¿Es eficaz la nueva estrategia fiscal del PSOE y Sumar?
El acuerdo actual es similar al firmado en 2019 entre PSOE y Podemos. Muchas de las medidas de aquel pacto no llegaron a aplicarse, por fortuna para todos
La semana pasada se publicó el nuevo acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar que ha vuelto a levantar algunas ampollas. En 2019 publiqué en este mismo medio un artículo sobre el acuerdo fiscal entre PSOE y Podemos. Se podría decir que en líneas generales son bastante similares. Muchas de las estrategias anunciadas entonces no llegaron a implementarse, por suerte para todos.
En sucesivas ocasiones he puesto de manifiesto,...
Regístrate gratis para seguir leyendo en Cinco Días
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La semana pasada se publicó el nuevo acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar que ha vuelto a levantar algunas ampollas. En 2019 publiqué en este mismo medio un artículo sobre el acuerdo fiscal entre PSOE y Podemos. Se podría decir que en líneas generales son bastante similares. Muchas de las estrategias anunciadas entonces no llegaron a implementarse, por suerte para todos.
En sucesivas ocasiones he puesto de manifiesto, como muchos otros expertos fiscales, que el sistema tributario actual no funciona y debería ser modificado. No obstante, me temo que al no ser algo que pueda fijar el PSOE por su cuenta y puesto que debe dar concesiones a sus socios de Gobierno, lo que pueda resultar de esta reforma, no resolverá los problemas actuales.
El acuerdo establece que la mencionada reforma está orientada, “a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”.
Vaya por delante que considero que el principio de capacidad económica (recogido en el artículo 31.1 de la Constitución) es la base del Estado de bienestar y de la justicia tributaria. No obstante, el principio de no confiscatoriedad impide que el contribuyente, en aplicación del primer principio, acabe viendo comprometido su patrimonio o una gran parte de sus ingresos para poder hacer frente al pago de los impuestos. Es decir, que buena parte de sus ganancias lo destinen a pagar impuestos que luego el Estado gaste según lo comprometido con sus socios.
Entre otras medidas, en los próximos cuatro años, se pretende: (1) revisar los gravámenes sobre el sector bancario y las empresas energéticas; (2) aplicar el tipo actual efectivo mínimo que deben asumir las empresas del 15%, no sobre la base imponible (como hasta ahora) sino sobre el resultado contable; (3) hacer efectiva la idea de armonizar impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Además, pretenden firmar un Pacto de Estado contra la evasión y la elusión fiscal, incorporando nuevos mecanismos para el afloramiento y regularización de la economía sumergida.
Lo primero que llama la atención es la prisa con la que se ha redactado este acuerdo, está lleno de frases incongruentes y repetitivas. Dejando la sintaxis a un lado, hay varias cuestiones que quisiera analizar brevemente.
En primer lugar, y en relación con la imposición transitoria (de dos años) que se aplica sobre las energéticas, sobre la banca y sobre las grandes fortunas, el anuncio del acuerdo de convertir esta medida temporal en definitiva ha provocado innumerables reacciones negativas.
No entiendo que se pueda volver a esgrimir el argumento de la falta de seguridad jurídica, ya utilizado por Ferrovial cuando trasladó su matriz de España a Holanda (esperemos que de facto así haya sido). Por supuesto, Repsol y otros bancos, que han anunciado que no van a invertir en España como respuesta a este tipo de medidas, son libre de hacerlo, pero no debería usarse este tipo de razonamiento como algo habitual, dado que esto perjudica a la marca España (posibles inversiones) y no solo al Gobierno. En otros países, las deslocalizaciones por incremento de imposición serían reprobados por los ciudadanos e incluso penalizados con falta de consumo de la marca en cuestión. En España estamos tan fraccionados que no somos capaces de pensar en los intereses de los ciudadanos en general y en términos de unidad nacional.
Otras medidas mencionadas se han sustraído de las políticas de la OCDE, posteriormente recogidas en directivas de obligado cumplimiento por España, por tanto, no son ideas PSOE/Sumar, sino cuestiones aprobadas en un contexto internacional.
La OCDE publicó en 2021 una serie de medidas para reformar el sistema fiscal internacional. Por un lado, se aprobó revisar las reglas de atribución de beneficios y las reglas de nexo actualmente en vigor para lograr un reparto más justo de los beneficios de las empresas multinacionales. Por otro lado, se acordó una propuesta global de anti-erosión de la base fiscal basándose en un impuesto sobre sociedades mínimo global aplicable a las empresas multinacionales del 15% (en 2025 -16%; en 2026 -17%).
España ya viene aplicando esta medida, pero viendo que no recaudaban tanto como ellos creían, se ha planteado que ese tipo del 15% se aplique sobre el resultado contable y no sobre la base imponible. El tipo efectivo hasta ahora se calculaba tiendo en cuenta los ajustes fiscales, las reservas de capitalización y nivelación, las bases imponibles negativas, las bonificaciones y deducciones por doble imposición interna e internacional, además de poder deducirse la base imponible generada en el régimen especial canario de la ZEC, así como las deducciones relativas a las Islas Canarias. Si el tipo se aplica sobre la base imponible, la contribución de los grupos es inferior que si se aplica sobre el resultado contable. Según los cálculos de Hacienda, con este cambio de metodología, se espera recaudar 10.000 millones de euros.
Recordemos sobre estos cálculos estimativos que, en los últimos cuatro años, la Comisión Europea ha advertido que, en los presupuestos remitidos a Bruselas, los gastos son reales, pero los ingresos previstos no siempre están ajustados a la recaudación real. España tiene un déficit muy elevado y una deuda pública que debe reducirse. El pacto fiscal europeo, que quedó algo paralizado durante el Covid, se va a volver a aplicar con toda su intensidad en 2024.
España necesita ingresar más, pero sobre todo ingresar de forma más eficiente, además y haciendo una labor de responsabilidad fiscal, se necesita reducir gasto en algunas partidas y reubicar las cantidades asignadas, priorizando a los colectivos más indefensos (ejemplo ancianos, dependientes…). Veremos si entre todos los partidos son capaces de aprobar una fiscalidad más justa, no una fiscalidad más ad hoc según quién vote tu investidura.
Patricia Lampreave es Profesora de Derecho Financiero y Tributario en el IEB y asesor en el área fiscal del Parlamento Europeo
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días