La CNMV busca a incorporar a Amancio Ortega y a otros grandes inversores al código de buenas prácticas

Tendrá carácter voluntario y busca impulsar una mayor implicación en sus participadas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo BuenaventuraEduardo Parra (Europa Press)

El vigilante del mercado español ha aprobado un código de buenas prácticas para los inversores institucionales y gestores de activos con el objetivo de impulsar una mayor implicación de los accionistas en el día a día de las empresas en las que invierten. Con ello, la CNMV busca equipararse a la mayor parte de mercados europeos que ya cuentan con uno similar.

Según explica el supervisor del mercado, el código busca generar un círculo virtuoso, que impulse una inversión responsable que evite una presión indebida para que las entidades en las que invierten adopten un enfoque predominantemente cortoplacista.

El código, que será voluntario y tendrá un periodo transitorio de tres años, está dirigido tanto a aseguradoras y compañías de reaseguros de vida y los fondos de pensiones de empleo, como a las aseguradoras de no vida, sociedades holding o de cartera y otras entidades similares. Además, la CNMV ve conveniente, dada la “relevancia de la inversión de grupos familiares o inversores privados en la estructura de propiedad de las sociedades españolas”, sean cotizadas o no, que estos tengan también la opción de adherirse, lo que abre al puerta a que inversores como Amancio Ortega -que junto con su hija Sandra controla un 64% en Inditex, y tiene además un 5% del capital de Redeia y otro 5% en Enagás- o grandes sagas familiares como los Del Pino (Ferrovial) o Entrecanales (Acciona, Acciona Energía).

También estarán llamadas a formar parte de él sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o aquellas firmas de servicios de inversión que prestan servicios de gestión discrecional de carteras o individualizada. También podrán incluirse los asesores de voto con sede o establecimiento en España.

Los inversores y entidades que opten por acogerse al periodo transitorio tendrán que mostrar durante ese tiempo un compromiso público de aplicar todos los principios del código antes de febrero de 2026. Para ello, cuando se vayan adhiriendo tendrán que publicar un plan y un calendario concreto de adaptación, explicando cada año el avance obtenido. La CNMV publicará una lista con los integrantes del código de buenas prácticas, ellos , por su parte, tendrán que publicar en internet, de forma clara, sus políticas de implicación y de voto.

El código de buenas prácticas, conocido como código de stewardship, está formado por siete principios que buscar abarcar la necesidad de invertir y contar con una estrategia y orientación a largo plazo, para lo que es necesario revisar y actualizar las prácticas y estructuras internas de gobierno; la importancia de alcanzar un conocimiento adecuado y seguimiento de las empresas en las que se invierte; el desarrollo y publicidad de la política de implicación; el ejercicio del derecho de voto; la transparencia anual de las actuaciones de implicación y voto realizadas en el ejercicio anterior; la gestión de conflictos de intereses; y la política retributiva. Hasta el momento, más de 20 países cuentan con un código similar: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Hong Kong, India, Italia, Japón, Kenia, Malasia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Taiwán y Tailandia.

La CNMV ha concretado que los inversores y entidades que opten por adherirse a este código indiquen en su informe anual cómo han aplicado los distintos principios del código durante el ejercicio previo, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y las condiciones particulares.

Los siete principios del código de buenas prácticas para los inversores institucionales

1. Los inversores y gestores orientarán su actuación a la rentabilidad a largo plazo de sus inversiones en beneficio de sus clientes y beneficiarios, e integrarán, en el grado que consideren oportuno, como parte de sus obligaciones fiduciarias, los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, así como los riesgos asociados, en sus estrategias, políticas y decisiones de inversión.
2. Los inversores y gestores deben realizar un seguimiento y adquirir un conocimiento adecuados de las sociedades en las que invierten y de en qué medida esas compañías contribuyen al objetivo señalado en el principio 1 anterior, debiendo disponer en su labor de seguimiento de medios suficientes.
3. Los inversores y gestores desarrollarán, publicarán y mantendrán actualizada una política de implicación, enfocada a la generación de un rendimiento coherente con el indicado en el principio 1 y a contribuir a que las estrategias empresariales de las sociedades en las que inviertan sean adecuadas.
4. Los inversores y gestores ejercitarán activamente sus derechos como accionistas en las sociedades en las que inviertan, participando y ejerciendo su derecho de voto responsablemente en las juntas generales de accionistas, en interés de sus clientes y beneficiarios, de conformidad con sus políticas de implicación y voto. 
5. Los inversores y gestores publicarán con carácter anual un informe acerca de cómo han aplicado las políticas de implicación y voto en el ejercicio inmediatamente anterior, que incluirá una evaluación de las actuaciones realizadas y una explicación de cómo las políticas anteriores han contribuido a a la consecución de la estrategia empresarial de las sociedades en las que invierten.
6. Los inversores y gestores deberán tener una política de gestión de los conflictos de intereses que debe estar enfocada a priorizar los intereses de sus clientes y beneficiarios.
7. La política retributiva establecerá e indicará de manera pública qué parte de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos y altos directivos de los  inversores y gestores estará vinculada al cumplimiento de objetivos relativos a sus 
   estrategias y a cómo se ha llevado a cabo su aplicación efectiva durante el ejercicio y, en particular, estará orientada a la consecución de un rendimiento a largo plazo por parte de tales inversores y gestores.

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