La Justicia que España necesita
Digitalizar un procedimiento no garantiza por sí mismo que sea más ágil, accesible o seguro
El próximo día 10 tendrá lugar la solemne apertura del año judicial. Esta fecha ofrece cada septiembre una ocasión privilegiada para analizar el estado de nuestra Justicia y, sobre todo, para valorar si las reformas emprendidas están respondiendo realmente a las necesidades de los ciudadanos, empresas y profesionales que trabajan diariamente en el sistema.
Una política de Justicia madura debe comprobar los resultados de las decisiones adoptadas y tener capacidad para corregirlas cuando la experiencia revele efectos no previstos. Esto resulta especialmente importante en un ámbito en el que una carga procesal, un fallo tecnológico o un retraso no son simples disfunciones administrativas: pueden afectar al ejercicio de derechos fundamentales.
La experiencia acumulada por la abogacía ofrece hoy información suficiente para abordar esa reflexión.
La aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 constituye uno de los ámbitos en los que esa evaluación resulta más necesaria.
Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid hemos defendido siempre el valor de la negociación y de las soluciones extrajudiciales cuando permiten resolver adecuadamente un conflicto. La abogacía negocia todos los días. Lo que hemos cuestionado es la configuración general de los medios adecuados de solución de controversias como requisito obligatorio de procedibilidad y las consecuencias que esa exigencia puede producir sobre el acceso a los tribunales.
Los datos recabados por el ICAM son suficientemente expresivos. En el estudio realizado entre 1.164 abogados y abogadas, el 84% valoró negativamente la obligatoriedad de los MASC; únicamente uno de cada diez intentos de solución anticipada concluyó en acuerdo; y el 90% consideró que los nuevos trámites estaban ralentizando los procedimientos.
Convertir la negociación previa en una condición general de acceso a la jurisdicción está añadiendo trámites, costes e incertidumbre antes de que el ciudadano pueda acudir al juez. El ICAM ha advertido además de las dudas que esta configuración puede suscitar desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución y ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios la necesidad de una revisión urgente. También hemos reclamado la exclusión de los MASC obligatorios en determinados procedimientos de familia con menores y en conflictos transfronterizos.
Hay una cautela que conviene mantener presente: una reducción del número de demandas no puede interpretarse automáticamente como un indicador de eficiencia. Es necesario conocer por qué disminuyen. Si existen nuevas dificultades para acceder a la jurisdicción, una menor litigiosidad puede admitir una lectura muy diferente.
La transformación tecnológica de la Justicia exige el mismo criterio.
Durante años hemos asociado digitalización y modernización casi como conceptos equivalentes. La experiencia demuestra que no siempre lo son. Digitalizar un procedimiento no garantiza por sí mismo que sea más ágil, más accesible o más seguro.
El primer Estudio ICAM sobre Justicia Digital, presentado este verano y elaborado a partir de 1.373 respuestas, ofrece un diagnóstico que merece atención. Cerca de la mitad de los profesionales se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la Justicia digital; la valoración media es de 2,6 sobre 5 y seis de cada diez encuestados consideran que la digitalización apenas agiliza los procedimientos o incluso los dificulta.
La principal preocupación se concentra en el Expediente Judicial Electrónico. El 59,4% manifiesta problemas frecuentes o muy frecuentes para acceder al expediente completo, ordenado y con suficiente antelación. Son cifras importantes porque en Justicia una incidencia tecnológica puede tener inmediatamente consecuencias jurídicas.
Hay además un dato que debería orientar la forma en que se diseñan estas políticas: el 95,4% de los profesionales consultados reclama una mayor participación de la abogacía en el diseño, evaluación y mejora de la Justicia digital.
Escuchar a quienes utilizan diariamente los sistemas antes de implantarlos no es una reivindicación corporativa. Es una herramienta de buena gestión pública.
Al mismo tiempo, estas grandes reformas normativas no deberían hacernos olvidar problemas más elementales. Una Justicia eficaz necesita medios suficientes.
Desde el ICAM hemos defendido la necesidad de reforzar las plantillas de jueces y letrados de la Administración de Justicia, mejorar las infraestructuras tecnológicas, concentrar recursos en los órganos que acumulan mayores retrasos, reforzar los equipos psicosociales y mejorar la coordinación entre los distintos servicios judiciales.
La modernización de la Justicia también consiste en resolver estos problemas.
Todas estas mejoras necesitan asentarse sobre una condición previa: el respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha defendido de manera inequívoca que la independencia de los tribunales no constituye una prerrogativa de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos.
El respeto a la función jurisdiccional y a las resoluciones judiciales resulta especialmente importante en periodos de intensa polarización. La crítica es legítima en una sociedad democrática; la erosión de las instituciones que deben aplicar la ley con independencia no lo es.