La cadena alimentaria debe trasladar a los precios cualquier caída de los costes
Ni la industria de los alimentos ni el resto de los sectores tienen la receta mágica para rebajar la inflación, pero sí el deber de actuar con lealtad y responsabilidad
El análisis que realizó ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre las razones que explican el rally de precios de los alimentos coincide en líneas generales con el defendido por la cadena alimentaria, que ha insistido reiteradamente en que el problema está muy relacionado con la compleja estructura de costes que incorpora el sector en un contexto de energía y de materias primas al alza. Planas presentó a las empresas una batería de datos para argumentar que los costes de producción de los alimentos parecen haber enfilado una senda a la baja, aunque no puso fecha a esa caída, y para exigir a la cadena alimentaria que traslade ese incipiente respiro al precio final que pagan los consumidores.
Los razones que maneja Agricultura para dibujar ese escenario tienen que ver con la moderación del último IPC alimentario, tres décimas menor al del año anterior, y con la evolución de los precios internacionales del trigo, el maíz, los piensos y los fertilizantes, que han sido todos ellos factores que han ejercido presión sobre el conjunto de la cadena en los distintos mercados globales. No es la primera vez que Agricultura, a través del Observatorio de Precios de los Alimentos, identifica los costes industriales de la transformación y comercialización de los alimentos como el principal factor que presiona sobre la factura final. A ello hay que unir el complejo sistema de fijación de precios del sector, denominado mark-up, específico para cada alimento, y en el que el coste de origen aumenta a medida que el producto pasa por cada una de las fases de la cadena de distribución. Ese entramado de eslabones constituye también el principal escollo a la hora de determinar en qué punto de la producción y la comercialización se halla más tensionada la línea de los costes y a la hora de aportar una solución efectiva para normalizarla. Una dificultad que no se resuelve fácilmente ni con medidas de bonificación directa, como reclama Unidas Podemos, por su alto potencial inflacionista, ni con la bajada puntual del IVA en algunos alimentos, como defienden los productores, propuestas ambas que de momento Agricultura no ha puesto sobre la mesa.
La exigencia del Gobierno a la cadena alimentaria para que traslade a los precios finales las previsiones de relajación de los costes de producción no solo resulta razonable, sino también necesaria. Ni la industria alimentaria ni el resto de los sectores económicos tienen la receta mágica para meter en cintura definitivamente los precios, pero sí el deber de actuar con lealtad y responsabilidad en una batalla contra la inflación que compete a todos los agentes económicos en beneficio del conjunto del país.
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