Centros de datos: regular el crecimiento sin apagar la inversión
La medida más novedosa es la obligación de que cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, ya sea mediante instalaciones propias o a través de contratos de suministro específicos
España se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos europeos más atractivos para la instalación de centros de datos. Su posición geográfica estratégica como conexión entre Europa, Latinoamérica y África, unida a la llegada de grandes operadores, ha disparado la demanda de acceso a la red eléctrica. Sin embargo, este crecimiento ha generado una distorsión en el mercado, ya que desde 2021 se han concedido más de 12.000 MW de derechos de acceso y conexión a proyectos de centros de datos, una cifra que triplica las previsiones de demanda para 2030. Buena parte de esas reservas no se han materializado ni se prevé que lo hagan, generando un problema de acaparamiento especulativo de capacidad de red que bloquea el acceso a otros usuarios y dificulta la planificación del sistema eléctrico.
Es en este contexto donde el Gobierno ha decidido actuar mediante el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital aplicables a los centros de datos, con el fin de ordenar el sector y garantizar que los proyectos que accedan a recursos críticos, como la energía eléctrica o el agua, sean viables y sostenibles.
El plazo para presentar alegaciones finalizó el 4 de septiembre de 2026. Concluida la consulta pública, el texto ha sido remitido al Consejo de Estado y posteriormente deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. La norma afectará a los operadores o propietarios de centros de datos que soliciten permisos de acceso y conexión con una potencia igual o superior a 1 MW. Los centros ya conectados no estarán sujetos a los nuevos requisitos de acceso, aunque sí a determinadas obligaciones de información si su potencia supera los 500 kW. Además, se prevé un régimen transitorio para solicitudes y permisos ya existentes, permitiendo su adaptación durante un periodo limitado o, alternativamente, su renuncia sin penalización.
La medida más novedosa y debatida es la obligación de que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hora a hora, ya sea mediante instalaciones propias o a través de contratos de suministro específicos. La clave está precisamente en esa granularidad temporal, pues no se trata de acreditar anualmente un determinado porcentaje de energía verde, sino de demostrarlo en cada franja horaria. Dado que la generación solar y eólica es intermitente, cumplir con este requisito exigirá una planificación energética sofisticada y, en muchos casos, inversiones en almacenamiento o en estructuras contractuales más complejas que las actuales. Precisamente sobre este punto se ha pronunciado recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha recomendado flexibilizar algunos aspectos de esta exigencia al considerar que una correlación horaria estricta y la obligación de nueva generación adicional podrían incrementar los costes y provocar ineficiencias en un sistema que ya registra excedentes renovables en determinadas horas.
La norma introducirá también requisitos sobre eficiencia energética y consumo de agua, medidos previsiblemente mediante los indicadores PUE (Power Usage Effectiveness) y WUE (Water Usage Effectiveness). En materia de soberanía digital, los centros que gestionen determinadas categorías de datos sensibles deberán ser operados por entidades establecidas en la Unión Europea y mantener esa información dentro del territorio comunitario, con restricciones al acceso por parte de gobiernos de terceros países. Asimismo, se establecerán requisitos de resiliencia operativa y mecanismos para acreditar necesidades reales de potencia eléctrica, evitando el mantenimiento de reservas de capacidad sin desarrollo efectivo.
El reto al que se enfrenta el Gobierno no es sencillo: regular un sector estratégico en plena expansión sin convertir esa regulación en un factor de desincentivo para la inversión. La norma parte de un diagnóstico correcto, ya que la especulación con derechos de acceso y conexión y la expansión desordenada son problemas reales. Además, los objetivos de sostenibilidad de la norma están alineados con las tendencias regulatorias europeas. Sin embargo, la forma en que se han calibrado algunos requisitos, en particular la exigencia de renovables hora a hora (objeto, además, de observaciones por parte de la CNMC) y la urgencia con la que se ha tramitado la norma, abren interrogantes legítimos sobre si el instrumento elegido es el más adecuado para alcanzar esos objetivos sin comprometer la posición competitiva de España.
El texto definitivo será determinante. Una norma que distinga con claridad entre instalaciones nuevas y existentes, contemple periodos transitorios realistas y configure el requisito renovable de forma exigente pero alcanzable tendrá posibilidades reales de cumplir su propósito.