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Análisis
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Ley Crea y Crece: regulación e innovación para las empresas

La norma es un gran paso adelante, pero se siguen echando en falta mencanismos para la coinversión público-privada

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Impulsar la creación de empresas, facilitando y flexibilizando su proceso de constitución, tanto en sus aspectos puramente económicos como en los referidos a los trámites constitutivos, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país, no solo en el momento actual de incertidumbre a nivel económico, sino como estrategia para que en el futuro la economía española y su tejido empresarial sean completamente competitivos.

Precisamente, impulsar el crecimiento de las empresas con medidas transversales, que vayan desde la reducción de trabas administrativas y el alivio y simplificación de las cargas fiscales hasta disponer de nuevas opciones de financiación, son los tres grandes objetivos que marca la norma conocida como Ley Crea y Crece, una regulación de reciente entrada en vigor, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que simplifica la creación de empresas, elimina regulaciones innecesarias u obsoletas y establece procedimientos más ágiles.

Se trata de un paso más para apoyar al emprendimiento español, que atraviesa un momento importante y en el que resulta clave caminar hacia una estandarización regulatoria que tiene que ayudar al ecosistema innovador de nuestro país a ser más eficiente para poder competir en un mundo globalizado. La regulación es fundamental para que todos los proyectos innovadores que se están germinando en España no encuentren trabas, por la falta de inversión o por las dudas que genera el limbo regulatorio, en el que algunos modelos de negocio han vivido en los últimos años, que terminan lastrando las expectativas económicas de un país como España, con todas las condiciones para convertirse en referencia empresarial a nivel global, por el talento y carácter emprendedor y también por las condiciones y la calidad de vida de nuestro país.

No olvidemos que uno de los objetivos fundamentales que debe tener un buen Gobierno es crear empleo de calidad, que permita dar seguridad laboral a los ciudadanos, una remuneración justa y que las personas cualificadas encuentren motivación en el desempeño de su labor. Por ello, es urgente que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas al amparo de una ley que fomente la contratación estable. Una vez más, la regulación marca el ritmo.

Un buen ejemplo de esa necesidad de armonizar y establecer las condiciones óptimas para que las compañías crezca en diferentes sectores innovadores es el de las plataformas de financiación participativa, que amplían el margen de negocio y también las opciones de los inversores particulares y empresas, a la hora de diversificar y contar con más opciones de inversión. Esta ley recientemente aprobada viene a favorecer la llegada de inversión extranjera para respaldar proyectos que se desarrollen en nuestro país y abre la puerta a un pasaporte europeo que permita a las plataformas establecidas en otros países operar en España y viceversa. Hasta ahora, la normativa española especificaba que los inversores tienen que invertir directamente en la start up, circunstancia que en las operaciones de crowdfunding –donde puede haber de media entre 60 y 70 inversores– complicaba mucho la agilidad en el proceso, repercutiendo directamente en la competitividad.

A partir de ahora, sí se puede vehiculizar como en Europa, es decir, las startups españolas tienen distintas opciones, aliarse con plataformas españolas y europeas. Precisamente, el Título V de la ley tiene su origen en el reglamento comunitario de crowdfunding, que nació con el fin de armonizar las distintas regulaciones nacionales, crear un mercado más grande para las plataformas y así potenciar un canal de financiación que ha demostrado ser muy positivo para las empresas.

La Ley Crea y Crece, en lo referente a las empresas de crowdfunding, ha sido concebida para aterrizar el reglamento de crowdfunding y viene a sentar las bases para que las empresas españolas puedan competir con las europeas en el mercado comunitario. Esto es, la armonización de la regulación es imprescindible si se quiere mirar a Europa para expandir el negocio y es algo habitual en las empresas; en España el nicho de mercado al que te puedes dirigir está limitado por sus fronteras, si el objetivo es la Unión Europea las posibilidades se multiplican por 27.

No obstante, se sigue echando en falta que se incorporen mecanismos para la coinversión público-privada, como ya ha hizo el Reino Unido con el Future Fund, lo que permitiría escalar la inversión. Ya vimos lo que ocurrió durante los peores momentos de la pandemia, cuando las compañías del ecosistema fintech e insurtech se encontraron en clara desventaja frente a las tradicionales por las dificultades para encontrar líneas de financiación adicional, al ser catalogadas como entidades financieras y, por ende, ser excluidas de muchas ayudas. Todas las leyes que se están aprobando en los últimos tiempos en España, como la Ley Crea Crece o la Ley de Startups, que acaba de ver luz verde, y que se suman a otras regulaciones a nivel comunitario, como PSD2 o el reglamento de crowdfunding, tienen que suponer el impulso definitivo para el crecimiento de los proyectos empresariales que apuestan por la innovación tecnológica.

El fenómeno fintech supone un verdadero reto para los supervisores, que cuentan con los instrumentos y los procesos adecuados para cumplir con sus objetivos de supervisión de la estabilidad financiera del mercado en el nuevo contexto digital, para activar las herramientas para desarrollar esa regulación adaptada a las necesidades de los nuevos agentes del mercado. Se trata de evitar elementos que operen fuera del marco regulatorio, garantizando la seguridad del uso de los servicios financieros en el mercado y teniendo en cuenta otros riesgos financieros y de ciberseguridad, y también evitando que contaminen a otros modelos de negocio completamente regulados, que nacen para ofrecer el mejor servicio a los consumidores.

Ramón Saltor es representante de la vertical de Crowd de AEFI (Asociación Española de FinTech e InsurTech)

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