Una reflexión sobre la economía con las elecciones a la vuelta de la esquina

Los recursos son limitados y esto exige priorizar políticas e inversiones. Una consideración económica prudente a tener en cuenta podría ser la eficiencia

La suerte de la democracia representativa nos trae de nuevo un momento para pronunciarnos. En este 2023, año incierto para la economía, las urnas municipales, autonómicas y nacionales nos llaman al voto. También lo harán las europeas en 2024.

En una celebración como las elecciones, aunque pueda resultar redundante, se elige. Se elige a partidos políticos, quienes ponen a disposición de la soberanía nacional a sus miembros, que serán los responsables de representarnos, e incluso de gobernarnos. En la función de estos estará la de legislar, presupuestar, debatir, controlar…; en definitiva, gestionar una administración, bien municipal, autonómica, nacional o supranacional.

Escoger a nuestros gestores no debería ser cosa menor. Solo con ver que el gasto que emana de nuestras administraciones públicas es superior al 50% del PIB, tenemos ya un indicador de la responsabilidad que recae sobre estos. Naturalmente, su relevancia no solo se concentra en torno a la gestión del gasto público, sino sobre todos aquellos aspectos que requieren una legislación y que, en consecuencia, tienen capacidad de influir en la vida de todos.

La economía, tal y como se desprende de su propia etimología, es la labor de “administrar la casa”, y si queremos que esto se haga de la mejor manera, necesitamos reflexionar sobre varios puntos:

El modelo actual parte de la confianza como elemento central. El aspirante a gestor propone un plan para administrar unos recursos, plan que, si te convence, contará con tu apoyo electoral. En consecuencia, el primer paso parece claro: conozcamos bien qué propuestas nos están haciendo. Así, en nuestro deseo por buscar la mayor prosperidad posible –sostenible e inclusiva–, podremos dilucidar cuáles se acercan más a este objetivo.

Los recursos, desafortunadamente, son limitados, y esto nos exige priorizar políticas e inversiones. Después de conocer qué propuestas recogen los distintos modelos de administración, nos interesa saber cuál es la prioridad y premura con la que se pretenden llevar a cabo. Una buena administración requiere de esta concreción, ya no solo por parte de los proponentes, sino también del conjunto de la sociedad. Es responsabilidad de la ciudadanía ordenar y concretar sus preferencias de administración.

Después de saber qué nos proponen y con qué prioridad se va a actuar, el siguiente paso es conocer cómo se va a ejecutar. Y aunque esto es lo más complicado, pues hasta que no se haga no se podrá saber realmente, sí podemos valorar el enfoque general bajo el cual se va a pretender abordar. Una consideración económica prudente a tener en cuenta podría ser la eficiencia. Con una economía en la que lo público tiene un enorme peso y en la que el crecimiento ha de ser necesariamente sostenible, establecer las vías para conseguir los objetivos de la manera que más nos satisfaga como sociedad y con los menores costes posibles es, sin duda, uno de los retos más importantes desde el punto de vista de una administración deseable.

Estas consideraciones anteriores podrían servir también para contribuir al mantenimiento de una Europa fuerte. Los acontecimientos más recientes han demostrado que el proyecto europeo está resuelto a prosperar. Respuestas como Next Generation EU a la situación económica derivada de los efectos del Covid-19 han sido muestra clara del alcance de la Unión Europea. Sin embargo, esto por sí mismo no debería complacernos, ya que la realización de proyectos e iniciativas de gran dimensión no lleva necesariamente implícita una elevada calidad o eficiencia en su desarrollo. Ejemplo de esto, aunque aún por concretar, es el ritmo de ejecución en España de las ayudas procedentes de este plan, porque da la sensación de que tenemos una gran cantidad de fondos disponibles –con potencia suficiente para llevar a cabo mejoras estructurales en nuestro país–, pero que, a nivel administrativo, no estamos teniendo la suficiente capacidad para adjudicar y distribuir debidamente todo este montante. En la medida en que nuestras instituciones nacionales y europeas interioricen un modelo de gestión eficiente, la calidad de sus políticas podrá ser mejorada y alimentará y reforzará el proyecto europeo. Conocer, priorizar y ejecutar con eficiencia en el ámbito europeo no resulta baladí, ni mucho menos algo ajeno o impropio, porque el futuro de Europa es también el nuestro.

Pero estos planteamientos, a priori razonables, no parecen fáciles de llevar a la realidad. Problemas que posiblemente tengan más que ver con la naturaleza humana que con aspectos técnicos ponen freno al que debería ser, como sociedad, nuestro fin último: obrar en busca de la máxima prosperidad para el mayor número de personas, especialmente para las más vulnerables. A unos, en cuanto economistas, pero a todos, como ciudadanos, nos corresponde reflexionar sobre estas cuestiones, que acaban tomando tierra en fenómenos como el déficit, la deuda pública, la inflación, los impuestos o cualquier otra variable que tenga un efecto sobre las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto.

Esta reflexión, aparentemente simple –pero que a mi entender y de otros muchos resulta determinante–, debería ser una prioridad a la hora de tomar decisiones de la mejor manera posible sobre temas de calado, máxime en momentos como el actual con las elecciones a la vuelta de la esquina. No obstante, no olvidemos que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Si a este análisis no le siguen los hechos, de nada habrá servido.

Valentín Pich es Presidente del Consejo General de Economistas de España

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