Escandaloso chalaneo con el impuesto a energéticas y bancos
El Gobierno discrimina fiscalmente a las empresas por ideología y facilita que partidos minoritarios promuevan el clientelismo
La sociedad asiste como mero espectador a la toma del Gobierno del país más poderoso de la tierra por un grupo de personas perfectamente identificables con intereses particulares, que no necesariamente responden al interés general. Las cotizaciones de Wall Street reflejan desde el minuto uno que el gran ganador de estas elecciones es Elon Musk, así como el Bitcoin, la mayor tragaperras del mundo, tan fabulosa que aún no se sabe quién la creó ni para qué sirve. Eso sí, el día que quiebren pedirán que les rescate el Estado y por cuestación popular.
Mientras esto sucede en Estados Unidos, a este lado del Atlántico tampoco se pueden dar grandes lecciones. La Unión Europea sigue sin Gobierno, como efecto colateral de la miserable guerra política desatada a cuenta de la gestión de la dana caída sobre Valencia, y eso sin haber enterrado a todas las víctimas del diluvio. En España, el Parlamento sigue atrapado en el capricho de unos partidos minoritarios que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ponen en la tesitura de asumir sus intereses clientelares o renunciar a gobernar.
La negociación política del impuesto a bancos y empresas energéticas, sectores a los que históricamente se ha atribuido la mayor capacidad de influencia en España, es el vivo retrato del chantaje de estos partidos minoritarios. El PSOE y Sumar firmaron un acuerdo de gobierno que en el punto 8 (Una fiscalidad justa y adaptada a los retos del presente) señala: “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual.”
Ha llegado ese momento, y la coalición PSOE-Sumar no puede sacar adelante lo que acordó y llevaba en sus programas electorales porque la realidad es que ambos ya ni siquiera suman los 152 diputados que tenían cuando firmaron ese acuerdo. En menos de un año, los socialistas han “perdido” a José Luis Ábalos y, sus socios, a los cuatro escaños de Podemos. Y siguen necesitando el concurso de los otros partidos que apoyaron a Sánchez en la investidura: los 14 diputados del independentismo catalán (7 de ERC y 7 de Junts) y los once que suman el nacionalismo vasco (5 de PNV) y el independentismo (6 de Bildu). Solo así superan los 176 votos, que dan la mayoría absoluta.
Concitar el apoyo simultáneo de Sumar y Podemos, instalados en una guerra fratricida; de los dos partidos del independentismo catalán, que desde que hicieron tragar al Gobierno con la amnistía no han encontrado nada que les una, y de las dos formaciones vascas, que pelean cada caserío para liderar el País Vasco, es el mayor sudoku al que se ha enfrentado un Gobierno desde la llegada de la democracia. Este es el escenario ideal para los lobistas, que legítimamente defienden los intereses de sus clientes, de los accionistas de las empresas a las que representan. El problema es que los políticos olviden que su obligación es defender el interés general, como demuestran con el mencionado impuesto.
El gravamen especial a empresas energéticas y bancos nació en 2022 como una respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el fracaso de las elecciones andaluzas, donde el PP obtuvo mayoría absoluta. De ahí nació este impuesto, extraordinario y temporal (2023 y 2024), bajo el argumento de que ambos sectores estaban teniendo enormes ganancias con la subida de los precios energéticos y de los tipos de interés. Ahora llegaba el momento de “revisar” y “mantener” este gravamen, tal como dice el acuerdo de PSOE y Sumar, y el Gobierno apuesta por su prórroga, pese a que los argumentos que justificaron su creación han periclitado, por la fuerte caída de los precios del petróleo y del dinero, con el Euríbor por debajo de cuando entró en vigor.
La negociación de este impuesto, cuya finalización es imposible de adivinar, empezó mal. El 30 de octubre, PSOE, Junts y PNV alcanzaron un acuerdo que exonera al sector energético de la prórroga del impuesto especial y se deja exclusivamente a los bancos, con algunas modificaciones menores que no cambian el fondo del despropósito de una tasa que grava los ingresos, no los beneficios, y señala sectores. ¿Qué había pasado para que el PSOE pactara con sus socios parlamentarios de derechas antes que con Sumar, su compañero de Gobierno, y violentara lo que habían acordado?
El 22 de octubre, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, publicaba un artículo en La Vanguardia y El Correo (Cataluña y País Vasco), bajo el título Industria o populismo, en el que avisaba de que “penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo”, en referencia con los planes que tiene en España, con referencia indirecta a los polos industriales que tiene en Tarragona y Somorrostro (Vizcaya). Imaz defiende los impuestos y protesta por las tropelías.
El lunes de esta semana, el PSOE y Sumar firman su pacto sobre este impuesto, en el que los segundos tragan con exonerar a las energéticas a cambio de cargarse el sistema fiscal de las socimis y poner un 21% de IVA a los pisos turísticos. El martes, El País publica que Junts está intentando colar una enmienda ex profeso para que CaixaBank pueda deducirse del mencionado impuesto el dividendo que paga a su principal accionista, la Fundación La Caixa. Ayer, el Gobierno aplaza al lunes la votación del nuevo impuesto ante la falta de apoyos.
En definitiva, la negociación no avanza porque el Ejecutivo se equivoca queriendo construir impuestos desde un sesgo ideológico, estigmatizando a unos sectores frente a otros, como si hubiera empresas buenas y malas, lo que abre oportunidades a un trapicheo despreciable. Si las cuentas del Estado necesitan mayor recaudación para hacer frente a sus gastos, súbase el impuesto de sociedades a todas las empresas, vendan hipotecas o pantalones. Luego, demuestre sus naturales preferencias políticas con el destino de la recaudación. Liderar un Gobierno implica ganarse el respecto con el rigor y la razón, pero si te instalas en la pura ideología, tus socios te pierden el respeto y empiezan a ver el BOE como el catálogo de los Reyes Magos de sus amigos.
Aurelio Medel es periodista. Doctor en Ciencias de la Información
