Un objetivo histórico de I+D+i que hay que hacer realidad
El aporte del sector privado puede jugar un papel clave a la hora de dar a España el empujón que necesita para salir de la mediocridad en esta materia
La I+D+i es probablemente una de las áreas que a lo largo de los años ha sido objeto de un mayor número de promesas y compromisos políticos, pero también de retrocesos, incumplimientos y fiascos. Aunque los investigadores españoles destacan por su solvencia no solo en el ámbito de las publicaciones científicas, sino también en el de los proyectos de primera línea desarrollados en muchos casos fuera de España, la inversión nacional en I+D+i se ha mantenido descolgada del tren europeo. Pese a que el año pasado esa inversión creció hasta el 1,5% del PIB, el ratio de España sigue estando por debajo de la media comunitaria, que es del 2,3%, como también lejos de la meta marcada en el Pacto por la Ciencia, del 3% en 2030. En ese contexto es en el que hay que valorar el objetivo comprometido por el Gobierno ante Bruselas para que en 2026 la inversión española en I+D+i alcance el 2,5% del PIB. Una meta histórica no solo por el salto cuantitativo en recursos, sino porque situaría a España por encima de la actual media europea. La inversión pública sostiene a priori en un 50% ese objetivo, mientras que el sector privado representa la otra mitad.
El fuerte aporte del sector privado puede jugar un papel clave a la hora de dar a España el empujón que necesita para salir de la mediocridad en esta materia. En teoría, la aspiración de un modelo equilibrado de inversión productiva es que por cada euro de inversión pública se aporten dos euros de capital privado. Esta ecuación ha fallado estrepitosamente en España a lo largo de los años, en buena parte por el poderoso imán que el sector inmobiliario ha ejercido sobre la inversión y sobre el ahorro privado.
Sin embargo, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la economía española ha asistido a una progresiva migración de recursos desde el ladrillo hacia los sectores productivos, entre ellos la I+D+i. Los datos apuntan a que la inversión en activos no inmobiliarios ha aumentado 18 puntos porcentuales en los últimos 15 años, hasta pasar del 32% en 2007 al 50% en 2022. En la última parte de ese periodo, el salto ha estado fuertemente impulsado por los fondos Next Generation.
El objetivo del Gobierno para la inversión en I+D+i constituye una apuesta audaz e histórica para la economía española. Ahora resta que ese objetivo se cumpla de forma efectiva en el calendario previsto y no pase a engrosar la larga lista de intentos fallidos, rebajados o abandonados. En ese camino, el apoyo a la inversión empresarial constituye una pieza básica y, dentro de ella, los incentivos fiscales suponen una asignatura pendiente que es importante repensar.
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