La guerra contra la morosidad no se gana solo con leyes
Los legisladores europeos deben escuchar a todos los sectores y tener en cuenta sus necesidades
El debate sobre cómo meter en cintura la morosidad empresarial –la administrativa tiene su propia y poco ejemplarizante historia– ha intentado solucionar sin éxito un uso comercial casi endémico, dañino para la supervivencia de las pequeñas empresas y que parece inmune a cualquier tentativa de erradicación. La normativa española, que se basa en una directiva de 2011, fija un plazo máximo de 30 días en el pago de las empresas a los proveedores por los productos de alimentación fresca y perecedera, un periodo que se extiende a 60 para el resto de operaciones.
Pese a ello, el texto no contiene un régimen sancionador efectivo, lo que ha desactivado notablemente su potencial capacidad coercitiva. Aunque buena parte de las empresas hacen públicos unos plazos de pago que se mueven dentro de los marcos de la legislación, no siempre es fácil contrastar los datos. Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón de pymes y autónomos, se afirma que el porcentaje medio de facturas sin pagar en España ascendió en 2022 al 5%, y aunque se reconoce también que los plazos de pago han mejorado, se los sitúa de media por encima de la línea roja que marca la ley. También la central de balances del Banco de España ha llamado la atención alguna vez sobre las dificultades que entraña cuadrar los plazos de pago que afirman cumplir algunas empresas con la información que figura en sus cuentas.
En este contexto hay que situar la propuesta de Bruselas de reducir el plazo a proveedores desde 60 a 30 días, una medida que rechazan con firmeza las grandes empresas, entre ellas, las del sector de la distribución, y cifran el coste en 150.000 millones de euros. La patronal europea, que aglutina a cinco millones de compañías, se queja del coste que supondrá tener que adelantar los montantes, habitualmente mediante las conocidas como líneas de confirming de crédito. El problema se agudiza además en sectores concretos, como el del textil, en el que el aprovisionamiento de prendas y tejidos se hace con muchos meses de antelación.
Aunque la rebaja a 30 días que defiende Bruselas parece un escalón severo desde el marco actual y tendrá un impacto financiero indiscutible, el problema de la morosidad empresarial tiene muchos perjudicados, especialmente las pymes que ejercen de financiadores forzosos de las compañías a las que aprovisionan. Los legisladores europeos deben escuchar a todos los sectores y tener en cuenta sus necesidades, pero la eficacia del nuevo reglamento no dependerá solo de la reducción del plazo, sino de una vigilancia activa para que se cumpla.
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