Directivos y administradores: una frontera borrosa con consecuencias reales
El personal directivo tiene capacidad de dirección, pero dentro de unos límites y ámbito de actuación, y aunque sus decisiones sean importantes no afectan necesariamente a la globalidad de la empresa y a su devenir
Directivos y administradores… Estos son términos muy en boca de todos en el mundo empresarial actual. No obstante, ¿estamos seguros de lo que significa cada cosa y de sus consecuencias? Porque a menudo, aunque sean sinónimos de liderazgo, en el ámbito jurídico no siempre es una equiparación correcta. En las diferencias más sutiles se esconden importantes riesgos para ambas partes.
Por una parte, tenemos al personal directivo con sus responsabilidades, pero dentro de un perímetro limitado y muy concreto. Está a la cabeza de equipos y toma decisiones estratégicas para el negocio, pero -aquí viene lo importante- su poder es limitado. Por lo tanto, responde a instancias superiores y participa en la ejecución de una estrategia, no tanto en su definición.
De otro lado, tenemos a la alta dirección, la cual actúa en un plano muy distinto. No solo gestiona, sino que tiene influencia directa en la empresa. Sus decisiones definen y afectan a los objetivos de la empresa, su hoja de ruta, inversiones y al proyecto en general. Aquí viene otra de las partes importantes: hace todas estas acciones con autonomía, solo limitada por el órgano de administración.
Como diferencia definitoria, el directivo está sujeto a otros niveles jerárquicos mientras que la alta dirección solo responden ante el máximo órgano en la entidad. Esta diferencia no es algo menor, ya que si un profesional reporta a otro directivo difícilmente será alta dirección en su sentido estricto.
A la dimensión jerárquica se le suma la autonomía, por lo que la diferencia ya se agranda más. El personal directivo tiene capacidad de dirección, pero dentro de unos límites y ámbito de actuación, y aunque sus decisiones sean importantes no afectan necesariamente a la globalidad de la empresa y a su devenir. Sin embargo, cuando hablamos de alta dirección estamos en la situación de actuar con plena responsabilidad y autonomía sobre el conjunto de la organización.
A estas alturas ya queda más claro que al final la dirección no es ni mucho menos lo que parecía de alta dirección. Con esta premisa entramos en el tercer aspecto diferenciador: las funciones. Para hablar de alta dirección es necesario que las funciones impliquen el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la empresa. No se trata ni muchos menos de únicamente gestionar bien, sino de tener capacidad para definir qué se hace, cómo se hace y hacia dónde va la compañía.
Con este contexto definido, podemos pasar al plano normativo. Así, los derechos y obligaciones del personal directivo están regulados en el Estatuto de los Trabajadores. En cambio, la figura de la alta dirección debe regirse por lo contenido en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
Llegados a este punto, es importante mencionar que el personal de alta dirección goza de menos protección a nivel indemnizatorio por cuanto su relación con la empresa se basa en la confianza mutua, debiéndose pactar, si se considera oportuno, cantidades superiores a las establecidas en el RD.
Finalmente, si creíamos que la complejidad terminaba ahí, debemos esperar porque se añade el encuadramiento en la Seguridad Social, que introduce una segunda capa de riesgo. Aquí el análisis se vuelve aún más fino porque intervienen factores como el control efectivo sobre la sociedad o la pertenencia al órgano de administración.
Un directivo puede estar en el régimen general, en el régimen de autónomos o en un régimen asimilado, en función de su participación en el capital o de su rol en la gobernanza de la empresa. Pero cuando entra en juego la teoría del vínculo, el panorama cambia por completo: si un Alto directivo pasa a formar parte del órgano de administración, su relación deja de ser laboral y pasa a ser mercantil.
Este es uno de los puntos más críticos y menos comprendidos. El salto al órgano de administración no es una simple promoción, es un cambio jurídico. La relación laboral queda absorbida por la mercantil y desaparecen muchas de las protecciones asociadas a ella. La persona deja de ser trabajador, incluso en régimen especial, para convertirse en órgano de la sociedad.
El problema es que estas transiciones no siempre se gestionan con el rigor necesario: se mantienen contratos inadecuados, no se redefinen las condiciones o se ignoran las implicaciones en materia de Seguridad Social.
En definitiva, la diferencia entre personal directivo, alta dirección y miembro del órgano de administración no es una frontera difusa que pueda ignorarse. Es una línea estructural que separa realidades jurídicas distintas, con implicaciones profundas en términos de poder, responsabilidad y protección. Más allá de títulos y percepciones, conviene recordar que, en el ámbito jurídico, la realidad pesa más que la apariencia. No todo es lo que parece y más en una empresa.