Dentro de la UDEF: los policías que investigan el fraude contra la Seguridad Social
CincoDías accede a una de las secciones más desconocidas de la Policía. Apenas 25 agentes persiguen las tramas que erosionan el Estado del Bienestar
Cada mes, millones de nóminas recorren España como un latido. Con ellas viajan las cotizaciones que sostienen las pensiones, las bajas médicas, las prestaciones por desempleo o maternidad... Es el flujo silencioso del dinero de todos. Y también el objetivo de quienes intentan convertirlo en un negocio criminal.
No suelen llevar pasamontañas ni empuñar armas. Operan desde despachos, creando sociedades que solo existen sobre el papel, testaferros y entramados capaces de simular una actividad que nunca existió. En unas semanas pueden dar de alta a decenas de trabajadores ficticios, explotar a ciudadanos extranjeros con la promesa de facilitar su regularización o evadir millones de euros.
Pero, al otro lado, alguien observa. Lejos del ruido de los operativos que alimentan las portadas, un grupo de policías reconstruye en silencio tramas societarias a partir del cruce de bases de datos, información laboral y documentos contables. Donde la mayoría solo ve cifras, ellos encuentran patrones; donde otros atribuyen una irregularidad a un error administrativo, ellos descubren el primer hilo de una red que puede atravesar varias provincias, implicar a decenas de empresas y defraudar millones al patrimonio de todos. Estos investigadores forman parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial.
Llevan casi medio siglo haciendo ese trabajo y, sin embargo, siguen siendo una de las secciones más desconocidas de la policía. Sus investigaciones rara vez dejan imágenes espectaculares. Se desarrollan con discreción y meticulosidad. Quizás por eso, pese a sus 49 años de vida, su labor apenas ha trascendido fuera de los círculos policiales y judiciales.
Su historia comenzó en 1977, mucho antes de que existiera la UDEF. Entonces, solo dos funcionarios perseguían un fraude a la Seguridad Social que hoy parece casi olvidado: la falsificación de recetas médicas. Aquel pequeño grupo inició su actividad en el entonces Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Tras la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pasó a colaborar con el Ministerio de Trabajo, donde consolidó su especialización mediante sucesivos convenios con la Seguridad Social. Cuando en 2005 se creó la UDEF, esa trayectoria de casi tres décadas dio origen a la actual Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
A través de sus protagonistas, CincoDías reconstruye la labor de quienes siguen el rastro del dinero para evitar que el fraude erosione uno de los pilares del Estado de bienestar. La conversación comienza en la Comisaría General de Policía Judicial, en el madrileño barrio de Canillas, un complejo protegido por estrictos controles de acceso y seguridad perimetral desde donde se coordinan algunas de las investigaciones más sensibles de la Policía Nacional. Allí recibe a este periódico Michel, el apodo del comisario jefe de la brigada, que ha pedido no publicar su nombre de pila.
Habla sin rodeos, con la seguridad de quien ha pasado mucho tiempo enfrentándose a delitos que no admiten ambigüedades. Resume así la razón de ser de la sección: “Si no trabajara durante un año, la Seguridad Social sería la ley de la selva. Habría fraude de prestaciones, de cotizaciones... Sería un caos porque nadie investigaría”. Las cifras ayudan a entender mejor la magnitud de esa afirmación. Solo el año pasado, la sección esclareció un fraude superior a los 81 millones de euros en total.
Para estos policías, la jornada arranca alrededor de las ocho de la mañana, aunque la primera comunicación llega algunas veces antes al teléfono móvil. Otras, les espera en el correo electrónico cuando cruzan la puerta de la discreta oficina desde la que trabajan, situada en el capitalino barrio de Salamanca. Desde allí, apenas 25 agentes investigan el fraude contra la Seguridad Social en todo el territorio nacional. No todos ocupan siempre su mesa. Mientras unos analizan expedientes, otros se desplazan a distintas provincias para practicar detenciones, tomar declaraciones o realizar diligencias.
Al frente de la sección está el inspector jefe Miguel Ángel, que también ha pedido no hacer públicos sus apellidos. Tras décadas investigando delitos económicos, responde con la misma naturalidad con la que enumera artículos del Código Penal. Cada mañana coordina con los jefes de grupo las urgencias y el estado de las operaciones abiertas. Algunas concluyen en uno o dos meses, mientras que otras se prolongan mucho más tiempo porque obligan a reconstruir complejos entramados societarios. El volumen de trabajo resulta llamativo para una unidad tan reducida. Solo en 2025 detuvieron a 245 personas, investigaron a otras 117 y esclarecieron 785 delitos.
Voz de alarma
Casi todas las investigaciones parten de una anomalía. Puede tratarse de empresarios que pagan los salarios de sus trabajadores, pero dejan de ingresar durante años las cotizaciones sociales hasta acumular deudas superiores a los 50.000 euros que marca el Código Penal; de una pensión que continúa cobrándose después del fallecimiento de su beneficiario, o de trabajadores dados de alta únicamente para acceder a una prestación por incapacidad temporal o desempleo.
