El Turno de Oficio del ICAM rompe la barrera de los seis millones de actuaciones y estrena su primer radiografía a fondo desde 1996
Un informe del Colegio de la Abogacía de Madrid analiza la evolución y los desafíos del servicio: la carga de trabajo sube un 51% y desciende el poder adquisitivo
Treinta años después de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita 1/1996, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha publicado la primera gran radiografía de este servio público con datos impactantes. Los abogados censados en el turno han superado la barrera de los seis millones de actuaciones: más de 3,47 millones de designaciones de letrado y más de 2,55 millones de asistencias al detenido. Una trayectoria de tres décadas que ha llevado al servicio a triplicar su actividad y alcanzar en los dos últimos años los niveles más altos de toda su historia.
El ICAM ha lanzado el estudio Tres décadas de justicia gratuita en Madrid coincidiendo con el treinta aniversario de la ley que regula este servicio público. Un sistema en revisión —aunque aún no se conoce el texto del anteproyecto de la ley que sustituirá a la de 1996— cuya evolución analiza el informe del colegio madrileño, el más grande de Europa con más de 74.500 abogados colegiados. Con el informe arrancan unas semanas de reivindicación y lucha por la dignidad del turno de ofico, con distintos actos que finalizarán el próximo 10 de julio con un reconocimiento institucional a los profesionales. Solo dos días antes del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que cada año se celebra el 12 de julio.
Los datos reflejan la consolidación de la justicia gratuita como uno de los principales instrumentos de acceso a la justicia. Solo en 2025, el Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid tramitó cerca de 145.000 solicitudes de justicia gratuita, realizó 162.673 designaciones de letrado/a, prestó 120.184 asistencias a personas detenidas y víctimas y organizó 37.125 guardias de veinticuatro horas, el valor más alto de toda la serie histórica. La evolución resulta especialmente visible en los servicios de guardia y asistencia al detenido, que prácticamente se han triplicado desde el año 1996.
Entre los ejemplos más significativos de esta evolución figura la consolidación de la violencia de género como ámbito específico de actuación. Las designaciones vinculadas a esta materia han pasado de 2.793 en 2003 a 13.874 en 2025, reflejando tanto la especialización creciente del servicio como el desarrollo de nuevos mecanismos de protección jurídica para las víctimas.
El informe destaca la capacidad del servicio para mantener elevados estándares de calidad pese al incremento continuado de la actividad. Durante todo el período analizado, la tasa de quejas formuladas por los usuarios en relación con las designaciones efectuadas nunca superó el 1,3 % y descendió progresivamente hasta situarse en el 0,7 % en 2025, pese a que la actividad del servicio alcanzó ese año máximos históricos.
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, la principal conclusión del estudio es que el sistema ha demostrado su capacidad para responder a una demanda creciente sin renunciar a los estándares de calidad exigibles a un servicio esencial para el Estado de derecho. Sin embargo, el sistema debe de afrontar desafíos de futuro. “Treinta años después de la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el turno de oficio sigue siendo una de las principales garantías de acceso a la justicia en nuestro país. Pero también debemos ser capaces de adaptarlo a una realidad social, económica y jurídica muy distinta a la de 1996 para asegurar su sostenibilidad y seguir prestando un servicio de excelencia a la ciudadanía”, defiende Ribón.
Condiciones precarias
Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio, pone el foco en las precarias condiciones en las que se ha venido prestado este servicio: “Treinta años después de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el turno de oficio no puede seguir funcionando a costa del sacrificio silencioso de miles de abogados y abogadas. La justicia gratuita es un derecho de la ciudadanía, no una carga que deba sostenerse sobre retribuciones insuficientes, actuaciones sin pagar y condiciones que no se corresponden con la responsabilidad que asumen estos profesionales”, subraya.
Y añade: “Si las administraciones quieren un sistema sólido, digno y de calidad, deben financiarlo como lo que es: un servicio público esencial. No basta con reconocer la labor del Turno de Oficio; hay que garantizar medios, baremos justos, actualización automática de las compensaciones y pago efectivo de todo el trabajo realizado. Defender condiciones justas para el turno no es una reivindicación corporativa, es una exigencia democrática.”
Los desafíos
El informe identifica importantes desafíos en materia de sostenibilidad. Mientras la actividad alcanza máximos históricos, el censo de letrados adscritos al Turno de Oficio ha descendido un 11,9 % desde el máximo registrado en 2016, lo que ha incrementado la carga media de trabajo por profesional en un 51 % durante la última década.
La evolución de las retribuciones es otro de los aspectos analizados. El estudio concluye que las actualizaciones aplicadas durante las últimas décadas no han permitido mantener íntegramente el poder adquisitivo de referencia de numerosos módulos. En el ámbito estatal, por ejemplo, la guardia de asistencia al detenido ante la Audiencia Nacional ha pasado de 150 euros en 2003 a 170,25 euros en 2026, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período supera el 65 %.
El informe destaca asimismo que los baremos de la Comunidad de Madrid se sitúan por encima de los estatales. En los últimos años, subrayan desde el colegio, han experimentado una evolución más favorable gracias a las mejoras incorporadas al Plan de Mejora 2024-2027 acordado entre la Comunidad de Madrid, el ICAM, el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares y el Colegio de Procuradores de Madrid.
El estudio dedica además un apartado específico a la situación del turno especial de la Audiencia Nacional, donde la creciente complejidad de los procedimientos y la limitada evolución de determinados módulos retributivos desembocaron en 2025 en la renuncia de un número significativo de letrados adscritos al servicio y en diversas iniciativas impulsadas por el ICAM para reclamar una actualización de las compensaciones asociadas a este turno especializado.
A partir de este balance, el Colegio considera necesario abordar una actualización profunda de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. Si bien ha permitido la consolidación y expansión del sistema, apenas ha experimentado modificaciones sustanciales en sus treinta años de vigencia.
Para Juan Manuel Mayllo, la evolución reflejada por el informe evidencia la necesidad de adaptar el marco legal a la realidad actual del servicio. “Nuestra sociedad ha sufrido una gran transformación y con ella las instituciones jurídicas que la rigen y, sin embargo, esta ley apenas ha sufrido modificaciones”, destaca.