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Inverco y Unespa piden más incentivos para “dar oxígeno” a los planes de pensiones

Reclaman elevar el límite de aportación desde los 1.500 euros, más información a las empresas y mayor educación financiera

El sistema de pensiones se encuentra en un momento decisivo ante la jubilación de la generación de baby boombers y los retos demográficos que supone, que ponen en riesgo su sostenibilidad y solvencia. La nueva reforma del sistema de pensiones privadas ha hecho un importante esfuerzo para incluir en el ahorro para la jubilación a colectivos que hasta ahora se encontraban excluidos, como las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99,8% del tejido empresarial español, y los trabajadores autónomos.

Sin embargo, la industria financiera considera que todavía hay mucho camino por recorrer. En particular, piden más incentivos fiscales y no fiscales para que las empresas se animen a promover planes de pensiones colectivos para su plantilla, y reclaman ampliar el límite de aportaciones a los planes de pensiones individuales, revirtiendo las rebajas que se han aplicado en los últimos años. En definitiva “dar oxígeno” a los planes individuales, en franco retroceso, mientras se desarrollan los colectivos.

En el debate sobre el sistema de pensiones celebrado ayer con ocasión de la novena edición de la Jornada de Pensiones organizada por CincoDías e Ibercaja, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, fue el más crítico sobre la reforma emprendida por el Ministerio de Seguridad Social. En su intervención explicó que la legislación sobre pensiones, en concreto sobre los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública, es mejorable. “El riesgo es tener un contenedor estupendo pero vacío. Tenemos una oportunidad de oro y este es el momento”, comentó.

Martínez-Aldama considera que la legislación debería incluir algunos elementos añadidos que se plantearon durante la negociación pero que finalmente no se incluyeron en la normativa. En primer lugar, aboga por nuevos incentivos, algunos sin coste fiscal, como una campaña de comunicación para trabajadores y empresas. “No puede ser que siete de cada 10 empresas desconozcan la nueva normativa, o que los trabajadores no sepan que existe”, espetó. También defendió la importancia de poner en manos de los trabajadores una herramienta para que conozcan cuál es la pensión pública que van a cobrar cuando se jubilen.

Tanto Martínez-Aldama como Mirenchu del Valle, la presidenta de la patronal de las aseguradoras (Unespa), hicieron hincapié en la necesidad de que se retire el veto a las aportaciones en los planes de pensiones de las administraciones y empresas públicas.

En el debate, uno de los aspectos más criticados de la reforma, fue el límite de aportación de 1.500 euros impuesto a los planes de pensiones individuales. “Hay que subir el límite de aportación y dejar que los ciudadanos puedan establecer el importe de aportación para la pensión complementaria que consideren adecuada”, pidió Del Valle. Para la experta, es fundamental llegar a la posibilidad de un nivel ahorro superior a esos 1.500 euros establecidos por la normativa, por ser insuficiente. Así, ha pedido que se garantice que aquellos trabajadores que no tienen un convenio colectivo con un plan de pensiones simplificado puedan aportar a un plan de pensiones individual más de los 1.500 euros de máximo. Más allá de esto, Martínez-Aldama considera necesario que la reforma recoja también la posibilidad de deducción totales de las aportaciones que hacen las empresas a los planes de pensiones.

Tanto la Administración como la industria ven con preocupación el bajo nivel de ahorro a largo plazo de los españoles, especialmente ante los riesgos de sostenibilidad y solvencia del sistema público de pensiones. Luis Miguel Carrasco, director del Grupo Financiero de Ibercaja Banco, recordó que apenas hay 87.000 millones de euros en planes de pensiones individuales y 35.000 millones en planes de empleo. “Es un volumen clarísimamente insuficiente, tenemos muchísimo trabajo por hacer”.

Carrasco se mostró convencido de que las nuevas figuras legales que se han creado pueden marcar un punto y aparte en la promoción del ahorro complementario para la jubilación. Tanto los planes de pensiones simplificados, conocidos como planes para autónomos, como los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

En la clausura de la jornada, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, se mostró convencido de que los planes de pensiones van a iniciar un periodo de recuperación gracias a varias tendencias de fondo. Entre ellas, Serrano mencionó “un nuevo orden mundial, que tiende a la desglobalización, y que hará que tenga mayor importancia el ahorro nacional”.

El directivo también mencionó el inicio de la jubilación de la generación de los baby boomer, la más numerosa de la historia de España, “y que va a tensionar aún más el sistema de pensiones públicas”. Además, Serrano recordó que España y otros países occidentales tienen un nivel de endeudamiento y déficit fiscal muy alto, “por lo que será importante que cuenten con inversores institucionales, como los planes de pensiones, que les financien”.

Con todo, para Serrano, la condición ineludible para que se puedan rearmar los planes de pensiones colectivas es la seguridad jurídica. “Necesitamos unas leyes estables y que no estén llenas de excepciones”. Solo así, se logrará que España tenga un sistema de pensiones privadas grande y sólido.

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