El transporte colectivo, la columna vertebral de la nueva modalidad
Las limitaciones a la circulación en las ciudades deben acompañarse de una potenciación de esta fórmula
El Covid-19 ha sido el punto de inflexión hacia un nuevo modelo de desplazamientos en las ciudades caracterizado por un ecosistema complejo de medios de transporte que atiendan las exigencias sociales y ambientales, que son cada vez mayores: todo ello en un contexto de cambio cultural sobre la propiedad y el uso de los vehículos y sobre el propio espacio público.
Así, los próximos cuatro años resultan fundamentales para paliar las consecuencias del cambio climático y pasar de tímidas implementaciones a la urgente puesta en práctica de soluciones. La nueva ley de movilidad sostenible –que será aprobada en breve en el Congreso de los Diputados– sienta una hoja de ruta para el medio plazo a nivel nacional. Sin embargo, son aún muchas las medidas necesarias para alcanzar un verdadero cambio modal de la ciudadanía española. Y este cambio pasa, inevitablemente, por la utilización del transporte público colectivo como columna vertebral.
Europa avanza hacia su ambicioso objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) persigue trasvasar, antes de 2030, un 35% de los pasajeros-kilómetro que se realizan, actualmente, en vehículos convencionales hacia modos no emisores. Para poder cumplir con esta exigencia, la aportación del transporte público es clave: no solo en términos de su participación en las emisiones, sino como parte de una nueva ecuación de la movilidad en la que pueda sustituir desplazamientos en coche privado.
Alentados por las zonas tensionadas –y la consecuente despoblación de las áreas rurales–, el debate sobre la reconfiguración de las urbes ha ganado peso entre la opinión pública: la población reclama ciudades con un aire más limpio y zonas más verdes. En este punto, los sistemas de transportes colectivos demuestran impulsar la descongestión y la calidad de los espacios públicos.
Los datos así lo corroboran. En conjunto, se puede estimar que en España una persona que se desplaza en autobús requiere una quinta parte del espacio que demandaría en caso de desplazarse en automóvil. En concreto, si hablamos del tranvía, las personas solo usan el 5% del espacio que necesitarían si fueran en coche. Por consiguiente, el transporte colectivo propicia modelos urbanos más compactos y, en consecuencia, más caminables.
El anteriormente mencionado PNIEC vincula cambio modal y zonas de bajas emisiones para conseguir esa reducción de los pasajeros-km en 2030. La implantación de las limitaciones a la movilidad en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes debe ir acompañada de un incremento de la capacidad y frecuencias del transporte público, además de garantizar unos tiempos de viaje competitivos.
Es innegable que las zonas de bajas emisiones –las cuales son generalmente áreas muy concurridas y de alta importancia económica– traen consigo un reto: atender el aumento de demanda en el transporte público que se prevé. Tal y como reconoce la nueva ley, la movilidad es un derecho social que debe dar respuesta a las necesidades de todas las personas, de forma inclusiva y universal. Por ello, debe prestarse una atención prioritaria a las soluciones alternativas, de forma que las ZBE (zonas de bajas emisiones) no supongan una barrera, sino que puedan verse como un atractivo.
Así, debe reconsiderarse el rediseño de líneas, frecuencias, horarios, situación de intercambiadores, entre otros. Todo ello desde un punto de vista intermodal. La construcción de un sistema de movilidad sostenible alternativo al uso del coche privado pasa necesariamente por la intermodalidad, por lo que la integración de los distintos modos de transporte tiene que ser una prioridad.
El usuario y el interés general deben ser el centro de las políticas. Por ello, la aplicación de tecnologías digitales en la operación del transporte colectivo no pueden ser un mantra vacío de objetivos. Los procesos de digitalización forman parte ya del transporte público: desde la infraestructura o los vehículos hasta las relaciones con las personas usuarias o la gestión operativa. Y este impulso en la transformación tecnológica tiene que continuar.
De cara a los próximos años, deberán desarrollarse soluciones basadas en la digitalización, como plataformas de movilidad como servicio (MaaS), sistemas de transporte a la demanda en aquellas áreas de baja densidad donde el transporte público tradicional no pueda ofrecer una oferta competitiva o métodos de pago inteligentes y flexibles por medio de tarjeta bancaria EMV que reduzcan el pago en efectivo a bordo. Todas estas medidas serán palancas de cambio fundamentales en la tarea de conseguir un transporte público eficiente, atractivo, universal y fácil de usar.
Todo lo expuesto requiere una financiación suficiente y predecible en la que cada administración –tanto las autonómicas y locales como la administración central– asuma su parte de responsabilidad. En este sentido, será fundamental la correcta aplicación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible que, por primera vez, regula un sistema de financiación del transporte público colectivo urbano de viajeros basado en criterios estables, predecibles y proporcionales.
Miguel Ruiz Montañez es presidente de la Asociación de Transporte Público Urbano y Metropolitano (ATUC)
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