Las asignaturas pendientes en la gestión de residuos

La clave está en que las Administraciones competentes, tanto locales como regionales y estatales, sean capaces de coordinarse

La gestión eficiente de residuos municipales, y de los biorresiduos en particular, se enfrenta al importante desafío de cumplir los ambiciosos y necesarios objetivos marcados tanto desde Europa como en España, configurándose su gestión como una pieza clave para lograr un buen sistema de gestión de residuos. Son muchos los temas pendientes y las oportunidades que todavía estamos a tiempo de aprovechar, pero la realidad es que hasta ahora tenemos aún un importante margen de mejora.

La nueva Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular fija unos ambiciosos objetivos para lograr que los residuos se destinen a preparación para la reutilización, reciclado u otras operaciones de valorización, estableciendo, además, un exigente calendario de implantación de recogidas separadas de diferentes fracciones de residuos de competencia local, entre otros, de los biorresiduos.

A modo de ejemplo, la referida Ley prevé que, desde el pasado 30 de junio de 2022, las entidades locales con más de 5.000 habitantes debían haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los biorresiduos de origen doméstico fueran destinados a preparación para la reutilización, reciclado u otras operaciones de valorización.

Hasta ahora la gestión de los biorresiduos ha sido una asignatura pendiente. Para lograr revertir dicha situación, la clave está en que las Administraciones competentes en esta materia –léase locales, regionales y estatales– sean capaces de coordinarse para, entre otros aspectos, mejorar la concienciación ciudadana, construir y/o mejorar las infraestructuras necesarias para una correcta gestión de los residuos y lograr una recogida separada de calidad y sin impropios (aquellos que son depositados incorrectamente), para lo que se precisa también de la máxima colaboración ciudadana.

Dicha mejora en la gestión de los biorresiduos, además de contribuir a la economía circular, deberá permitir también lograr la producción de compost de calidad, así como la producción de biogás procedente de digestión anaerobia con fines energéticos, al ser un gas renovable producido a partir de materias primas de origen biológico. Los gases de origen renovable forman parte de la solución para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y su carácter estratégico se ha visto reforzado por la coyuntura internacional, la guerra en Ucrania y como forma de reducir la dependencia energética de países como Rusia.

El cumplimiento de dichos exigentes objetivos parece que seguirá siendo una asignatura pendiente en España, sino somos capaces de aprovechar, como país, todos los medios a nuestro alcance, como es el caso de las ayudas de los fondos Next Generation para impulsar la gestión y construcción de infraestructuras destinadas a cumplir con la referida Ley 7/2022 y con la propia normativa de la Unión Europea. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PRTR), que instrumentaliza la implementación de los fondos europeos de recuperación Next Generativo, contempla un “plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos” con una dotación prevista para 2021-2023 de 850 millones de euros para llevar a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos municipales en España e impulsar la economía circular.

Hasta ahora parece que las Administraciones públicas competentes no están consiguiendo hacer pleno uso de los fondos disponibles. Por este motivo, es más necesario que nunca aunar esfuerzos para impulsar el cumplimiento de esta nueva ley, lo que traería a España importantes beneficios, ya no solo en materia de residuos sino también en el impulso de nuevas fórmulas de generación de energía, como es la producción de biogás.

El necesario desarrollo e implementación de esta tecnología tiene que dejar de verse como un plan a largo plazo para convertirse en una realidad imprescindible en el presente, lo que requiere simplificar y agilizar los procedimientos administrativos al máximo, como viene poniendo de relieve la propia Unión Europea a través de Comunicaciones como la de la Comisión REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible.

Sin duda, los mencionados objetivos en materia de biorresiduos precisan un importante esfuerzo y compromiso por parte de las Administraciones competentes, lo que supone, entre otras cosas, dotar a las plantas de tratamiento de residuos de las mejoras técnicas e infraestructuras medioambientales necesarias para cumplir dichos exigentes objetivos. Para conseguirlo, además de la utilización de estos fondos europeos, se precisa la adecuada coordinación de las distintas Administraciones, así como incorporar mecanismos de financiación privada y, por supuesto, lograr la máxima concienciación ciudadana para que la recogida separada de calidad sea una realidad.

Luis González es abogado de Watson Farley & Williams

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