“Más del 90% de nuestras investigaciones nacen a partir de comunicaciones de organismos relacionados con la Seguridad Social, sobre todo de la Tesorería General y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, explica el inspector jefe. Suelen ser esas entidades y, en ocasiones, otras unidades policiales, las que dan las primeras señales de alarma.
La sospecha pasa entonces al terreno policial. “Solemos hacer una investigación patrimonial. Tocamos fuentes públicas, como el Registro de la Propiedad y el Mercantil, y también fuentes a las que solo podemos acudir nosotros”, añade Miguel Ángel. Ese acceso privilegiado constituye una de las principales singularidades de la sección. Los convenios suscritos entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la de Seguridad Social les permiten consultar, durante el desarrollo de sus pesquisas, información vedada al resto de las unidades policiales. “Yo no puedo pedirle a la Tesorería General los datos de un trabajador. No me los daría”, salvo que existiera un mandamiento judicial, explica el comisario jefe de la brigada a la que pertenece esta sección especializada.
Durante semanas, e incluso meses, el trabajo del equipo de Miguel Ángel consiste en unir piezas que, a simple vista, no encajan. Un administrador conduce a otra sociedad, esa sociedad comparte domicilio con varias empresas más, o un testaferro aparece también en otras mercantiles investigadas. Es la acumulación de indicios, más que una prueba aislada, la que acaba dibujando la estructura real del entramado y de quién está detrás. Con la información ya contrastada, llega el momento de salir a la calle.
Solo el año pasado, la sección realizó 12 operaciones de gran envergadura, entre las que destaca la denominada Operación Gumba, desarrollada en las provincias de Tarragona y Castellón. Los policías investigaron a 35 empresas para desarticular una compleja trama dedicada a defraudar sistemáticamente a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la creación de sociedades y el uso de testaferros extranjeros ilocalizables en España, una estrategia que dificultaba la notificación y ejecución de las deudas generadas.
La organización también facilitaba la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros a cambio de dinero, permitiendo su explotación laboral en distintas zonas agrícolas. La operación se saldó con 12 detenidos, otros 12 investigados y un fraude cercano a los 650.000 euros.
No obstante, las formas de ocultar la actividad delictiva son variadas y afectan a distintos sectores económicos. En otro operativo dirigido desde Barcelona, Madrid y Valencia, los agentes descubrieron a un matrimonio que había tejido un entramado de empresas de seguridad privada y de clínicas especializadas en injertos capilares para ocultar su actividad y defraudar más de 1,3 millones de euros a la Seguridad Social. Para sostener la estructura recurrían a familiares y a personas en situación de vulnerabilidad, que actuaban como testaferros a cambio de una compensación económica.
Las operaciones no siempre terminan con las detenciones. Buena parte de su éxito se juega después en los tribunales, donde los policías tienen que ratificar sus informes. “Hay determinadas investigaciones en las que tienes enfrente a los mejores abogados del país. Tienes que defender lo que has escrito porque buscan cualquier contradicción”, resume Miguel Ángel.
Una de las causas que más recuerda es la seguida contra la excúpula de iDental. El caso constituye uno de los ejemplos más representativos del trabajo de la sección. En 2023, la Audiencia Nacional falló que los propietarios habían diseñado “una serie de maniobras” para defraudar más de ocho millones y medio de euros a la Seguridad Social. La sentencia respaldó la investigación desarrollada durante años por los agentes. Según Miguel Ángel, el resultado de su trabajo se traduce en un elevado número de condenas: “En los juicios en los que intervenimos hay un porcentaje muy alto de éxito. Estamos satisfechos nosotros y también los servicios jurídicos de la Seguridad Social”, asevera.
Formación
Detrás de esos resultados hay una formación que se construye con el tiempo. Cada año, los integrantes de la sección reciben cursos impartidos por el personal de la Tesorería General o del INSS para mantenerse al día de las diferentes modalidades de fraude y de los cambios normativos. “Estos policías saben perfectamente de lo que les habla la Seguridad Social y qué tienen que investigar”, sostiene el comisario jefe.
En la sección no existe un perfil único de investigador. “El principal requisito para venir aquí es tener interés”, explica Miguel Ángel, licenciado en Empresariales. Aunque una formación en Economía, Administración y Dirección de Empresas o Derecho resulta útil, no es imprescindible. “Buscamos investigadores de delito económico. Si alguien llega con esos conocimientos, mejor; si no, lo importante es el sentido común”, señala. Michel coincide: “La verdadera formación se adquiere aquí”.
Porque el fraude contra la Seguridad Social no permanece quieto. El mes que viene millones de nóminas volverán a recorrer España. Lejos del ruido y de los focos, apenas 25 policías volverán a seguir el rastro de quienes intentan convertir los recursos de todos en el negocio de unos pocos.