estado central, comunidades y, en este caso, ayuntamientos, un plan conjunto para poner suelo a disposición de los constructores y acortar drásticamente los trámites y plazos administrativos que alargan innecesariamente el proceso. En concreto, deberían haber acordado un plan de choque para construir 400.000 viviendas asequibles en el plazo de dos años, donde las administraciones cumplirían con lo dicho más con financiación oficial, dando entrada a los promotores privados o públicos, si los hubiera, en igualdad de condiciones.

La financiación autonómica, el conseguir un modelo más justo y equitativo de financiación de los servicios públicos en España, es algo urgente que, como es obvio, solo se puede alcanzar con amplios acuerdos multilaterales. El Gobierno debería haber presentado, al menos, las líneas maestras de su propuesta. La inmigración, por su parte, ha subido en el ranking de preocupaciones ciudadanas en toda Europa y, también, en España. Siendo ya un asunto delicado por cuanto se enfrentan los miedos colectivos con la aceptación de los derechos humanos, el ascenso de la extrema derecha ha forzado a endurecer las políticas sin que ello haya traído resultados positivos para nadie. Aquí, no se debatía la política de inmigración, sino criterios de reparto de los menores no acompañados y otros inmigrantes irregulares que desbordan las capacidades de Canarias y Ceuta. Como se ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Qué era diferente esta vez? El chantaje de Vox sobre el PP que, más allá de las declaraciones rimbombantes de su líder, ha tenido como resultado el no acuerdo.

Hemos visto a presidentes alineados con los intereses de sus partidos políticos en lugar de ejercer como representantes de los ciudadanos de sus comunidades. La reunión no ha tenido el carácter institucional que se le exige. Ha sido una nueva confrontación partidista con el resultado de que todos los problemas han quedado sin resolver, para desesperación creciente de los ciudadanos que los padecen. Ante esta ineficacia de una democracia secuestrada por la partitocracia, hay que dejar de ser compresivos o de aceptar que la culpa siempre es “del otro”. Tenemos un problema grave de país, que alimenta el malestar, el desengaño y el populismo: esa confrontación, no nos representa. Digámoslo.

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